Quizás muchos mexicanos que no son abogados desconocen lo que se denomina juicio de amparo. Se trata, a grandes rasgos y, sin el ánimo de entrar en especificidades, del procedimiento jurídico por el cual un ciudadano u organización privada puede defenderse ante posibles atropellos cometidos por alguna autoridad pública.
La Ley de Amparo, promulgada en 2013 durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, ha sido la culminación en el derecho interno mexicano de la protección de los ciudadanos en caso de arbitrariedades por parte del Estado.
A manera de ejemplo, si el gobierno decide unilateralmente la expropiación de un terreno privado para la construcción de un hospital público, el ciudadano puede acudir ante un juez federal y exigir la suspensión del acto ejecutivo.
La ley del 2013 ha sido celebrada no solo en México sino por organismos internacionales en materia de derechos humanos, pues forma parte del sistema de protección ciudadana.
El obradorismo repudia el amparo. Durante el gobierno de AMLO cientos de jueces federales emitieron amparos contra actos de su gobierno; desde asuntos relacionados con la construcción del Tren Maya hasta los presentados por los juzgadores injustamente cesados de sus funciones. El tabasqueño aseguró que eran jueces corruptos ligados a la “mafia del poder”. Mentiras. Fueron en su mayoría hombres y mujeres aplicando la ley.
Desde entonces el expresidente y ahora Claudia Sheinbaum, han pretendido reducir el espectro de aplicabilidad de la Ley de Amparo con el objetivo de que disminuya el número de resoluciones contrarias a los intereses de las autoridades.
Según ha sido señalado, la propuesta presentada por Sheinbaum busca, entre otros elementos que merecen mayor estudio, eliminar la universalidad de la resolución, lo que provocaría que eventualmente un menor número de personas acudiesen a juzgados ante la falta de recursos para promover juicios individuales.
También ha sido señalado que con la reforma los jueces no podrán ordenar la suspensión temporal del acto hasta que se haya emitido una resolución final, lo que dejaría al quejoso en un estado de indefensión ante la ausencia de medidas cautelares.
En suma, el régimen obradorista pretende de nuevo dar un paso hacia atrás en materia de defensa de derechos humanos y en favor de las prerrogativas del Estado. Se trataría, a todas luces, de una reforma regresiva que echaría para abajo el sistema de protección implantado en 2013.