En tan solo seis meses de gestión, la administración de Claudia Sheinbaum enfrenta una confluencia de desafíos que ponen en entredicho la estabilidad y gobernabilidad del país. Desde tensiones internacionales, hasta crisis económicas y preocupaciones en materia de seguridad, los signos de deterioro son evidentes y preocupantes.
La reciente imposición de aranceles del 50% al acero y aluminio mexicanos por parte de la administración de Donald Trump ha generado una fuerte sacudida en la economía nacional. Esta medida, que duplica los aranceles previamente establecidos, afecta directamente a sectores clave como la industria automotriz, la construcción y la manufactura en general. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se estima que estas tarifas podrían representar una pérdida de más de 22,500 millones de dólares para México, afectando aproximadamente el 4.7% de sus exportaciones totales.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha expresado su rechazo a esta medida unilateral, argumentando que contraviene los principios del T-MEC y pone en riesgo miles de empleos e inversiones en el país.
Paralelamente, el sector agropecuario enfrenta una amenaza significativa con la propagación del gusano barrenador, una plaga que afecta al ganado y que ha sido detectada en varias regiones del país. La presencia de esta plaga pone en riesgo la producción de carne, un alimento básico en la dieta de los mexicanos, y podría tener consecuencias económicas y sanitarias de gran envergadura.
La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones en México. Recientemente, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, alzó la voz para denunciar la creciente violencia en la región y la aparente impunidad con la que operan los grupos delictivos. En sus declaraciones, el obispo ha instado a las autoridades a tomar medidas concretas para garantizar la seguridad de la población y restablecer el estado de derecho.
Estas preocupaciones se suman a las denuncias sobre la presunta infiltración del crimen organizado en procesos electorales, especialmente en estados como Michoacán, donde se ha señalado que el narcotráfico habría influido en los resultados electorales, beneficiando a ciertos candidatos.
En el ámbito internacional, la estrecha relación del gobierno mexicano con Cuba ha generado inquietudes. La colaboración en áreas como la salud y la educación ha sido vista por algunos sectores como una señal de alineamiento político que podría afectar las relaciones de México con otros países, especialmente con Estados Unidos. Esta cercanía ha sido objeto de críticas, argumentando que podría tener repercusiones en la política exterior y en la percepción internacional del país.
La acumulación de estos desafíos en un corto período de tiempo evidencia un deterioro acelerado de la gobernabilidad en México. La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta la urgente necesidad de implementar estrategias efectivas para abordar estas crisis multidimensionales y restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La capacidad del gobierno para responder a estos retos será determinante para el futuro político y social del país.
A estos factores se suma el desconcertante resultado de la elección judicial, donde la participación ciudadana fue extremadamente baja, a pesar de los altos niveles de aprobación que las encuestas atribuían a Claudia Sheinbaum. En contraste con las expectativas —como las proyecciones optimistas de la encuestadora Enkoll, que preveían una participación superior al 30%— el porcentaje real no alcanzó ni la mitad. Esta brecha entre la aprobación presidencial y la participación efectiva en procesos institucionales refleja una desconexión creciente entre la narrativa oficial y la realidad política del país.
Ejemplos concretos se observaron en los recientes comicios estatales en Veracruz y Durango. En estos, aunque Morena logró mantener una presencia relevante, los márgenes de victoria fueron menores a los anticipados y, en ciertos distritos, hubo retrocesos significativos frente a la oposición. La baja participación, sumada a un volumen -no menor- de votos nulos, ha sido interpretada como un voto de castigo silencioso o una expresión de apatía ante un régimen que, pese a su popularidad mediática, no logra movilizar a sus bases en eventos clave.
Todo esto sugiere que la aprobación de la presidenta, si bien se observa relevante en encuestas, no se traduce directamente en apoyo electoral activo. Esta disonancia abre interrogantes sobre la sostenibilidad política de la Cuarta Transformación en el mediano plazo, especialmente cuando se le mida por su capacidad de movilizar al electorado más allá de los programas sociales o las figuras carismáticas.