Tenía que suceder, y sucedió. Guadalupe Taddei Zavala anunció que presentará su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Cámara de Diputados hoy lunes 26 de octubre .
Lo supimos por un comunicado, donde sostuvo que su renuncia responde a que “proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, que debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”.
Los señalamientos son graves. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación por presunto uso indebido de recursos públicos, tras revelarse que empresas vinculadas a un personaje cercano a la funcionaria recibieron contratos por montos millonarios. Las pesquisas indagan presuntos conflictos de interés, simulación de competencia, colusión y triangulación de recursos en adjudicaciones realizadas durante el proceso electoral de 2024. La Unidad de Inteligencia Financiera también mantiene abiertas sus propias investigaciones.
Hasta ahora, hay que decirlo, se trata de señalamientos e investigaciones en curso. No perdamos de vista que el INE no es cualquier institución: es el árbitro que da certeza a nuestra democracia. Cuando quien preside este organismo enfrenta cuestionamientos por vínculos y decisiones que podrían comprometer su imparcialidad, la primera víctima es la confianza de la ciudadanía en sus elecciones. Y sin confianza, no hay democracia que resista. Y estamos en vísperas de las elecciones del 2027.
Guadalupe Taddei asumió la presidencia del INE en abril de 2023, en medio de intensas discusiones sobre el papel de los organismos autónomos y la relación entre el poder político y las instituciones electorales. Tenía frente a ella un reto brutal, y no estuvo a la altura.
La presidencia del INE no es un cargo administrativo más. Quien la ocupa tiene la responsabilidad de conducir una institución cuya legitimidad depende de que la ciudadanía confíe en sus decisiones, de que los partidos encuentren garantías para competir y de que los resultados electorales sean producto de reglas claras. Bien lo dijo Nelson Mandela: “La democracia basada en la justicia y la igualdad no puede ser patrimonio de unos pocos; debe pertenecer a todos.”
Y es que los recursos públicos no pertenecen a nadie en particular; nadie se debe servir con la cuchara grande, son de todas y todos los mexicanos. Desviarlos es deshonesto, es incluso una traición a México.
A Taddei parece que esto se le olvidó. Pero como nada está oculto bajo el sol el pasado viernes 23 de octubre, un reportaje de Carlos Loret de Mola difundió una serie de videos que desataron el escándalo.
El protagonista era Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, en una lujosa suite del hotel Le Meurice en París, acompañado de José Alfredo Hernández Casillas, apoderado legal de la empresa Cajas Graf, una de las principales proveedoras de materiales electorales del INE.
En uno de los videos, mientras contemplan la vista de la Torre Eiffel y el Museo del Louvre, el empresario le dice al joven: “París a tus pies, chamaquito”, y ambos brindan con champaña. La alegría era desbordante.
Pero lo más grave es que el acompañante del junior era nada más y nada menos que el apoderado de empresas que, según las investigaciones periodísticas, han obtenido más de 245 millones de pesos en contratos del INE y del Instituto Electoral de Sonora —donde Guadalupe Taddei también fue presidenta—.
Los reportajes también revelaron que el empresario mantenía una estrecha relación con la familia de la funcionaria, quien en los audios difundidos la llamaba cariñosamente “reina”. Incluso se dijo que Hernández Casillas habría aparecido como una especie de chofer asignado a la consejera presidenta.
Esto debe horrorizar a cualquiera. Taddei tenía que renunciar sí o sí. No solo por el escándalo mediático. La rendición de cuentas no puede activarse solo cuando te sacan los trapitos al sol, debe ser parte del día a día de nuestras instituciones. Los procesos de licitación, los contratos, los vínculos del personal directivo con proveedores: todo debe estar bajo escrutinio constante, con reglas claras que eviten que lo público se entrelace con intereses privados.
La renuncia es un primer paso, pero no es el final. El reto ahora es mayor: reconstruir la credibilidad del INE de cara al proceso electoral que ya está en marcha. Quien asuma la presidencia del instituto tendrá sobre sus hombros no solo la enorme responsabilidad de organizar elecciones, sino la tarea de demostrar que la institución es, por encima de todo, independiente, transparente y honesta.