EN CONTEXTO

Sin duda, la decisión del gobierno federal de distribuir y comercializar tanques de gas para que no falte este insumo a precios accesibles entre la población con ingresos bajos se hacía necesaria y hasta indispensable.

En la medida en que el proceso se ponga en operación y logre cubrir al territorio nacional, se observarán cambios importantes para la gestión de gobierno: por un lado, quizá sea el objetivo más importante para esta decisión, se desarrollará la percepción entre la población mexicana de que PEMEX está al servicio del pueblo y, con ello, se reforzará la idea de que nunca se debió privatizar al sector energético.

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No solamente eso, en su reciente informe trimestral con el que también marcó tres años de gobierno, el presidente López Obrador anunció que inicia una “Revolución de conciencias” con lo que, además de reforzar su popularidad como líder político y social, empezará a marcar las líneas que sustentarán la transformación para acabar con la desigualdad que desencadenó la etapa neoliberal, especialmente entre los más pobres.

Y se dijo que el gobierno federal también comercializará gasolinas con el objetivo de que un país productor de petróleo como el nuestro, venda combustibles a precios bajos. Para eso se intenta la compra de la refinería estadounidense de Deer Park y se trabaja en la de Dos Bocas.

Que la tendencia mundial, camina en favor de las energías limpias y que por eso la OPEP no alcanza acuerdos para compatibilizar tendencias de largo plazo, eso puede significar simple “politiquería”, porque la ruta transformadora del país ya está en marcha.

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Hasta ahí, todo es políticamente correcto. Sin embargo, la realidad, especialmente la económica, tiene otros datos.

El argumento gubernamental para convertirse en gasero es “la incontrolable alza de precios causada por prácticas monopólicas” y será “una empresa del Estado que distribuirá gas a bajo costo para generar competencia y regular las tarifas del combustible”.

La decisión plantea una serie de problemas económicos, pero también legales, que afectan el estado de derecho porque contraviene diversas normas y estructuras normativas consagradas en la Constitución en materia de competencia, inversión e hidrocarburos.

Pero, lo más grave es que se propone romper “prácticas monopólicas” mediante la acción del Estado para reinstaurar un esquema monopólico que la experiencia ha señalado que no solo genera más distorsiones sino más desigualdad y pobreza.

En sentido estricto cuando entre en operación este proyecto, el Presidente estará violentando múltiples ordenamientos de la Constitución porque desde 1973 se derogó la Ley de Atribuciones en Materia Económica que hasta entonces le confería al Jefe del Gobierno mexicano a actuar en beneficio de las mayorías más desprotegidas. Esa norma fue sustituida por la Ley Federal de Competencia Económica, como parte de diversos contrapesos democráticos establecidos por la sociedad, junto con otros organismos que incluyen a otros del sector energético.

Que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía y la Profeco no hayan actuado en consecuencia es un problema de ignorancia administrativa y política grave.

En mayo, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició una investigación vinculante (DC-001-2021) para documentar “la ausencia de condiciones de competencia efectiva” en la distribución de gas licuado de petróleo (gas LP) al consumidor final, para que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), como autoridad del sector, imponga un proceso de regulación en este mercado para establecer las contraprestaciones, precios y tarifas en la distribución de gas licuado de petróleo (gas LP) al consumidor final.

Y si eso no fuera suficiente, la Secretaría de Economía tendría argumentos legales suficientes para resolver el problema de manera definitiva, sin violentar el estado de derecho ni “crear empresas del Estado” que en el mediano y largo plazo serán una carga fiscal y que, además, deteriorarán todavía más la bolsa y los bolsillos de los sectores a los que se pretende brindar bienestar. Además, la experiencia histórica confirmará que no se resolverán las prácticas monopólicas que se pretenden resolver.

Basta con aplicar la ley para promover la competencia para destruir los oligopolios que, por ignorancia e intransigencia gubernamental, permiten que los oligopolios empresariales desarrollen prácticas monopólicas, con el agravante de que el problema de precios tampoco se resolverá.

Los indicadores recientes de la inflación muestran que son los productos administrados por el sector público (combustibles y electricidad) los que más han incrementado sus precios y más afectan al bolsillo de los mexicanos más pobres.

En los hechos, confirmaremos que lo políticamente correcto no necesariamente se traslada al bienestar de la población, por lo que el gas , en el caso mexicano, puede ser un factor explosivo y, a la larga, con resultados negativos para los que menos tienen.

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