En 2027 México enfrentará uno de los procesos más complejos y decisivos de su historia reciente. Se renovarán la Cámara de Diputados, congresos locales, gobernadores de 17 estados y los alcaldes de más de la mitad de los municipios del país; algunos puestos del Poder Judicial y la solicitud de Revocación de Mandato. Es decir, se decidirá la continuidad de la llamada Cuarta Transformación (4T) y el destino del régimen que se pretende consolidar.
Estos comicios tendrán lugar en un contexto radicalmente distinto al de elecciones anteriores, por dos factores principales: el profundo desgaste del partido en el poder y la transformación del sistema electoral mexicano.
El rumbo del país
Morena llegará con un fuerte desprestigio: la corrupción ha superado niveles históricos y la inseguridad, que se disparó bajo la política de “abrazos, no balazos”, ya reconoce amuchos gobiernos estatales emanados de Morena como auténticos “narcoestados”.
La familia del expresidente López Obrador y algunos de sus más cercanos colaboradores han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero y financiamiento ilegal de campañas.
El evidente abandono de los servicios públicos es reflejo de un Estado que ha dejado de cumplir con sus obligaciones básicas: educación, salud, seguridad, drenaje, agua potable, transporte público, movilidad, energía. En muchas ciudades, los baches se transforman en socavones antes de ser atendidos; el insigne Metro de la CDMX está al borde del colapso y cuando se trata de desastres naturales —como las recientes inundaciones en Veracruz, Puebla y SLP— la tibia respuesta gubernamental deja a la población a su suerte, con muchas promesas y una despensa, un balde y un trapeador.
2021
Si compitiera en elecciones limpias como las de 2021, el gobierno actual no podría sostenerse. En ese año, aún bajo la presidencia de Lorenzo Córdova, el INE conservaba autonomía, profesionalismo, credibilidad y era garante del marco legal.
Pese a las presiones de palacio, Morena y el uso clientelar de programas sociales, los resultados fueron adversos para el oficialismo: perdieron la mayoría calificada en el Congreso y varias gubernaturas; además, la derrota en la Ciudad de México fue bastante significativa; en una elección libre, el voto ciudadano se impuso.
2024
Tres años después el panorama cambió drásticamente. Córdova y otros consejeros salieron del INE y sus cargos fueron ocupados por perfiles cercanos a Morena. Ejemplo de ello fue la consejera presidenta, Guadalupe Tadei, quien mantiene vínculos familiares y políticos con Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y con Alejandro Esquer, exsecretario particular de López Obrador, además de tener a familiares trabajando en gobiernos morenistas o directamente en el partido.
Previo a la elección presidencial, el descontento social crecía y quedó evidenciado en tres marchas ciudadanas masivas celebradas entre 2023 y 2024. Sin embargo, el resultado de la elección presidencial favoreció a Morena en todos los frentes. Como si lo conociera con antelación, AMLO pronosticó el triunfo de su candidata y el “carro completo”, todo se materializó sin cambiar ni una coma de su guion.
Los resultados confirmaron lo que muchos advertían: el oficialismo solo puede sostenerse controlando al árbitro electoral.
Para consolidarlo, plantean una reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, diseñada desde Palenque y coordinada por Pablo Gómez, un político de vieja guardia, conocido por su fidelidad al expresidente y su longevidad en el aparato público.
La reforma busca desmantelar las principales fortalezas del INE. Entre sus puntos más críticos está la reducción de su autonomía, el recorte del financiamiento a partidos políticos (que beneficiaría a Morena, que opera como extensión del gobierno y controla los programas sociales) y la eliminación de la representación proporcional que cerraría la puerta a la pluralidad y garantizaría mayorías absolutas para el partido en el poder.
En uno de sus puntos más alarmantes, propone desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), es decir, el control de las elecciones estatales regresaría al gobierno central, como en los viejos tiempos del PRI hegemónico, lo cual permitiría una mayor intervención del Ejecutivo en los procesos electorales locales.
También plantea una reducción drástica del presupuesto del INE, que dificultaría su operación y debilitaría su capacidad de fiscalización. En conjunto, lo que buscan es que ninguna fuerza opositora pueda competir en condiciones de equidad.
Lo que está en juego
La de 2027 no es una elección más, se juega el futuro del sistema democrático mexicano.
El debate está en permitir que Morena controle por completo al árbitro electoral para garantizar su permanencia en el poder o frenar esta reforma para recuperar un sistema electoral imparcial que permita elecciones genuinamente libres y competitivas.
Morena lo sabe: si compite en igualdad de condiciones, corre el riesgo de perderlo todo. Por eso necesita diseñar reglas del juego a su favor.
Como ciudadanos debemos preguntarnos si estamos dispuestos a permitirlo. La disyuntiva es mantener la democracia o dejarla morir.
X: @diaz_manuel