México no se transformó de un día para otro. Lo que vivimos no es un cambio abrupto, sino la consecuencia de una acumulación de decisiones políticas, reformas legales y prácticas de poder que, paso a paso, han ido mermando y desapareciendo los contrapesos democráticos.
Porque la consolidación del autoritarismo no necesariamente llega con un golpe de Estado, llega con reformas, ajustes legales y decisiones, en apariencia administrativas, que terminan por afectar la vida pública y el equilibrio del poder.
Las reformas
Primero, la seguridad. La transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional fue la consolidación de un modelo donde la seguridad pública dejó de ser civil para quedar bajo control militar. Esto no solo reduce la rendición de cuentas, sino que normaliza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiacas, de inteligencia e incluso de vigilancia ciudadana, mucho más allá de su mandato original.
Después, la justicia. La reforma judicial de 2024 cambió la forma en que se elegían los jueces para ser electos por el voto popular, un asunto nada menor, porque también abrió la puerta a su politización y, cuando el poder gana espacios en candidaturase influye con narrativas, termina por afectar la imparcialidad del órgano garante de justicia.
Diversos organismos internacionales advirtieron que este modelo, que puede sonar democrático, compromete la independencia judicial y expone a los juzgadores a presiones políticas, electorales e incluso criminales.
A lo anterior se suma la reforma a la Ley de Amparo, que limita uno de los principales mecanismos de defensa del ciudadano frente al Estado, así como la eliminación o debilitamiento progresivo de organismos autónomos, cuyas funciones han sido absorbidas por el Ejecutivo.
El control
El siguiente paso es el control financiero. La decisión de la Suprema Corte que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas sin orden judicial previa marca un punto de inflexión. Aunque se presenta como una herramienta contra el crimen, lo cierto es que también abre la puerta a abusos y arbitrariedades.
Militarización, debilitamiento judicial, concentración administrativa y ampliación de facultades discrecionales. El patrón del autoritarismo, que se construye en las leyes y se ejerce en los hechos.
Castigo selectivo
En los últimos años se ha documentado un uso creciente del aparato institucional para presionar a voces críticas. Periodistas, analistas, exfuncionarios y actores públicos han sido objeto de descalificaciones, investigaciones o procesos legales que, más allá de su fundamento, generan un efecto inhibidor.
La organización Artículo 19 ha registrado decenas de casos de acoso judicial contra periodistas, muchos impulsados por funcionarios públicos, utilizando figuras legales como mecanismos de censura.
Casos de comunicadores como Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola por su sátira y por sus investigaciones periodísticas; de Azucena Uresti, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Jesús Silva-Herzog, Pascal Beltrán del Río, Sergio Aguayo o Benito Jiménez que han enfrentado batallas legales por demandas de daño moral y, qué decir del atentado contra Ciro Gómez Leyva y de los periodistas que han sido privados de la vida por ejercer su labor de informar.
Los casos se amplían y tocan a exfuncionarios como Guillermo García Alcocer, expresidente de la CRE. Carpetas abiertas contra opositores, empresarios y líderes sociales; jueces y organizaciones civiles, deslegitimados públicamente. Entre ellos el exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, a quien le abrieron una carpeta de investigación en la UIF; Sanjuana Martínez, despedida de Notimex. El exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, despedido y denostado públicamente. Víctor Manuel Toledo, exsecretario de Medio Ambiente, suspendido y también denostado.
Por otro lado, la respuesta del Estado frente a la protesta social también ha cambiado, ahí están los episodios de represión: transportistas bloqueados y disueltos por fuerzas de seguridad; manifestaciones contenidas bajo el argumento del orden público; protestas sociales enfrentadas con dispositivos cada vez más militarizados. La respuesta del Estado frente al conflicto dejó de ser política para ser coercitiva, bajo una lógica distorsionada del orden público.
El círculo se cierra, las reglas se modifican, se controla a los árbitros, se presiona a los críticos y se reduce el espacio para la disidencia. Todo dentro de la legalidad.
Ese es el rasgo más inquietante. El sistema no se está rompiendo, se está rediseñando en uno donde no se cancela la democracia, se vacía. Las elecciones permanecen, pero los contrapesos desaparecen.
El resultado es progresivo y claro: instituciones debilitadas, ciudadanía desprotegida y apática y un poder cada vez más concentrado, sin que nadie lo detenga.
X: @diaz_manuel