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Nayarit es considerado por muchos visitantes e inversionistas como un estado hermoso, privilegiado por sus playas y bellezas naturales, pero atrasada en cuestiones de gobierno, sumergida en la modorra y en la corrupción. Son escasos los héroes emprendedores, el grueso de la población prefiere vivir como burócrata o con un sueldo estable.

Y los emprendedores son verdaderos héroes porque se tienen que enfrentar con un sistema de justicia que viola el Estado de derecho y los derechos humanos con mucha facilidad. Los órganos jurisdiccionales responden más a los intereses políticos que al principio de legalidad.

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Los jueces no son autónomos, independientes e imparciales. Son sumisos al poder ejecutivo, a la Fiscalía General del Estado y a la corrupción. Se prestan a resolver los asuntos y a manipular los procesos por indicaciones o consignas dictadas por sus superiores, o bien, por el abogado que les ofrezca mayor compensación.

Los magistrados que revisan las sentencias de primera instancia por lo general reciben una revocación de sus decisiones por parte de los jueces federales; es decir, las sentencias dictadas por las salas del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit casi nunca son confirmadas por los órganos de control constitucional.

Los agentes del ministerio público local son abogados jóvenes que dominan el procedimiento oral y se han convertido en inquisidores más perversos que en el viejo sistema penal. Efectivamente, estos nuevos representantes de la sociedad se rigen por criterios persecutorios, les interesa ir más al juzgado de oralidad a rezar el rosario de imputaciones y datos de prueba, que, a analizar responsablemente en el marco de los principios y derechos humanos, si se da o no la existencia del delito.

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Los jóvenes carecen de la prudencia y la mesura de los viejos conocedores del derecho, aplican criterios de practicidad y judicializan todo lo que ven, sin tasar, sin filtrar, sin ponderar y sin determinar con libertad y responsabilidad pública la actualización de un delito o su inexistencia.

Les urge ir a la Sala Penal de discurrir como pericos la retahíla de artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. El equívoco e irresponsable criterio que los rige es: hay indicios, con un indicio actúan., aunque ese indicio posteriormente no se sostenga, pero mientras tanto el ciudadano quedó exhibido y denostado ante la sociedad, perjudicando su dignidad y prestigio.

El trato que ofrecen a las víctimas y a los defensores particulares es denigrante, son jóvenes que se sienten dioses, como si hubieran sido cocidos a mano. Déspotas, groseros, eluden el trato y la comunicación, pero esto cambia cuando reciben la famosa “propina”.

La impartición de justicia en Nayarit está alejada de los parámetros internacionales y nacionales. La califican de bananera y a los operadores que la aplican de corruptos y temerosos de perder su empleo. Son letrados sumisos al poder y al dinero, no son dignos de portar la toga ni de preservar la ley.

Este grave problema de la impartición de justicia en Nayarit, se agudizó con la actual administración del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, quien al inicio de su mandato se apoyó a ciegas en un antiguo operador del llamado “Cartel de Veytia”, el hoy magistrado Rodrigo Benítez Pérez, hombre que se fortaleció al archivar las denuncias penales que había en contra del propio gobernador.

Esta circunstancia o favor político le dio muchas canonjías al antiguo juez al servicio del tristemente célebre Édgar Veytia. Hoy, Rodrigo Benítez Pérez, es el magistrado de la Sala Civil que controla y decide todo en el Tribunal Superior de Justicia.

Por su parte el coordinador general jurídico del ejecutivo estatal, Gabriel Camarena Morales, de quién se desconoce su pasado, insertó como subfiscal general a un ex colaborador de su oficina, el cual es hijo del subsecretario de ingresos y de la recién nombrada secretaria de infraestructura, esta ocupaba el cargo de directora de catastro y registro público de la propiedad.

Gabriel Camarena Morales, es empleado directo de Diana López, la mujer de todas las decisiones y el control general de la política y el gobierno de Nayarit. Desde ese grupo se conciben, se planean y se instrumentan con la complacencia del gobernador, todas las acciones legales, persecuciones políticas, imputaciones, acusaciones y procesos penales. Desde ahí se opera toda la línea de comunicación social y sometimiento de los medios de comunicación.

Nayarit hoy es una entidad con una impartición de justicia precaria y sucia, y lo más alarmante, es una entidad donde la gente tiene miedo, los jueces no se atreven a ser auténticos juzgadores y los agentes del ministerio público son jóvenes que juzgan indiciariamente.

La Fiscalía general del Estado, vende los procesos, ofrece salidas alternas y perdona los pecados por sumas cuantiosas. Hay muchos casos documentados de esta mercenaria conducta. Nayarit atraviesa un oscurantismo judicial. Cuidado con ir a invertir por allá.