Durante años, hablar de seguridad en Nuevo León era hacerlo desde la resignación. La conversación arrancaba en la queja, seguía en el miedo, continuaba inclusive aceptando que el Estado estaba rebasado y terminaba en la idea de que “no hay nada que hacer”. Por eso conviene poner atención cuando algo empieza a cambiar. No para aplaudir sin reservas, sino para entender qué se hizo distinto, qué falta y, sobre todo, quién decide si esta tendencia se sostiene o se rompe.
Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI indican que siete de cada diez personas en Nuevo León dicen sentirse seguras. No es un número menor en un país donde la inseguridad suele ser la norma. Además, por tercera ocasión consecutiva, Fuerza Civil aparece como la policía estatal con mayor confianza ciudadana. Eso no es discurso, es percepción acumulada en la calle, en el transporte, en el regreso a casa día a día.
La percepción no se decreta. Se construye. Y se pierde rápido cuando las decisiones públicas se toman sin rumbo. El propio Samuel García ha señalado que estos resultados responden a una inversión sostenida en seguridad: más elementos, mejor reclutamiento, equipamiento, coordinación con fuerzas federales y una apuesta clara por fortalecer a la corporación estatal. Todo eso suena técnico, pero se traduce en algo muy concreto: confianza.
No significa que el problema esté resuelto. Un 30% de la población todavía se siente insegura. Ese dato no puede maquillarse. Pero también es cierto que hace cuatro años el escenario era muy distinto. Hoy existe una base real desde la cual exigir más y no empezar desde cero.
A esto se suma la instalación de seis nuevos destacamentos de la Guardia Nacional en municipios estratégicos y propuestas para mejorar las condiciones de vida de los policías, como el acceso a esquemas de vivienda. No son gestos simbólicos. Son decisiones que apuntan a la continuidad. Y en seguridad, la continuidad importa más que el aplauso.
Pero aquí entra un factor que suele olvidarse, nada de esto es irreversible. La seguridad no se hereda, se defiende. Y en las próximas elecciones, el ciudadano tendrá en sus manos una decisión clave sobre el rumbo del estado. Apostar por seguir invirtiendo en seguridad, o regresar a esquemas donde el dinero público se va por otro lado, sin garantía de resultados.
Porque mientras hoy se habla de confianza policial, en Monterrey la gente sigue pagando un predialazo sin explicación clara ni mejoras visibles en servicios. Ahí está el contraste. De un lado, recursos destinados a una estrategia de largo plazo. Del otro, aumentos al impuesto predial que golpean al bolsillo sin una contraprestación clara en seguridad, movilidad o calidad de vida.
Y no es una comparación abstracta. Basta recordar el caso de Next Energy, el contrato firmado por la administración municipal del PRIAN que terminó siendo símbolo de opacidad, improvisación y mala planeación. Millones comprometidos, resultados inexistentes. Ese es el riesgo cuando la seguridad y los servicios públicos dejan de ser prioridad y se convierten en botín político o negocio mal amarrado.
La pregunta de fondo es sencilla y profundamente ciudadana: ¿queremos que los recursos sigan destinándose a construir instituciones que funcionen, o preferimos pagar más impuestos para sostener decisiones que no dan resultados? ¿Invertir en seguridad real, o aceptar aumentos al predial sin garantías?
Hoy, siete de cada diez personas se sienten más seguras en Nuevo León. Ese avance no es automático ni eterno. Dependerá de que el ciudadano defienda lo que funciona y castigue lo que no. Porque en seguridad, como en la vida diaria, lo que no se cuida, se pierde.