Transcurría el año de 1946 cuando en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se dejó en claro que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social para todas las personas; en libertad o en reclusión.
Las familias mexicanas necesitan apoyo en la atención a la salud mental, el acceso es difícil, insuficiente y costoso, a pesar de que en México la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos lo establece como un derecho irrefutable; para los tres poderes de gobierno y los tres niveles no es prioridad.
10 de septiembre: ¡Día Mundial para la Prevención del Suicidio!
La falta de especialistas en psicología y psiquiatría para brindar servicios a las personas que necesitan atención a la salud mental es un problema grave, porque los gobiernos no pueden cumplir con lo que dicta la Carta Magna, así como lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Para la Organización Mundial de la Salud el cuidado a la salud mental es imprescindible, así como atender la depresión, la ansiedad y conductas antisociales que lastiman severamente a las personas que las presentan. Es un derecho humano para las personas que gozan de libertad y para las que se encuentran en los centros penitenciarios.
La elaboración de políticas públicas en materia de salud es fundamental por parte de las y los gobernantes, en las administraciones públicas se necesitan profesionales multidisciplinarios para su construcción transversal con el irrestricto respeto de los derechos humanos.
Es indignante para la población que no sea una prioridad para los gobiernos, urgen políticas públicas de prevención, así como reforzar las campañas que realiza el sector salud, ya que el número de suicidios a nivel mundial es una constante.
Las Personas Privadas de la Libertad (PPL) tienen derecho a la atención a la salud mental, su situación es difícil, además de perder la libertad, disminuyen los vínculos y las redes de apoyo que les sostienen, coincidimos el abogado y criminólogo, Osiel Reséndiz, y una servidora, al abordar este lamentable tema que nos afecta como sociedad.
Para muchas mujeres -dijo- entrar a un centro de reclusión significa mucho más que comenzar una condena. Renunciar a estar presentes en la vida diaria de sus hijos, dejar de cuidar a sus padres, alejarse de sus parejas, hermanas y otros familiares. En muchos casos, también dejan de ser el principal apoyo económico de su hogar.
Conversamos de que el encierro no sólo cambia su relación con la libertad; también afecta profundamente los vínculos que forman parte de su identidad. Además, esta ruptura suele quedar oculta detrás de las cifras penitenciarias.
La prisión registra personas, sentencias, delitos y años de condena, pero pocas veces muestra lo que ocurre cuando una mujer deja de recibir una llamada, una visita o el contacto diario con su familia. La falta de estos vínculos no es solo una pérdida afectiva: también puede aumentar el aislamiento y hacer más difícil enfrentar las condiciones que viven.
En México, diversas investigaciones han encontrado una relación entre el apoyo social y el bienestar físico y mental de las mujeres privadas de la libertad. Abordar este tema no debe limitarse a la atención psicológica o psiquiátrica; también implica reconocer el papel que desempeñan los vínculos familiares y las redes de apoyo frente al aislamiento, la angustia y las dificultades que pueden generar las cárceles del país.