En septiembre de 1960, una revisora recién llegada a la Food and Drug Administration recibió un expediente de rutina. El producto ya se vendía en más de cuarenta países, era un sedante suave, se recetaba a mujeres embarazadas contra las náuseas y el fabricante daba la aprobación por hecha. Frances Kelsey encontró que los estudios no demostraban lo que afirmaban y pidió más información. La pidió seis veces. El laboratorio hizo lo que hace un laboratorio: la acusó de obstruccionismo, de retrasar un medicamento que millones ya usaban sin problema.
El medicamento era la talidomida. Para cuando se retiró del mercado mundial, habían nacido cerca de diez mil niños con malformaciones graves en Europa, Canadá, Japón, Australia. En Estados Unidos, casi ninguno.
¿Cómo se llama ese resultado? No tiene nombre. No existe una estadística de los niños que nacieron sanos porque una funcionaria pidió el estudio completo. No hay indicador, no hay placa, no hay corte de listón. Lo único que quedó registrado en tiempo real fue la queja: que la revisora era lenta. Ahí está la pregunta que nunca sabemos contestar a tiempo: ¿cuánto vale lo que no pasó?
En México el equivalente a la FDA es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y de su operación alcanzamos a ver permisos, licencias, autorizaciones. Lo que produce en realidad es evaluación de riesgo: el juicio técnico sobre si la evidencia de un fabricante alcanza para permitir que su producto entre en contacto con cuerpos humanos. El registro sanitario es apenas el recibo de ese trabajo. Y como todo el trabajo de la salud pública, funciona con una regla cruel: cuando funciona, no se nota.
El 1 de noviembre de 2022 empezaron a aparecer casos de meningitis en cuatro hospitales privados de Durango. Casi todas las pacientes eran mujeres jóvenes recién operadas de cesárea, infectadas por un hongo a través de anestesia aplicada en la médula espinal. El saldo fue de ochenta afectadas y cuarenta y una muertas.
La respuesta federal fue rápida y fue correcta: la Cofepris analizó lotes, emitió alertas, clausuró los cuatro hospitales y el brote se contuvo. Pero un brote contenido sigue siendo un brote. La pregunta incómoda no es qué ocurrió después del 1 de noviembre, sino qué venía ocurriendo antes, en los quirófanos de esos hospitales privados.
El Sistema Federal Sanitario opera con treinta y dos brazos que tienen la facultad por ley y el presupuesto por convenio: el recurso baja desde el centro para que puedan ejercerla. Cuando llega en el último trimestre —y lleva años llegando tarde—, la comisión estatal recibe dinero que ya no alcanza a convertirse en visitas, en verificadores contratados, en muestras analizadas. Lo subejerce o lo gasta a las prisas, y las dos cosas se reportan como cumplimiento.
La institución que decide sobre medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, bebidas, tabaco, plaguicidas y químicos —actividades que rondan el diez por ciento del producto interno bruto— abrió 2026 con 748 millones de pesos autorizados, el presupuesto de un hospital regional de tamaño medio. Ese mismo año recaudará por sus servicios más del doble. Cobra como agencia y la presupuestan como oficina.
El resto dependía de que le devolvieran, por gestión y sin fórmula ni calendario, una porción de lo que ella misma genera. Cada año, la misma negociación. Cada año, el mismo desgaste.
Ese arreglo no es un problema moral, es de diseño. Ata la respiración de una institución preventiva al volumen de lo que autoriza, y no a los riesgos que evita. Se llegó ahí por acumulación de parches, que es como se construye casi todo en la administración pública. El efecto es que el país le pedía a su regulador sostenerse con lo que se ve, para financiar lo que no se ve.
Y aun con esa camisa de fuerza se avanzó. En el último año se revocaron 197 registros de plaguicidas altamente peligrosos y viene un segundo decreto de prohibidos. Eso no es negar un permiso nuevo: es retirar uno ya otorgado, contra intereses instalados, sabiendo que nadie podrá contar jamás cuántas intoxicaciones no ocurrieron. Y contra el rezago, la autorización para contratar algunas decenas de dictaminadores que empiezan en las próximas semanas, que es la forma más concreta de convertir un presupuesto en alguien leyendo un expediente.
Eso último ya no se consiguió con voluntad, se consiguió con recursos, que es la diferencia entre resistir y poder planear.
Hasta que, el pasado 8 de septiembre, ocurrió algo que no había ocurrido en una década.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, la Cofepris aparece con mil trescientos setenta y tres millones de pesos, por encima de cualquier asignación inicial desde 2015. Dicho de otro modo: por primera vez el presupuesto con el que arranca el año se parece a lo que la institución realmente gasta. Suena modesto. Es un cambio de régimen.
Los gabinetes de salud y de economía trabajaron juntos para hacer realidad el Plan México. Salud sostuvo el argumento de origen, el que debería bastar solo: un regulador debilitado no es un ahorro, es un riesgo epidemiológico. Economía puso sobre la mesa uno que nunca había entrado a la discusión presupuestal: sin capacidad regulatoria instalada no hay sustitución de importaciones ni posición mexicana defendible en la revisión del T-MEC. El propio Secretario lo ha dicho con una frase que incomoda por exacta: los sectores que regula la Cofepris pesan más en la economía que la industria petrolera.
Hizo falta que Economía dijera en pesos lo que Salud llevaba años diciendo en vidas. Durante décadas la regulación sanitaria se discutió como gasto corriente, una partida que competía con camas, vacunas y medicamentos, o sea, con cosas que se ven y se cuentan. Tratarla también como infraestructura productiva, del mismo orden que un puerto o una aduana, es otra manera de entender qué hace un Estado.
Dicho eso, tres cosas que no se pueden omitir.
El proyecto es aún proyecto: la Cámara discute, el decreto se define en noviembre y ese trecho ha sido históricamente accidentado.
El dinero no resuelve solo: más presupuesto sin rediseño de procesos produce una institución igual de lenta y más cara. Y lo mismo aplica río abajo. Si el presupuesto federal no se traduce en transferencias tempranas a las comisiones estatales, habremos fortalecido el centro y dejado intacto el punto donde de verdad se verifica.
Y la de fondo: regular es, en su núcleo, la facultad de decir que no. No a un producto que no demostró lo que prometía, no a una planta que no cumple, no a una publicidad dirigida a niños, no a una empresa importante en un momento inoportuno. Esa palabra cuesta dinero, cuesta llamadas y a veces cuesta la carrera de quien la firma. Un presupuesto digno sirve, entre otras cosas, para poder pronunciarla.
Conviene recordar por qué conocemos el nombre de Frances Kelsey. No lo conocemos porque haya evitado una catástrofe: lo conocemos porque la catástrofe sí ocurrió en otra parte. Sin los diez mil niños europeos, su expediente sería una carpeta más de una funcionaria terca y nadie le habría dado una medalla.
Las y los dictaminadores mexicanos trabajan con ese mismo anonimato, expediente por expediente, en las treinta y dos entidades y en el centro. Por eso el presupuesto que se propuso este septiembre no es un premio. Es una apuesta a ciegas sobre hechos que tal vez nunca vamos a poder comprobar, que es la única forma en que se apuesta por la prevención. México la hizo por primera vez en una década. Falta ver si en noviembre la sostiene, y falta algo más difícil: que dentro de cinco años, cuando no haya pasado nada, alguien todavía se acuerde de por qué.