En 2024 el INEGI contó 8 451 muertes por cáncer de mama en México, cifra preliminar que su boletín de defunciones registradas ajustó después a 8 439. El 99.2 por ciento fueron mujeres. El promedio sale a unas 23 al día, una cada hora más o menos, como ha repetido la Secretaría de Salud. Es la primera causa de muerte por tumor maligno entre las mexicanas, y la tasa por cada 100 mil mujeres de 20 años o más pasó de 15.7 en 2015 a 18.7 en 2024. La curva sube desde hace una década.
El dato suele acompañarse de una explicación de una sola línea que atribuye todo a la falta de mastógrafos. Los números dicen algo más complejo y bastante más personal, que atraviesa las cargas por lo cuidados y se junta en una intersección de mujeres con poco tiempo para revisar su propio estado de salud junto con falta de alternativas para poder atenderse. No es casualidad que la presencia más alta en el sector informal sin seguridad social sea también una estadística encabezada por mujeres.
Hay un déficit de equipos y está documentado. El propio gobierno federal reconoció 656 mastógrafos en 640 hospitales públicos, con capacidad para unos 4.5 millones de estudios al año. La Secretaría de Salud calcula 25.5 millones de mujeres mayores de 40 años. Con la mastografía cada dos años que el nuevo modelo establece, harían falta cerca de 12.7 millones de estudios anuales, cuenta que hago yo con las cifras oficiales. La capacidad actual alcanza para poco más de la tercera parte, y eso suponiendo que todos los equipos funcionen todos los días. Un estudio publicado en 2025 en Salud Pública de México encontró que la cobertura cayó con la pandemia y no se ha recuperado, con Coahuila y Baja California Sur por encima de la media nacional en disponibilidad de equipos y Morelos, Estado de México, Oaxaca y Puebla en el extremo contrario. Hace unos días, desde la presidencia se anunció una estrategia que implícitamente reconoce el problema y busca atenderlo.
Hasta ahí lo relativamente sencillo. Un análisis de la Revista Médica del IMSS estimó que los mastógrafos del sector público bastarían para elevar la oferta de tamizaje a 50 por ciento, y señaló que la gestión de los programas pesa tanto como el hardware. Los autores del estudio de 2025 advierten que el equipo por sí solo no produce cobertura, porque exige personal capacitado, calidad y continuidad. En la conversación pública circuló la cifra de 260 radiólogos dedicados exclusivamente a patología mamaria. No la encontré respaldada en un documento oficial, pero describe un problema que los especialistas repiten desde hace años, el de las máquinas sin quien las opere ni quien lea las imágenes.
El segundo problema es el reloj. Una investigadora del Instituto Nacional de Cancerología señaló que en 2015 el 70 por ciento de los casos llegó en etapa avanzada. Otra oncóloga calculó en 2018 que una mujer tarda siete meses en iniciar tratamiento desde que sospecha. En una serie institucional mexicana, la supervivencia a cinco años en etapa IV fue de 18 por ciento. Son cifras fechadas y de origen institucional. México carece de un registro nacional de cáncer con base poblacional que diga con rigor en qué etapa se diagnostica a las mujeres y cuánto tarda cada eslabón. Un país que no mide ese intervalo difícilmente puede reducirlo y lo peor es que parece un efecto de “cuello de botella” en el que la mayoría de mujeres con cancer de mamá pierden la vida antes de poder ser diagnosticadas de manera temprana y acceder a un tratamiento.
El 21 de octubre de 2025 el gobierno presentó su respuesta, un Modelo de Atención Universal con 8 mil millones de pesos, mil mastógrafos y mil ultrasonidos nuevos entre 2026 y 2027, 20 centros de diagnóstico y 32 unidades oncológicas, una por estado. Ofrece atención indistinta en IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, algo que el sistema fragmentado nunca había intentado en este padecimiento. En marzo de 2026 el Consejo de Salubridad General aprobó el Protocolo Nacional de Atención Médica de Cáncer de Mama. Hay que reconocer que, por primera vez en años, existe una ruta escrita. Falta complementar con el Sistema Nacional de Cuidados ya que dentro de los diagnósticos tardíos se omite que las mujeres apenas y tienen tiempo para su propia salud por el sacrificio injustificado que la carga de cuidados les impone.
Las cuentas del propio plan invitan a una lectura crítica. Con 1 656 equipos la meta es de 8.9 millones de mastografías al año, alrededor del 70 por ciento de lo que exigiría el tamizaje bienal de toda la población objetivo. Es un avance grande, pero queda por debajo de la promesa de universalidad. La presidenta, además, estimó que el modelo reducirá de forma significativa la mortalidad hacia 2027, el mismo año en que terminan de llegar los equipos. El tamizaje cambia la mortalidad con rezago de años, porque primero hay que detectar, luego tratar y después esperar que las curvas respondan. Prometer el resultado en el calendario de la compra confunde el recibo con la cura.
Tampoco encontré, al cierre de esta columna, reportes oficiales verificables sobre cuántos de los mil mastógrafos han sido adquiridos, instalados y puestos a operar. Esa información existe en alguna oficina y debería estar en un tablero público. Valdría la pena solicitar cuatro indicadores trimestrales que incluyan equipos funcionando, estudios realizados por estado, días entre una mastografía anormal y la biopsia, y días entre diagnóstico y primera sesión de tratamiento. Con esos cuatro números la discusión dejaría de depender de discursos.
Mientras tanto el reloj sigue corriendo. Cada hora cuenta, y el calendario del gobierno apunta a 2027 pero muchas mujeres sin diagnóstico podrían no llegar a ese punto.