La reciente propuesta de reforma a la Ley de Amnistía en México plantea un cambio radical en la manera en que el Estado aborda la justicia penal y la pacificación del país. Este paso, aunque controversial, ofrece una oportunidad para abordar tres puntos fundamentales que podrían transformar el panorama de la justicia en México.

No es una reforma simple de explicar ya que en un país tan herido como el nuestro, la indignación y la rabia por crímenes que no se han logrado resolver como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa provoca una reacción impulsiva de venganza. Prueba de ello es que el hartazgo, la brutalidad de la reacción social se ha convertido en linchamientos cada vez más cruentos.

Sin embargo, replantear las bases para ir hacia un modelo de justicia transicional obliga a cuestionar por qué si el marco legal ya establece sanciones estrictas, el poder judicial continúa siendo una máquina suministradora de impunidad y el país, una hoguera que no deja de arder.

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Es decir, que por más ganas de que un presunto culpable se quede en la cárcel, cuestionar la efectividad de aquella medida para combatir el crimen a nivel macro se vuelve necesario pues aquel modelo no ha funcionado o al menos, no lo suficiente como para tener víctimas satisfechas con sus procesos o esclarecimiento de los hechos.

El CIDE define la justicia transicional como “un campo específico de actividades, mecanismos y procesos, por medio de los cuales se busca atender las causas, las consecuencias y el legado de un fenómeno de violencia de alto impacto a gran escala.”

Esta idea va de la mano con aquello que López Obrador planteó desde el inicio de su gobierno: combatir la violencia atendiendo a las causas del delito.

La pregunta es si centralizar la facultad de amnistía únicamente a la figura presidencial podría significar un cambio, y la clave podría estar en acortar el número de personas que pueden estar sujetas a corrupción. Es decir, que cualquier juzgador puede caer en la tentación y liberar criminales, como sucede actualmente, mientras que la amnistía presidencial elimina aquella posibilidad y carga una responsabilidad enorme que es la de un presidente liberando a un culpable.

Podemos destacar tres puntos de esta reforma:

1. El urgente proceso de pacificación: Esta reforma abre la puerta a procesos de verdad histórica, permitiendo esclarecer crímenes de alto impacto y desmantelar las redes de violencia arraigadas en el país. Reconocer que muchos de los detenidos por delitos graves son víctimas de un sistema que los obliga o los empuja hacia la criminalidad es el primer paso hacia una pacificación genuina.

Esta reforma, al permitir la amnistía en cualquier etapa del proceso penal, garantiza el derecho a la verdad y la justicia social, sentando las bases para una transformación profunda en la lucha contra la violencia.

Un dato interesante es que en este país, raramente los autores intelectuales de un delito pisan la cárcel o siquiera son mencionados en el proceso.

Solamente con analizar las dinámicas del reclutamiento forzado, el modus operandi a través del cual, individuos vinculados a la delincuencia organizada emplean tácticas de violencia física, psicológica y económica, así como actos delictivos, para reclutar a niños, niñas y adolescentes, sometiéndolos y obligándolos a cometer delitos, podemos entender que los detenidos en el acto son, por lo regular, los más vulnerables de la cadena de mando delictivo.

Según estimaciones de Tejiendo Redes Infancia, cada año, entre 30 y 35 mil niños y adolescentes son coercitivamente reclutados por organizaciones delictivas.

En la cadena de mando militar es peor. Las órdenes en el fuero militar son de cumplimiento obligatorio y oponerse a ellas puede ser castigado como desacato.

2. El derecho a la verdad de las víctimas: La reforma propuesta no solo mantiene intacto el derecho a la reparación del daño, o sea, que no solo tiene efecto de dar por terminado el proceso penal sin consecuencias sino que coloca a las víctimas en el centro de la política pública. Reparar el daño o brindar garantías para su reparación mediante distintas formas, según se plantea, continuará siendo obligatorio.

Además, al obtener información crucial de los beneficiados por la amnistía, se abre la posibilidad de desarticular las cadenas de mando y atacar las raíces del crimen organizado. Es imperativo trascender la visión tradicional de la justicia como mera retribución punitiva y avanzar hacia un modelo que reconozca a la víctima detrás del victimario, permitiendo así desenmascarar a los verdaderos responsables de los crímenes.

Si es bien aprovechado, el beneficio de amnistía podría revelar datos que aporten al sistema de inteligencia. No obstante, siempre estará abierta la posibilidad a que los indiciados mientan por alguna venganza personal o un ajuste de cuentas, sea contra autoridades o contra otros criminales.

3. Justicia transicional para atender las causas del delito: Esta reforma representa un paso crucial en la lucha contra la corrupción judicial y en el combate a la violencia al identificar y abordar las causas subyacentes de los crímenes.

Al eliminar los márgenes para la corrupción y garantizar la inmediatez en la liberación de los beneficiados por la amnistía, se sientan las bases para una justicia verdaderamente transformadora.

La implementación de un modelo de justicia transicional, centrado en atender las causas y las consecuencias del delito, ha demostrado ser efectiva en la reducción de la violencia en otros contextos, y su adopción en México podría representar un avance significativo hacia la pacificación del país.

En última instancia, la reforma a la Ley de Amnistía no es un acto de impunidad, sino un intento deliberado por alcanzar la verdad y la justicia en un país marcado por la violencia y la impunidad. Es un llamado a reconocer la complejidad de la criminalidad y a abordar sus raíces profundas, en lugar de simplemente castigar a quienes la perpetúan. El reto más grande ante esta reforma es superar la idea de regresar al presunto delincuente todos los daños que ha hecho hacia una medida que no solo busque castigar, sino también sanar las heridas de un país golpeado por la violencia.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha logrado una pacificación histórica a través de la disminución del feminicidio en un 35.6% durante 5 años de gobierno.

La estadística dice que desde el inicio del actual gobierno y hasta diciembre de 2023, el delito de homicidio doloso registró una baja de 20%. Este camino a seguir es relevante para sentar las bases hacia la pacificación con un modelo de justicia transicional que atienda a los más pobres y a los que han sido sometidos, obligados y amenazados para cometer delitos.

POR CIERTO

Cabe recalcar que esta reforma a la Ley de Amnistía cambia que pueda otorgarse amnistía también en delitos graves (desaparición forzada, por ejemplo); que se pueda otorgar en cualquier momento del proceso penal y lo solo hasta la sentencia (tomando en cuenta las décadas que puede tardar en resolverse un juicio es relevante); que no proceda en su contra ningún recurso, ni el amparo (es una declaración abierta en contra del poder judicial que reafirma una visión híper presidencialista, ya que en teoría, el amparo directo puede proceder en contra de cualquier acto de autoridad, como un decreto presidencial pero aquí hay una excepción que haría ilimitado el acto de autoridad presidencial de amnistía).