Como se informó en su momento, alrededor de 80 mil personas, en su mayoría de nacionalidad marroquí, irrumpieron ilegalmente en el enclave español de Ceuta, en el norte de Marruecos, a finales de julio de 2026. Según se estima, entre 10 mil y 15 mil permanecen en España. Hace unos días tuvieron lugar marchas en protesta contra la inacción de la administración central.

Estos sucesos enviaron una onda de choque en el país y en el gobierno de Pedro Sánchez, quien ha sido acusado de haber promovido la inmigración ilegal y un supuesto camino hacia la adquisición de la nacionalidad española con objetivos políticos, pues los escándalos de corrupción que le envuelven parecen indicar que finalmente dejará la Moncloa el año que viene.

La permanencia de miles de marroquíes de manera irregular en Ceuta ha provocado una severa crisis social. A pesar de que la mayoría ha regresado a Marruecos, algunos de los que continúan en territorio español han sido culpados de rompimiento del orden y de violación a jóvenes menores de edad, lo que ha recrudecido la actitud hostil de los habitantes del enclave hacia la población marroquí.

Con miras a la restauración del orden legal, las autoridades españolas han tenido que ceñirse al derecho internacional. Si bien los ceutíes esperarían una respuesta rápida de Madrid que permitiera la deportación masiva de los indocumentados, debe observarse el respeto a las leyes. Así lo han hecho.

Por lo tanto, cada uno de los indocumentados que siguen en Ceuta deberá pasar por una observación individual de sus casos, a manera de que un juez español, en aplicación de la legislación nacional y del derecho internacional en materia migratoria, dictamine si cada persona puede ser sujeto del otorgamiento de calidad de asilado político, u otra figura jurídica, o si debe ser devuelta a su lugar de origen. Como no podría ser de otra forma, toma tiempo.

En otras palabras, la salida de la crisis parece estar aún lejana. A diferencia de las prácticas arbitrarias de gobiernos como el de Estados Unidos en relación con la gestión de sus indocumentados latinoamericanos, las autoridades españolas han optado por garantizar el respeto de los derechos humanos de cada uno de los migrantes, mismo si ello conlleva el hartazgo de los ceutíes y el rompimiento temporal del orden social en el enclave.