Hay temas que una no piensa solo desde la coyuntura, sino desde una memoria política más larga. Para quienes crecimos escuchando que la tierra no era una mercancía cualquiera, sino una de las bases materiales del poder, hablar del campo nunca ha sido hablar solo de producción. Es hablar de historia, de despojo, de acumulación y de conflicto.
Por eso vale la pena detenerse en el reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres. No es un trámite menor. Toca una de las deudas más persistentes del país.
En México, la tierra no fue un tema más: fue una de las raíces del conflicto social. Detrás de la Revolución estaba también la concentración de la tierra, el despojo y la subordinación de quienes la trabajaban sin decidir sobre ella. No fue solo una disputa por propiedad, sino por el control del territorio y por las relaciones de poder que se organizaban alrededor de él. El reparto agrario intentó corregir esa herida y alcanzó su mayor profundidad con el cardenismo. Pero incluso en su momento más transformador dejó un límite que hoy vale la pena nombrar: la tierra cambió de manos, sin que necesariamente cambiara del todo el poder dentro de ella.
Esa incompletud importa. Porque la tierra nunca ha sido solo propiedad. Es herencia, es patrimonio, es jerarquía. Delimita quién decide, quién hereda, quién acumula y quién queda fuera.
Y esa estructura tampoco ha sido neutra en términos de género.
Es sabida la desigualdad que enfrentan las mujeres en casi todos los ámbitos. En el campo, sin embargo, el problema ha sido más elemental: muchas veces no se ha tratado solo de un techo para ascender, sino de una barrera para entrar a la base misma del poder territorial.
El sujeto agrario se pensó en masculino.
Las mujeres han trabajado la tierra, han sostenido familias, comunidades y economías locales. Han estado ahí siempre. Lo que no siempre han tenido es reconocimiento pleno como titulares de derechos. Y ese es uno de los puntos más incómodos de nuestra historia agraria: una política nacida para enfrentar una injusticia estructural cargó, al mismo tiempo, con otra injusticia que durante demasiado tiempo fue tratada como normal.
En ese contexto, que hoy el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum haya vuelto a colocar los derechos agrarios de las mujeres en el centro sí importa. Importa porque reconoce una deuda histórica que durante demasiado tiempo se trató como normal.
Y también hay que decirlo: no es menor intentar corregir en unos años lo que se construyó durante siglos. La desigualdad en el acceso a la tierra y la exclusión de las mujeres del poder territorial no son fenómenos recientes ni superficiales. Son parte de una estructura larga, persistente.
Además, en muchas comunidades el Estado no está inaugurando esa presencia femenina sobre la tierra: está llegando tarde a reconocer algo que las mujeres llevan años —a veces décadas— sosteniendo en los hechos.
Por eso este momento puede leerse como lo que es: un primer paso necesario, pero no suficiente.
El problema es que reconocer esa deuda no equivale todavía a desmontar las condiciones que la producen.
Un título no desmonta por sí solo una estructura de poder. No garantiza acceso al crédito, no abre automáticamente espacios de decisión, no modifica de un día para otro las jerarquías dentro de los núcleos agrarios, ni asegura que los programas públicos lleguen con la profundidad necesaria.
Esa es la discusión que sigue pendiente.
Porque la propiedad nunca ha sido solo una categoría jurídica. Es una relación social.
Por eso, este no es un tema “de mujeres” en el sentido estrecho. Es un tema de Estado, de diseño institucional, de justicia social. No habrá política rural seria ni justicia territorial completa si la distribución del poder sobre la tierra sigue siendo secundaria.
Durante mucho tiempo, la discusión pública sobre la tierra se concentró en el reparto. El paso que toca ahora es más incómodo: reconocer que el problema nunca fue solo cuánta tierra se distribuía, sino qué relaciones de poder sobrevivían dentro de ella.
La justicia territorial no se resuelve con un certificado. Empieza ahí. El reto es que ese reconocimiento se traduzca en poder real para las mujeres dentro del territorio.
Y en todo caso, será el tiempo —y no los anuncios— el que termine por decir si este esfuerzo alcanza para desmontar siglos de desigualdad en el acceso a la tierra y en el ejercicio del poder sobre ella.