Ayer, en la conferencia matutina, el tema apareció con claridad y sin estridencias: litio, minerales críticos, tierras raras y concesiones mineras. No como anuncio espectacular, sino como definición de rumbo. Y tratándose de recursos naturales, eso importa más que cualquier titular.
A pregunta expresa sobre el avance del litio, la presidenta explicó algo que suele perderse en la discusión pública: tener un recurso no equivale a poder explotarlo de inmediato. En el caso del litio arcilloso —el que predomina en México— el reto no es solo tecnológico, sino de viabilidad económica. Hay desarrollos impulsados desde el Instituto Mexicano del Petróleo y otras líneas científicas, pero el énfasis fue claro: primero hay que hacer factible el proceso, no forzarlo.
También se mencionó otra vía: la presencia de litio en salmueras asociadas a la industria petrolera, donde los métodos son más conocidos. En términos simples, la discusión ya no está en el “queremos”, sino en el cómo y bajo qué condiciones.
Ese mismo enfoque apareció al hablar del plan de acción sobre minerales críticos con Estados Unidos. Frente a versiones que hablaban de cambios legales o de una apertura extractiva, la respuesta fue directa: no hay nada firmado, se trata apenas del inicio de conversaciones; no habrá cambios en la legislación mexicana; y los recursos naturales no se entregan. Cada país investiga y decide en su propio territorio, conforme a sus leyes.
Otro punto clave fue el anuncio de que más de 200 concesiones mineras regresarán al Estado mexicano. No se habló de expropiaciones ni de confrontación. Se explicó que son concesiones que no están en producción y que las empresas están devolviendo de manera voluntaria, para evitar que grandes extensiones de territorio queden apartadas sin uso real. Como ocurre con el agua: si no se utiliza, se regresa.
La señal es clara. No se trata de expandir la minería, sino de ordenar el régimen concesional, reducir la especulación territorial y recuperar capacidad de conducción pública, sin paralizar sectores productivos ya existentes.
En Hidalgo, por ejemplo, estas discusiones no son abstractas. La minería histórica, la refinería, las cementeras y los corredores industriales forman parte de la vida cotidiana desde hace décadas. Ahí se sabe que la industria llega con demandas de agua, con emisiones, con presión sobre infraestructura y con impactos que se acumulan en el tiempo. Hidalgo enseña algo fundamental: las decisiones mal planeadas se heredan y terminan pagándolas las comunidades.
Por eso, cuando se habla de minerales estratégicos, no basta con saber dónde están o cuánto valen. Hay que preguntarse qué territorio los sostiene y qué capacidad institucional existe para gobernarlos. En ese sentido, fue relevante el anuncio de fortalecer el Sistema Geológico Nacional: soberanía no es solo discurso, es información propia, mapeo y capacidad técnica para decidir.
No es casual que esta discusión conviva con debates culturales sobre identidad y poder. Incluso en uno de los escenarios más vistos del planeta, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, encabezado por Bad Bunny, transmitió un mensaje de unidad continental en español que invitó a repensar qué significa “América” y quiénes la componen. No es un detalle menor: la soberanía también se disputa en el plano simbólico.
México no llega improvisado a esta discusión. Desde la identificación de yacimientos de litio durante el gobierno del presidente López Obrador y la decisión de tratarlos como asunto de interés nacional, se abrió un debate técnico y político de forma —que en política se suele decir que es fondo—, que escaló incluso al nombre. En su momento se propuso crear la Agencia Mexicana de Litio, conocida como AMLITIO, lo que desató burlas, desinformación y una oposición enardecida frente a la idea de que el Estado recuperara conducción sobre recursos estratégicos.
Finalmente, el organismo quedó establecido como Litio para México (LitioMx), confirmando que más allá del nombre, el fondo de la discusión era —y sigue siendo— el mismo: quién decide sobre los recursos estratégicos del país y bajo qué reglas.
Hoy, con más información, mayores capacidades científicas y una visión territorial más madura, esa discusión se confirma como correcta. El reto ya no es si México debe involucrarse, sino cómo gobernar estos recursos sin repetir errores, con planeación, ciencia pública y responsabilidad territorial. Porque lo verdaderamente estratégico no es solo el mineral, sino la decisión política de no entregarlo.