“Ojalá pudiera ir a una tumba, poner una ofrenda y flores este Día de Muertos. Al menos así sabría al menos que sus restos están ahí”, me dijo ayer en una plática una mujer a quien llamaré “María”, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz.
Como ella, hay cientos de familias fracturadas por el dolor de no saber dónde está su hija, su hijo, su padre, su hermano, su ser querido.
En la plática, María me contó que su hija, que en ese entonces tenía 20 años, salió un día a trabajar cerca de Coatzacoalcos y nunca volvieron a verla. De eso han pasado nueve años.
Decidió unirse al Colectivo tras varios intentos fallidos de ser escuchada por las autoridades. Solo recibía respuestas humillantes, como que se había ido con el novio o a trabajar a un burdel. María no resistió más y decidió buscarla por sus propios medios. Fue así como formó parte de esas familias que cada día se debaten entre el dolor y la esperanza de volver a ver a quien tanto aman.
En nuestro país cada día hay más colectivos de personas que buscan a un ser querido, pero que se multipliquen los colectivos no es una señal de fortaleza institucional, sino la evidencia de una crisis que el Estado no ha logrado resolver. Si en 2019 se estimaba que existían entre 60 y 70 agrupaciones de familiares de personas desaparecidas y hoy Amnistía Internacional documenta más de 234, el crecimiento no puede leerse únicamente como una expresión de solidaridad ciudadana: también exhibe la dimensión de una tragedia que obliga a miles de familias a organizarse para buscar a quienes las autoridades no han conseguido localizar.
Con más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, México enfrenta una deuda que no puede saldarse con discursos, informes ni promesas. La pregunta central ya no es solamente cuántas personas faltan, sino por qué sus familias siguen teniendo que asumir una parte de la búsqueda y la exigencia de justicia que corresponde garantizar a las instituciones.
Cada colectivo que nace representa una respuesta ciudadana frente a la incertidumbre, pero también una nueva señal de alarma. Detrás de esas organizaciones hay madres que recorren terrenos, padres que investigan por cuenta propia, hermanos que exigen respuestas y familias que se niegan a aceptar que la desaparición de un ser querido termine convertida en un expediente olvidado.
Admirar su resistencia es justo, pero convertirla en sustituto de la responsabilidad institucional sería aceptar como normal una situación que debería avergonzar y movilizar a todo el país.
Los colectivos han logrado que miles de historias no desaparezcan también de la memoria pública. Han construido redes de apoyo, impulsado investigaciones, acompañado a otras familias y mantenido abierta una exigencia que no puede abandonarse mientras existan personas cuyo paradero se desconoce.
Su labor demuestra una enorme capacidad de organización frente a la adversidad. Pero ninguna madre debería tener que elegir entre el duelo y la búsqueda; ningún padre tendría que convertirse en experto en rastreo para obtener respuestas; ninguna familia debería vivir con el temor de que reclamar justicia ponga en peligro su integridad.
Hay al menos 35 personas buscadoras asesinadas desde 2011, según reportes de Amnistía Internacional. De éstas al menos 21 son mujeres.
Mientras México acumula personas desaparecidas, también acumula preguntas pendientes, investigaciones inconclusas y familias que se resisten a cerrar una historia cuyo desenlace desconocen. Frente a esa realidad, la respuesta pública debe estar a la altura del dolor y de los derechos de quienes buscan.
No podemos seguir normalizando que existan más colectivos, más madres y padres que buscan a quien tanto aman. La normalización de la desaparición es otra forma de abandono. Y una sociedad que se acostumbra a no saber dónde están miles de sus integrantes corre el riesgo de aceptar como inevitable lo que debería seguir siendo una emergencia.