Ferrajoli, el Niño y la constitución que la Tierra todavía espera.
Me enteré que este año, el fenómeno de “El Niño” será el más violento de los últimos 150 a causa del calentamiento global para nuestro país y si es que tal virulencia no se había visto en medio siglo, la señal es que estamos haciéndolo peor de lo que pensamos.
Royal Caribbean planea construir un parque acuático turístico en una superficie cercana a las 80 hectáreas, con una inversión estimada en mil millones de dólares en la localidad costera de Mahahual, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. Sin rubor y con toda la solemnidad del procedimiento democrático, devastar más de 80 hectáreas de selva para construir otro complejo turístico que servirá de espejo a la voracidad de un modelo que se reproduce a sí mismo como virus gracias a que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco hizo un cambio de uso de suelo que quitó la protección a la selva.
La organización DMAS (Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano) promovió un juicio de amparo por el cambio irregular de uso de suelo y un Juzgado de Distrito de Quintana Roo concedió el 26 de enero de 2026 una suspensión provisional para proteger el ecosistema local de las acciones de las autoridades municipales y estatales que avalaron la reconfiguración de las 107.67 hectáreas en Mahahual. Pero el poder judicial aplicó una chicanada baja, pues los integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Circuito argumentaron que la asociación civil ONG tenía un plazo de 15 días para solicitar el amparo contra la modificación del PDU y no de 30 días, pues determinaron que se trató de un simple acto de autoridad y no de una reforma de ley. Con lo anterior, los magistrados se apartaron de un criterio judicial obligatorio dictado por Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación, que establece que las modificaciones a los PDU cuentan con un plazo de 30 días. Es decir, la obra se habilitó de nuevo porque magistrados electos en 2025 desecharon el amparo de la ONG ambiental DMAS por razones procesales formales, apartándose de criterio judicial obligatorio. El verdadero “al diablo con sus … resoluciones” (previas).
El órgano judicial le dio la razón al gobierno de Quintana Roo que intercedió con un mecanismo legal a favor de la empresa. La impugnación fue presentada por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) del gobierno de Quintana Roo, bajo la titularidad de José Alberto Alonso Ovando, quien fue funcionario también de Roberto Borge Angulo, exgobernador quintanarroense, actualmente preso por delitos cometidos dentro de la función pública. Quieren recibir a 21 mil turistas al día en una comunidad donde viven menos de tres mil, sacrificando a la selva, a la naturaleza y a las especies que alberga. Solo puedo pensar en la Constitución de la Tierra de Ferrajoli y en el aval para devastar el medio ambiente en una zona contribuye radicalmente al impacto de toda una nación y más allá, pues la naturaleza no entiende de fronteras. Quienes más sufren los efectos de las catástrofes climáticas, encima, son quienes menos tienen, los que habitan el territorio y cuyas viviendas son más vulnerables.
En 2022, el maestro florentino del garantismo jurídico publicó Por una Constitución de la Tierra. La humanidad en la encrucijada, un libro que es tratado de filosofía del derecho, llamado de urgencia y ejercicio de lucidez. Ferrajoli escribe para los momentos en que la realidad supera la velocidad de las instituciones que debieran contenerla.
Su tesis central es que la humanidad enfrenta cinco catástrofes simultáneas e interconectadas (ecológica, nuclear, social, laboral y migratoria) y ningún Estado-nación, por poderoso que sea, puede resolverlas solo. Lo que falta no es voluntad política, como suelen decir los optimistas de temporada. Lo que falta es derecho. Derecho vinculante, global, constitucional. Un marco que someta a los Estados y a los mercados a límites que hoy no existen, del mismo modo en que las constituciones nacionales someten, cuando funcionan, a los gobernantes al imperio de los derechos fundamentales. Vale la pena recalcar que todas las catástrofes tienen efectos más agudos para los que menos tienen.
La propuesta de Ferrajoli no es un gobierno mundial ni el sueño burocrático de una ONU con dientes. Es algo más preciso y más ambicioso: una Constitución de la Tierra que proteja lo que él llama los bienes comunes de la humanidad —la atmósfera, los océanos, los grandes bosques tropicales— como dominio público planetario, sustraído de la lógica del mercado y de la soberanía arbitraria de los Estados. La atmósfera no es mexicana ni estadounidense ni china, pero la transnacional Royal Caribbean Cruises Ltd., está constituida en Liberia para pagar menos impuestos, aunque tiene sede en Miami, Florida y se integra por estadounidenses y noruegos.
La selva maya no es de Quintana Roo. Sus especies, tampoco. Son, en la terminología de Ferrajoli, bienes de todos y de ninguno, cuya destrucción constituye lo que él llama un crimen de sistema. Detengámonos aquí, en la selva.
El apoyo del gobierno de Quintana Roo a intereses privados y empresariales no parece anomalía sino la norma, así lo hicieron por años. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado porque el marco jurídico vigente en México trata a los ecosistemas como recursos naturales susceptibles de aprovechamiento. La selva no es sujeto. La selva no tiene voz procesal. La selva no puede demandar. Pero la selva vive. Regula el clima regional. Alberga biodiversidad que la ciencia no ha terminado de catalogar. Sostiene el ciclo hídrico de la Península de Yucatán. Protege los acuíferos del sistema de cenotes, uno de los más extraordinarios del planeta. Hace, en silencio y sin contrato, lo que ninguna infraestructura construida por el ser humano puede replicar.
La pregunta que Ferrajoli nos obliga a hacernos: ¿por qué el derecho no la reconoce como titular de derechos? ¿Por qué el sistema jurídico que México heredó del liberalismo decimonónico sigue siendo incapaz de imaginar un sujeto de derechos que no sea persona física o moral?
No es una pregunta nueva. El río Whanganui de Nueva Zelanda tiene personalidad jurídica desde 2017. El río Atrato en Colombia fue declarado sujeto de derechos por la Corte Constitucional en 2016. Ecuador consagró en su Constitución de 2008 los derechos de la Naturaleza, la Pacha Mama, como entidad jurídica protegible. Bolivia siguió el mismo camino pero en leyes secundarias. En la India, el Ganges y el Yamuna tuvieron brevemente estatus de personas jurídicas antes de que la Corte Suprema revirtiera la decisión. El debate, en todo caso, cuanto dieron, a quien y a costa de quienes así como las razones por las que lo permitimos.
Volvamos a “El Niño”. El fenómeno climático que este año alcanza su expresión más intensa en medio siglo es consecuencia acumulada. Es el resultado de décadas de emisiones que calentaron los océanos, de deforestación que alteró los patrones de lluvia, de un modelo de desarrollo que externalizó sus costos al futuro y al planeta.
La destrucción de selva no es un asunto local de política turística; es una contribución documentada al deterioro del balance climático regional. Cada hectárea de selva que se tala libera carbono almacenado, reduce la evapotranspiración que alimenta las lluvias, elimina el amortiguador natural ante fenómenos extremos. En términos de Ferrajoli: no estamos ante la decisión soberana de un Estado sobre su territorio. Estamos ante un crimen de sistema perpetrado sobre un bien común de la humanidad, sin que ninguna institución tenga jurisdicción para impedirlo.
Ese es el vacío que Ferrajoli señala. No hay tribunal planetario. No hay norma vinculante que someta al Estado de Quintana Roo ni al Estado mexicano que tolera la decisión a los compromisos que la supervivencia del planeta exige. El Acuerdo de París existe. El Convenio sobre Diversidad Biológica existe. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible existen. Pero ninguno de ellos tiene mecanismos coercitivos reales. Son garantías sin institución que las haga efectivas, declaraciones formales que el poder económico ignora con impunidad perfecta.
Algunos dirán que es utópico. Yo pensaba que esta faceta de gobierno se trataba de eso pero lo realmente utópico es creer que podemos sobrevivir mucho tiempo más sin ese marco. Con ocho mil millones de personas, potencias nucleares desreguladas, plataformas tecnológicas que operan fuera de cualquier soberanía estatal, y una crisis climática que avanza más rápido que los ciclos electorales de cualquier democracia, la ausencia de límites constitucionales globales no es sostenible. La globalización ya existe. Lo que no existe aún es la globalización del derecho.
Por ahora, permanece vigente la clausura de la Profepa del 30 de enero al proyecto “Perfect Day Mahahual” por la realización ilegal de obras y actividades como trabajos de relleno y compactación de un camino rústico en una zona de manglar. También hubo demolición y desmantelamiento de infraestructura que afectó una superficie de más de 17 mil metros cuadrados por no contar con autorización de impacto ambiental. La autorización de Semarnat para el desmonte sigue pendiente. El daño está hecho, pero al tratarse de un daño avalado por el mismo gobierno que debería proteger el territorio, el daño es triple.
