Fue apenas el pasado 24 de marzo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una propuesta que se presenta como un paso decisivo para erradicar este delito y poner fin a la impunidad.
Es momento de saldar una deuda histórica con las mujeres y las familias que han sufrido esta tragedia.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, explicó uno de los pilares fundamentales de la propuesta: la necesidad de reformar el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución. Esta modificación facultaría al Congreso de la Unión para expedir la ley y homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país, eliminando las diferencias normativas que hasta ahora han dificultado la persecución del delito y han contribuido a la impunidad.
La iniciativa aborda el problema desde múltiples frentes. En materia de investigación, establece que toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, con aplicación obligatoria de protocolos con perspectiva de género. Paso fundamental para evitar especulaciones sobre la muerte, que muchas veces se cataloga como accidente, o incluso suicidio.
Sin embargo, con este punto no se descubre el hilo negro.
Recordemos que desde 2015 la SCJN obliga a las autoridades a investigar toda muerte violenta de mujer como feminicidio.
Además, se contemplan turnos continuos para que las pesquisas no se interrumpan y se creará un registro nacional de feminicidios que permita tener datos precisos y orientar las políticas públicas.
Las sanciones para el feminicida serán más duras, pues se establecen penas de prisión que van de 40 a 70 años .
También se sanciona la tentativa con penas proporcionales y multas. Se reconocen nueve razones de género para tipificar el delito —como la existencia de violencia sexual, antecedentes de violencia o motivaciones basadas en estereotipos— y se incluyen 21 agravantes, entre ellas que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, tenga discapacidad, pertenezca a pueblos originarios o que el crimen se cometa frente a sus hijos o hijas. También se prevé la pérdida automática de la patria potestad, derechos sucesorios y la inhabilitación para cargos públicos para el agresor.
Pero la propuesta no se limita al castigo: también pone énfasis en la reparación integral del daño y la atención a las víctimas y sus familias. Se garantiza atención médica y psicológica de urgencia, asesoría jurídica especializada y gratuita, apoyo social para los menores que queden huérfanos o huérfanas, entrega digna del cuerpo y protección de la identidad y la dignidad de las víctimas, prohibiendo la difusión de sus imágenes. Además, incluye políticas de prevención, programas de concientización y espacios de apoyo para los familiares.
Aunque la iniciativa ha sido recibida con agrado por algunos sectores de la población y personas que luchan contra la violencia de género, algunas organizaciones hicieron público su escepticismo e incluso su inconformidad, pues aseguran que en México no hacen falta leyes, lo que hace falta es que se cumplan como debe ser.
Ayer mismo, ante el anuncio de que esta iniciativa fue turnada al Senado para su aprobación y discusión, grupos de activistas y representantes de ONGs firmaron un desplegado para advertir que, antes ser aprobada, debe someterse a discusión entre diferentes sectores de la población, la sociedad civil y sobre todo, debe tomarse en cuenta a las familias de las víctimas, que hasta ahora han sido olvidadas, incluso revictimizadas y nunca obtienen una verdadera reparación del daño.
El éxito dependerá no solo de su aprobación, sino de su correcta implementación: se necesitarán recursos suficientes, capacitación para los funcionarios y voluntad política en todos los niveles de gobierno para que la ley no se quede solo en papel y se convierta en una realidad que proteja a las mujeres y se haga justicia.
El debate legislativo abre una oportunidad para perfeccionar la propuesta y avanzar hacia un México donde ninguna mujer tenga que temer por su vida por el solo hecho de ser mujer.