20 de octubre de 2021 | 19:04
Opinión

Mariana Rodríguez: tan cerca de Arne Aus den Ruthen y tan lejos de amar a Nuevo León

Ninguna autoridad, por más influencer que sea, tiene facultad de exponer en redes a ciudadanos, menos a menores de edad y peor aún si se trata de niñas. Es ilegal e inmoral.
Mariana Rodríguez con su esposo Samuel García
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Mariana Rodríguez visitó las instalaciones del DIF Capullos Nuevo León en donde se encontraban varias niñas y adolescentes que fueron forzadas u orilladas por las circunstancias a convertirse en madres. Lo hizo desde la titularidad de la oficina “Amar a Nuevo León” y lo compartió en sus redes con el alcance de influencer que le dan sus casi 2 millones de seguidores en Instagram.

No se puede dudar del carácter oficial en que realizó la visita y aunque probablemente, ella llegó a ese lugar con buenas intenciones, el resultado fue humillante y estigmatizante para las pequeñas que ahí se encontraban:

Primero dio a conocer en Instagram Stories el caso de una adolescente embarazada de un hombre de 40 años, que en términos del Código Penal es víctima de estupro y cuya diferencia de edad puede plantearse claramente un caso de abuso sexual infantil o manipulación perversa para tener relaciones.

La asimetría entre un señor de 40 y una menor de 15 nos tendría que hacer pensar en aquel hombre como un agresor y en la pequeña como alguien que no tendría por qué vivir esa vida. Pero la regia expuso a la pequeña y con su forma de decir las cosas, la culpó por “haberse embarazado de uno de 40″…

Después cargó a un bebé, revisó sus expedientes y con el pequeño en cámara, expuso en tono de condena y estigmatización: “La mamá de esta bebé consume cristal”. Siguió su recorrido y la Mariana Rodríguez de la calidez, de pronto, se convirtió en la Mariana Rodríguez del privilegio, de la superioridad moral y de la ignorancia, pues aún cuando las menores refugiadas con el DIF son víctimas de múltiples violencias, para Mariana, ellas están ahí “porque tienen que estar con sus bebés” pues “por algo son madres”.

Como si la maternidad tuviera que ser el castigo de haber crecido entre el rancio machismo pedófilo de Nuevo León. Como si las niñas no tuvieran derecho a seguir siendo niñas solo porque un cuarentón abusó sexualmente de ellas. Como si el abandono del Estado a las familias más pobres no fuese, en parte, responsable de que sus vidas se hayan tornado lo que en este momento son. Como si el DIF no tuviera que ser la institución que les brinde la oportunidad de salir adelante, crecer, estudiar, disfrutar sin que cada minuto tengan que vivir una vida de adultas para la que no tienen edad.

Peor que la violencia estructural que enfrentan

Mariana o su equipo ignoran que como funcionaria pública, únicamente está facultada a realizar lo que la ley le ordena. Ni siquiera tenía facultad de revisar los expedientes de las niñas que ahí habitan ya que, en su mayoría, se trata de menores que han sido víctimas de abandono, violencia, abuso y delitos.

En una intentona por demostrar lo mal que dejaron el DIF, Mariana puso en riesgo la identidad y la integridad de las niñas. Exponerlas mediáticamente no solo es una violación a Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, es una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación. Es contribuir con las narrativas patriarcales de que las niñas que se embarazan son las que lo provocaron, que las niñas se drogan porque quieren o porque “son malas” y merecen hacerse “responsables”, esas narrativas violentas que culpan más a sus madres por no estar que a los hombres que abusaron sexualmente, a esos que violaron, a los padres que abandonaron y a los que los encubrieron.

Dejar de ejercer la violencia narrativa

Según la RAE, narrativa es la habilidad o destreza en contar algo, es la descripción oral o escrita de un acontecimiento. La violencia narrativa es aquella que ejercen quienes cuentan historias desde la estigmatización, revictimización y humillación de sus personajes.

Ninguna autoridad, por más influencer que sea, tiene facultad de grabar ciudadanos y menos menores de edad para exponerlos en redes. Ni siquiera cuando se trata de menores indefensas que no podrán ser defendidas de ese abuso porque su representante tuviera que ser el propio Estado desde el DIF, cuyo gobierno fue quien las violentó.

Peor aún. Mariana Rodrīguez no tiene derecho a contar las historias de las niñas sin el contexto de todas las cosas que sufrieron para estar en ese lugar. Tampoco tiene el derecho de exhibir a las menores como “irresponsables” que no se hacen cargo de su maternidad puesto que ni siquiera son personas que estuvieran listas para ser madres. No tiene el mínimo derecho de juzgar a una menor que consuma cualquier tipo de drogas ni de estimular el linchamiento social en contra de ellas puesto que Mariana ni siquiera sabe si es que alguien drogaba a la pequeña para abusar de ella, que en sí mismo, el simple hecho de que exista una niña drogándose es prueba de que alguien más cometió el delito de corrupción de menores o de omisión en los cuidados. Esa empatía, falsa, no puede ser la fuente de discriminación y estereotipos contra adolescentes que se enfrentan a la tragedia de ser madres. A la tragedia de vivir en una entidad omisa ante el derecho a decidir.

Según Mariana Rodríguez, su visita al DIF Capullos consistía en el ejercicio de rehabilitar el espacio para que continuara con su misión de ayudar a niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato y violencia familiar. Pero terminó violentándolos de forma narrativa y mediática. Lo hizo desde el poder y no es un comportamiento aceptable.

No es lo mismo ser borracho, que ser cantinero… ni en Instagram

No es lo mismo la vida de ciudadana que tenía Mariana en la que, como influencer, podía compartir lo que quisiera aunque nos molestara o no. Sus redes eran su decisión. Las cosas cambiaron a partir de que Samuel García tomara protesta como Gobernador electo de Nuevo León y la nombrara a ella como funcionaria de gobierno. Ahora ella es autoridad y se tiene que comportar como tal. A ella se le puede grabar y transmitir en asuntos públicos porque mientras reciba ingresos del erario público, es válido que se encuentre bajo el escrutinio de aquellos ciudadanos. Pero ella no tiene el mismo derecho hacia las personas de a pie, menos hacia las infancias.

En 2016, cuando Arne aus den Ruthen era City Manager de la Miguel Hidalgo en CDMX, la Comisión de Derechos Humanos sentó un precedente sobre las restricciones de los servidores públicos en el manejo de sus redes sociales hacia las personas. José Soto Galindo escribió al respecto https://www.eleconomista.com.mx/opinion/City-Manager-de-la-Miguel-Hidalgo-vs.-Autodeterminacion-Informativa-20160220-0001.html y dijo:

  • “Las actividades del city manager de la Delegación Miguel Hidalgo para una suerte de transparencia invertida deben verse como una afrenta al derecho de autodeterminación informativa. La Sentencia BVerfGE 65, 1 del Tribunal Constitucional Alemán, afirma que los límites al derecho de autodeterminación informativa “se admiten sólo con base en la prevalencia del interés general” y “requieren de un fundamento legal y constitucional, acorde con el mandato del Estado que exige una claridad normativa”.
  • Los límites, la vigencia de este derecho, deben ser reglamentados por el legislador considerando el principio de proporcionalidad y evitar “el peligro de una violación del derecho a la personalidad”.
  • La sanción de exhibición pública que impone Ruthen es desproporcionada y no cuenta con fundamentos normativos. Es autoritaria y, como tal, debe ser expuesta justamente a lo que Ruthen invoca: la transparencia y el derecho ciudadano de exigir cuentas, en sus dimensiones plenas de argumentación y castigo. Ruthen debe explicar su deseo de ridiculizar a los infractores y ser sancionado por aplicar una pena que no está normada, con el agravante de hacerlo en formatos digitales.

Mariana habrá tenido muy buenas intenciones y no dudo que sus preocupaciones sean genuinas. Estoy segura de que ella hizo ganar a García con su simpatía y extraordinario alcance en las redes.

Sin embargo, es importante que ahora que tiene responsabilidades oficiales sea más responsable con la capacidad que tienen las redes sociales de transformar realidades.

Así como puede lograr que la gente se involucre en el gobierno, también puede reforzar ideas machistas y violentas, revictimizar a las niñas y dañar el derecho e interés superior de la niñez que la ley reconoce.

Mientras las publicaciones de una funcionaria-influencer no estén reguladas por la ley, no puede extralimitarse y mientras Mariana no construya la empatía con las niñas y mujeres víctimas de violencia machista, no debería hablar de sus historias en el tono que lo hace. Por aquellos años, en el caso de Arne, el columnista Leopoldo Gómez dijo “la autoridad solo la da la ley y su debido cumplimiento; la da el ejercicio sobrio y racional del poder. Jamás el espectáculo y el escándalo”. Así, con sobriedad y sin banalidad, es como una Mariana Rodríguez podría convertirse en un altavoz de quienes más violencias han vivido.

El caso contrario no es solo una transgresión legal, también es una transgresión política. Bien se dice que “el pez por la boca muere” y por el bien de todas, tenemos que repetir hasta el último espacio que son niñas, no madres. Que nadie tiene que obligar a una menor a ser madre si no quiere. Que los culpables son los violadores, los señores pedófilos que manipulan pequeñas, los que las abusan sexualmente, los que las corrompen. Ellos son a los que tendrían que estar criticando y no a las pequeñas del DIF.

@FridaFerminita