A medida que la conclusión del primer tiempo de la llamada 4T cobra distancia, se develan algunos de los temas y asuntos que se encontraban subsumidos por el manto de una gestión presidencial que se consideraba impoluta. Sobre esa estructura se proyecta un segundo piso que pretende edificarse con el aforismo de “continuidad con matices”, en un proceso a instaurarse sin fisuras y escisiones, a pesar de la carga de asuntos que merecen una ponderación detenida. Emergen ya informaciones que denotan abusos y descuidos que incomodan y comprometen a la nueva administración, lo que presiona la realización de un deslinde que no se pretende acometer.
Así, la continuidad es imperfecta, como necesariamente ocurre con la delimitación que marca la división entre una gestión y la que le sucede, a pesar de que haya una gran identidad entre una y otra. Emergen, pues, informaciones e indicios de asuntos que se intuían o de los que se habían planteado algunas pautas sobre manejos controvertidos. Aunque no se pretenda, regresa el viejo fantasma de los ajustes de cuentas entre una administración y otra, por más que ese espectro se pensara erradicado.
Cobran un significado distinto expresiones como la de que la corrupción en el gobierno no puede ocurrir sin el conocimiento del presidente de la república. Alcanza un sentido de reclamo y de llamado a cuentas el incumplimiento del código tantas veces repetido, exhibido y hasta presumido de “no mentir, no traicionar y no robar” que entonces pretendía mostrar un claro deslinde con los excesos del pasado, y así delinear el diseño de un futuro exento de tales distorsiones. Pero los escándalos del huachicol y de los actos del actual coordinador del partido en el gobierno en el Senado, muestran que se enquistó la corrupción en el primer piso de la 4T.
Los viejos fantasmas de los escándalos que se manifestaban para dar cuenta de los más brutales abusos del pasado, regresan en el presente, pero con una carga de excesos que hacen palidecer a los de antaño. La corrupción no sólo no fue erradicada, sino que se encaminó a giros y formas que multiplicaron el nivel de los beneficios aviesos que generaron. Sin embargo, está el señuelo de la medida tomada en el asunto de Segalmex, donde se protegió de forma descarada a su titular, Ignacio Ovalle, exculpándolo de un desfalco de más de 13 mil millones de pesos, mediante el señalamiento del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que fue engañado.
Pero se trataba de un funcionario con vasta experiencia en el servicio público, pues su incursión data de la etapa del gobierno de Luis Echeverría, así que hablar de haber sido engañado por sus colaboradores resulta risible; sin importar las evidencias de su cuestionable desempeño fue descaradamente protegido; con esa finalidad se operó su separación de esa dependencia para incorporarlo a la Secretaría de Gobernación como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, lo que significó un mensaje de que gozaba de la confianza y protección presidencial.
Es evidente que la 4T supo proteger a uno de sus allegados. Ahora falta saber si su segundo piso hará lo propio cuando se muestran las inconsistencias del manejo que hubo en el caso del huachicol fiscal con la injerencia y dominio de mandos superiores de la Secretaría de Marina, así como de los excesos cometidos por el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno Tabasco, Hernán Bermúdez, que contó con la promoción del senador Adán Augusto López.
Las ramificaciones y redes que se desprenden de ambos casos dejan entrever una amplia madeja de complicidades que involucran a personajes de la administración pública, de participación de empresas, esquemas de evasión fiscal, vínculos con organizaciones delictivas y pagos de recompensas o cohecho para obtener impunidad. Alguna vez se dijo que la 4T podía identificarse por la erradicación de la corrupción, pero los hechos muestran, palmariamente, que no es así.
Lo que está en juego no sólo es el sistema de corrupción sino también la complicidad. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, México ha modificado sus registros en sentido negativo, lo que habla de una administración que incorpora en su lógica decisoria pautas que se alejan de la legalidad y que se nutren por el cohecho, lo que acaba siendo una forma de privatización del gobierno en tanto lo pone a disposición de intereses que desvían las decisiones de política pública, sometiéndolo a otros intereses.
El desempeño que tuvo Hernán Bermúdez como responsable de la seguridad pública en Tabasco compromete a quien lo nombró en el cargo, a quienes formaron parte de su equipo y a los que toleraron sus excesos.
Todo indica que sí se miente, sí se traiciona y sí se roba en la 4T.