Si todavía alguien se pregunta si Morena es un riesgo para las libertades democráticas, esta semana nos entregó tres pruebas irrefutables. Y no son hechos aislados ni errores de cálculo: es un patrón claro y orquestado. Estado por estado, el oficialismo está construyendo un país donde callar será más seguro que opinar.
Primer acto: Estado de México, la transparencia les estorba
Delfina Gómez decidió ir por todo. Presentó ante el Congreso local una iniciativa para extinguir el Instituto de Transparencia del Estado de México (Infoem), ese incómodo organismo autónomo que permite a la ciudadanía saber en qué se gasta el gobierno sus recursos, cómo toma decisiones y cómo protege (o no) tus datos personales.
Su pretexto: que cuesta mucho. Casi 200 millones al año. Pero lo que no dice es que ese costo es menor al de una sola campaña de Morena. Y lo que sí es incalculable, es el valor del derecho a saber. ¿La solución que propone Delfina? Que las funciones del Infoem pasen al ejecutivo… Osea, que el gobierno se vigile a sí mismo. Un autorretrato sin espejo.
¿Y la ciudadanía? Bien, gracias
Segundo acto: Puebla, la libertad de expresión como delito
Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, promulgó la tristemente célebre Ley de Ciberseguridad, mejor conocida como Ley Censura. Castiga con hasta 3 años de prisión y multas de más de 28 mil pesos a quien “insulte”, “ofenda” o “veje” a alguien en redes sociales.
La ley introduce un nuevo delito: “ciberasedio”, definido de forma tan vaga que puede aplicarse a cualquier comentario crítico, irónico o incómodo. Lo advirtieron organizaciones como Article 19: esto no protege a la ciudadanía, esto amordaza.
Y como si no fuera suficiente el despropósito, Armenta ahora propone hacer foros para “analizar la ley y garantizar derechos humanos”.
Al más puro estilo del viejo régimen: primero juzgamos, luego averiguamos.
¿No sería mejor vetar la ley de una buena vez y dejar de simular participación?
Tercer acto: Campeche, el periodismo bajo fuego judicial
La escena más preocupante la protagoniza Campeche. Una jueza local vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González y al medio digital Tribuna, por presunta “incitación al odio” contra la gobernadora Layda Sansores.
¿La consecuencia? El medio fue cerrado, el periodista no puede ejercer su profesión y además deberá pagar una millonaria indemnización por daño moral. Todo esto por hacer su trabajo: cuestionar al poder.
Aquí ya ni siquiera se disfraza el autoritarismo. Se impone con toga y sello.
¿Coincidencias? No. Estrategia.
En tres estados distintos, con diferentes contextos, el mismo patrón:
Eliminar órganos autónomos.
Criminalizar la crítica.
Perseguir judicialmente al disidente.
Es el nuevo manual del poder morenista. Un “humanismo mexicano” que huele demasiado a control, censura y represión.
Y lo más alarmante: todo desde lo local, para que parezca menos grave, más administrable, más “técnico”.
Si hoy logran extinguir el Infoem, silenciar a un periodista o encarcelar a alguien por un tuit crítico, mañana podrían ir por más. Por ti. Por todos.
Esto no va de partidos, va de libertades. Va de entender que Morena no quiere ser cuestionado. Quiere mandar sin que nadie los estorbe.
Y eso, en democracia, es el principio del fin.
X: @Alberto_Rubio