La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de esos momentos que permiten distinguir entre el ruido político y los intereses reales de dos países que, les guste o no a sus gobiernos, están obligados a entenderse.
La polémica por la revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán generó inmediatamente una tormenta política. Morena cerró filas, la oposición exigió explicaciones y desde Washington el subsecretario de Estado, Christopher Landau, pidió que el “drama político” no desviara la atención de los asuntos importantes de la relación bilateral.
Y mientras la discusión pública se concentraba en Andy López, ocurrió algo mucho más importante. México y Estados Unidos siguieron avanzando en materia de seguridad. Primero, las autoridades militares de ambos países suscribieron una declaración de intención que abre la puerta para que México tenga acceso al mercado estadounidense de sistemas aéreos no tripulados —drones— y tecnología para detectar y neutralizar estas aeronaves. La Secretaría de la Defensa informó que el entendimiento surgió después de una reunión entre mandos militares mexicanos y estadounidenses.
No estamos hablando de un asunto menor.
Los drones se han convertido en una herramienta fundamental tanto para las fuerzas de seguridad como para las organizaciones criminales. Los cárteles los utilizan para vigilancia, reconocimiento territorial e incluso ataques. Que México pueda acceder a tecnología estadounidense para enfrentarlos representa un nuevo nivel de cooperación militar y tecnológica. Pero hubo una segunda señal todavía más interesante. Estados Unidos anunció la devolución a México de tres fugitivos requeridos por autoridades mexicanas.
Uno de ellos es señalado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y era buscado por un delito relacionado con armas en Guanajuato; los otros dos eran requeridos por casos de homicidio en Zacatecas y fraude. Es decir, mientras políticamente discutimos si Washington quiso mandar un mensaje al retirar una visa, institucionalmente ambos países están intercambiando delincuentes, información, tecnología y capacidades de seguridad.
Ahí está la verdadera noticia. Porque durante años la relación México-Estados Unidos en seguridad estuvo atrapada entre dos extremos: la desconfianza estadounidense hacia las instituciones mexicanas y el discurso mexicano de defensa de la soberanía frente a cualquier intento de intervención. Hoy parece construirse algo distinto: cooperación sin que necesariamente exista coincidencia política. Washington puede tomar decisiones incómodas para personajes cercanos al poder mexicano y, simultáneamente, mantener abiertos los canales de colaboración con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
México, por su parte, puede protestar por determinadas acciones estadounidenses y al mismo tiempo reconocer que necesita tecnología, inteligencia y coordinación de su vecino para enfrentar organizaciones criminales cuya operación hace mucho tiempo dejó de respetar fronteras. Eso es pragmatismo. Y probablemente sea también la única manera viable de administrar una relación tan compleja. El narcotráfico mexicano no es exclusivamente un problema mexicano. El consumo de drogas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y las redes financieras que sostienen al crimen organizado cruzan diariamente la frontera. Pretender resolverlos desde un solo lado es una ficción.
México necesita asumir que la cooperación con Estados Unidos no significa automáticamente subordinación. Pero Washington también debe comprender que cooperar no significa intervenir unilateralmente. El equilibrio está precisamente ahí: información compartida, tecnología, extradiciones o devoluciones de fugitivos, inteligencia financiera y operaciones coordinadas, pero con reglas claras y respeto a las instituciones de ambos países.
Por eso el caso Andy López, políticamente atractivo y seguramente todavía lleno de capítulos, no debería impedirnos observar lo verdaderamente importante. Los gobiernos pasan. Los apellidos cambian. Las polémicas duran algunos días.
La frontera permanece. Y también permanecen los cárteles, las armas, el fentanilo, el dinero ilícito y una delincuencia organizada que entiende perfectamente que México y Estados Unidos forman parte de un mismo escenario. Por eso resulta significativo que, aun en medio de la confrontación política, la cooperación continúe.
Quizá esa sea la señal más importante de este fin de semana: México y Estados Unidos pueden pelear en público y cooperar en privado. Y frente al crimen organizado, más vale que así sea.