“El proceso sacrificial exige cierto grado de desconocimiento.”
René Girard
“La violencia puede destruir el poder; es absolutamente incapaz de crearlo.”
Hannah Arendt
Montaje, mentira y maroma. Las tres emes que resumen una de las especialidades de la 4T: fabricar una escena que aleje el crimen del poder; sostener una versión incompatible con las evidencias y, cuando ésta se derrumba, ejecutar una pirueta para cargar toda la responsabilidad al eslabón más débil.
El caso de Héctor Melesio Cuén reúne las tres. El montaje fue el supuesto asalto en una gasolinera. La mentira, la versión oficial divulgada por la Fiscalía de Sinaloa. La maroma consiste ahora en procesar a Fausto Corrales por encubrimiento y falsedad de declaraciones, mientras permanecen sin imputación quienes construyeron, validaron y difundieron aquella historia desde el Estado.
Según esta curiosa lógica, un simple asistente pudo montar por sí solo una escena criminal, alterar una investigación, respaldarla con un video, intervenir en una necropsia irregular, permitir la cremación del cadáver y comprometer públicamente a toda una Fiscalía. Ajá.
Corrales pudo mentir, encubrir o actuar bajo amenazas. Eso tendrá que determinarlo un juez. Lo que no pudo hacer él solo fue convertir su mentira en verdad oficial.
Así que la primera eme fue el montaje. La Fiscalía de Sinaloa afirmó que Cuén había sido atacado durante un intento de robo en una gasolinera y presentó una grabación como sustento. La FGR documentó desde 2024 contradicciones elementales: el cuerpo presentaba cuatro heridas de bala, mientras la escena difundida no explicaba esa evidencia; había irregularidades en la necropsia; no se peritaron correctamente las manchas de sangre en el vehículo y se permitió la cremación del cadáver antes de agotar las diligencias forenses.
Después, la FGR encontró sangre de Cuén en la finca de Huertos del Pedregal, el lugar donde, según Ismael el Mayo Zambada, había sido citado para una reunión a la que también acudirían Rubén Rocha Moya y el propio Cuén.
Aquello no fue una pequeña equivocación pericial. Una institución completa convirtió una escena incompatible con los indicios en versión oficial. Un testigo puede mentir; un montaje necesita estructura. Corrales pudo aportar el libreto, pero la Fiscalía puso escenario, sello oficial, peritos y difusión pública.
La segunda eme fue la mentira. No sólo consistió en afirmar que Cuén había sido atacado en una gasolinera, sino en hacer pasar una narración políticamente conveniente por una investigación criminal.
La gasolinera alejaba el homicidio de la finca donde presuntamente fue secuestrado Zambada; desvinculaba la muerte de Cuén de aquella reunión donde aparentemente asistió el hoy gobernador con licencia y transformaba un posible crimen político, atravesado por el narcotráfico, en un asalto ordinario. Sobre todo, protegía al gobierno sinaloense de la pregunta explosiva: ¿qué ocurrió en Huertos del Pedregal y quién sabía que esa reunión tendría lugar?
La versión de la gasolinera no explicaba una muerte: lavaba el contexto.
Cuando sostenerla dejó de ser posible llegó la tercera eme: la maroma.
Ahora se atribuye a Corrales una nueva declaración: Cuén habría recibido un disparo en una pierna y muerto después por un infarto durante el traslado. La causa médica inmediata vuelve a utilizarse como lavandería semántica para borrar la cadena causal. Si alguien muere después de ser secuestrado, sometido y baleado, el corazón no se convierte por ello en el principal sospechoso.
La maniobra me recuerda lo ocurrido con Irma Hernández en Veracruz. La maestra jubilada y taxista fue secuestrada por negarse a pagar extorsión, exhibida de rodillas ante hombres armados, golpeada y encontrada muerta. Rocío Nahle insistió: “Les guste o no, murió de un infarto”. Más tarde, la propia Fiscalía veracruzana reconoció que había sido víctima de violencia y tortura.
La coincidencia es reveladora. En la medicina forense de la 4T, las balas apenas asustan, el secuestro altera y la tortura eleva la presión; quien finalmente mata es el corazón. No asesinan a las víctimas: éstas cometen la impertinencia de infartarse mientras las violentan…
Una causa fisiológica inmediata no rompe la relación entre la agresión y la muerte. Pero sí puede servir para rebajar un asesinato, diluir responsabilidades y producir una narración menos comprometedora.
La otra parte de la maroma fue concentrar el encubrimiento institucional en Corrales. La FGR encontró al autor material de una versión oficial que necesitó fiscales, policías, peritos, funcionarios y superiores jerárquicos.
René Girard explicó el mecanismo sacrificial: una comunidad en crisis traslada sus tensiones hacia una víctima cuya entrega permite preservar al grupo. El chivo expiatorio ni siquiera tiene que ser completamente inocente; basta con que resulte suficientemente vulnerable y sacrificable.
Corrales reúne ambas condiciones. Estuvo cerca de Cuén, declaró una versión falsa y carece del poder necesario para devolver el golpe. Procesarlo permite que el Estado admita que hubo una mentira sin reconocer que el Estado mintió; aceptar que existió encubrimiento mientras se encubre a quienes le otorgaron carácter institucional. Una chulada.
Queda, además, la pregunta de los dos años. Si la FGR conocía las irregularidades en el caso desde agosto de 2024, ¿por qué esperó hasta agosto de 2026 para detener al chofer? ¿Qué cambió? ¿Por qué la captura coincide con la crisis política de Rocha Moya? ¿Se busca esclarecer el crimen o controlar a un testigo? ¿Corrales está siendo procesado por lo que declaró entonces o por lo que sabe ahora?
Y, verán ustedes, para mí que todo conduce a los límites de Claudia Sheinbaum. El problema no es únicamente que la presidenta no pudiera impedir el regreso de Rocha. Es que tampoco parece poder —o querer— desmontar el entramado institucional que lo protegió. Eso es lo grave.
Obligar a Rocha a marcharse nuevamente indica que ella ganó esta partida de poker. Esto es, resolvió una rebelión de 36 horas, pero NO aclaró el montaje sobre Cuén, las responsabilidades de la Fiscalía estatal, las acusaciones contra antiguos colaboradores de Rocha, la situación de Enrique Inzunza ni la investigación mexicana —ya no se diga la gringa— contra el propio gobernador. Se contuvo al hombre, pero no se tocó la telaraña que lo atrapó a él y a todos nosotros con su montaje, mentira y maroma.
Mientras permanezca intacta, las tres emes seguirán siendo mucho más que una explicación del caso Cuén. Son una forma de gobierno: cuando los hechos comprometen al poder, no se investigan; se redactan de nuevo. El gobierno de Claudia Sheinbaum y Regeneración Nacional. Nunca más irónica la palabra regenerar…
Giro de la Perinola… ¿Los hombres de Rocha?
Esta semana fueron identificados en una fosa clandestina los restos de Carlos Alberto Beltrán Olmeda, quien fue asesor político de Rocha en 2021. Ricardo Verduzco Bernal, antiguo funcionario sinaloense, fue detenido en Utah con 111 mil pastillas de fentanilo. Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, pidió al senador Enrique Inzunza solicitar licencia ante los señalamientos estadounidenses. Antes, dos exsecretarios del gobierno estatal se entregaron a las autoridades de aquel país.
Ninguna asociación sustituye una prueba y ninguna cercanía demuestra culpabilidad. Pero cuando el antiguo círculo de un gobernador se desgrana entre muertos, detenidos, procesados y acusados, fingir que sólo existen coincidencias también constituye una maroma. Y no una de bajo grado de dificultad.
Todo alrededor de Rocha se desmorona. Sólo Rocha creyó conservar el derecho a regresar como si nada hubiera ocurrido. Quizá no volvió para gobernar Sinaloa, sino para comprobar cuánto quedaba todavía en pie del montaje y cuánto blindaje le aseguraría gobierno federal y movimiento aún.