El gobierno proclama la construcción de un segundo piso de la llamada 4T, con lo cual se postula la idea de que se realizará un trazo de continuidad, que no de continuismo con la administración precedente, en el marco de un claro sustrato afirmativo y de consolidación de las principales políticas instrumentadas durante el pasado inmediato.
Hasta ahí todo bien, pero el problema surge cuando algunos de los pilares que deben dar sustento al segundo nivel de la edificación muestran fisuras y grietas inocultables, como sucede con la corrupción y el solapamiento de cohechos y abusos que ahora son visibilizados a modo de corroborar datos y presunciones que se habían anunciado; no obstante, su negación de forma estridente por la autoridad que, entonces, debía erradicarlos.
Es el caso del huachicol fiscal que el periodista Carlos Loret de Mola hiciera público hace ya tres años. El gobierno descalificó la especie con pretendida contundencia, minimizando su importancia y adjudicándola a tendencias retardatarias; pero el hecho surge ahora de forma incontrastable y con una larga fila de responsables dentro de la Secretaría de Marina, de administradores y empleados de adunas, agentes y empresarios; se expone así una cadena extensa que sólo pude explicarse mediante el contubernio con los niveles más altos del gobierno.
En palabras del fiscal de la República se declara que el propio ex secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, acudió a esa instancia para informar de la presunción de actos delictivos cobijados por personal de la dependencia; sin embargo, no se sabe qué ocurrió con esa información y cómo fue que la importación ilegal de gasolina siguió ocurriendo a través de puertos marítimos del país.
Ahora se han liberado órdenes de aprehensión sobre diversos presuntos responsables, entre los que se encuentran sobrinos políticos del ex secretario y mostrándose una madeja brutal de corrupción impulsada por altísimas “ganancias”. La dimensión que alcanza el operativo del huachicol fiscal y del intento que se tuvo para ocultarlo, sobre los señalamientos e indicios que existieron, sugiere que se ubica como un fraude al Estado, perpetuado con el cobijo, participación y auspicio del propio gobierno.
La administración actual dibuja un deslinde respecto de los actos de corrupción ocurridos en la gestión anterior, formulándose una tendencia de ajuste sobre el legado recibido y respecto de la línea de continuidad que se había apuntado. El suceso recuerda los actos reiterados de repudio a excesos que se exhibían de una administración respecto a la precedente, que eran comunes en el pasado, pero que sólo se centraban en asuntos icónicos con el propósito de legitimarse, mostrar una identidad propia y diferenciarse del predecesor.
Otra de las grandes fisuras tiene lugar con la participación de quien fuera secretario de seguridad en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, sobre el que se ha liberado una orden de aprehensión y recientemente fue detenido en Paraguay, vinculándolo a diversos crímenes asociados con la delincuencia organizada y de operación de la llamada “Barredora”, a su vez señalada como instancia criminal y autora de diversos ilícitos en conexión con uno de los cárteles más conocidos del narcotráfico. Quien ahora es coordinador del grupo parlamentario del partido en el gobierno en el Senado de la República, carga sobre sus hombros este oprobio.
El carácter que muestran estos casos a través del curso de las investigaciones correspondientes y del proceso judicial en el que están inscritos, permite manifestar que lo declarado en algún momento respecto de que la 4T significaba desterrar la corrupción, fue simple retórica. En ese mismo plano se ubica la austeridad, mencionada como imperativo del gobierno y del comportamiento tanto de sus integrantes en la administración y en su partido.
La suntuosidad, los viajes y el gusto por los excesos ha quedado acreditado por parte de distinguidos miembros del partido en el gobierno y de algunos de los propios integrantes de la familia directa del ex presidente tabasqueño. El aura mística de la austeridad franciscana y del código juarista a favor de la honrosa medianía ha quedado extraviado o sujeto a ser identificado como mero artículo de propaganda.
La ambición de poder y de privilegios está exhibida como uno de los principales móviles de integrantes del partido en el gobierno, al tiempo que los mecanismos que les permitieron alcanzar la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso muestran evidentes excesos para convertir una votación del 54% de los votos en la cámara baja, en una representación del 73% de los asientos, mientras en lo que respecta a la cámara alta, fue evidente el uso de la intimidación, el chantaje y de aviesos recursos disciplinarios para reunir también, la mayoría calificada.
Quedó exhibida una expresión del partido en el gobierno sujeta al impulso de mecanismos de evidente sentido autoritario, como parte de una vocación para erradicar contrapesos al poder ejecutivo. El pilar democrático de la edificación ha sucumbido y resquebraja al sistema político. La colusión de intereses que esto genera entorpece la gobernabilidad interna, pues conviven gobiernos sobradamente cuestionados como el de Sinaloa, gestiones controvertidas como la de Nuevo León y múltiples impugnaciones en buena parte de la República que llevaron a suspender de plano, la celebración del grito de independencia en varias partes del país.
Están en juego los alcances del gobierno para construir una identidad propia que, cada vez queda más claro, no puede pender del pasado inmediato, pues en él cada vez se devela más un extravío, fruto de un dominio que pretende ser irrefrenable, pero que muestra sus inconsistencias y contradicciones.