Raymundo Riva Palacio, en El Financiero ha hecho la pregunta relevante: “Los amparos, ¿de parte de quién?”. Estamos hablando de los amparos que no promovieron Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, pero que alguien buscó a nombre de ellos —ahora sabemos que suplantando la identidad del abogado zacatecano Francisco Rodríguez Smith MacDonald—.
Es buena la pregunta de Raymundo, pero desgraciadamente su respuesta me parece desinformada y, por lo tanto, incorrecta: “El gobierno no puede actuar en defensa de ciudadanos sin representación oficial, salvo que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador presentaran una denuncia ante el ministerio público federal —que no han hecho—”.
No han denunciado los López Beltrán, pero sí lo hizo, para quejarse de la fábrica de amparos de Zacatecas, el abogado Rodríguez Smith MacDonald.
Pero, más allá de tal denuncia, por la relevancia política del caso me parece que a la Fiscalía General de la República, para empezar a investigar, le bastaría con lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa mañanera —la cita Riva Palacio—: “Tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué”.
Si no bastara con la legítima exigencia presidencial —que obviamente obedece a que el asunto apunta mucho más allá de amparos cuchufletas: hay razones para pensar en intentos de desestabilización política—, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, cuyo equipo ha demostrado habilidad para llegar al fondo de asuntos complejos, debería atraer la denuncia por robo de su identidad que ha presentado en la fiscalía zacatecana el abogado Rodríguez Smith Macdonald.
No soy experto en derecho. Conozco abogados penalistas importantes, pero no seré tan imprudente como para llamarles a esta hora —escribo a las 4:30 am del viernes 19 de septiembre—. Entonces, consulto a Google.
Ignoro si los famosos amparos se presentaron en forma digital o por escrito en las oficinas de los juzgados. En varias partes he leído que se hizo vía internet. Si fuera el caso, estaríamos ante lo que se considera el delito por excelencia del siglo XXI, que es el robo cibernético de identidad. Esto lo leí en un documento de la UNAM, en el que así lo explicó Fabián Romo, de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la principal casa de estudios avanzados de México.
Según la inteligencia artificial de Google, el robo o suplantación de identidad puede ser tanto un delito del fuero común como de competencia federal. El abogado Francisco Rodríguez Smith Macdonald denunció en la fiscalía de Zacatecas, lo que significa que para él se trata de un delito del fuero común. Suponiendo que tuviera razón, la FGR no debería batallar demasiado para encontrar argumentos que le permitieran atraer el caso porque involucra a juzgados federales y, desde luego, por su relevancia política.
Si los amparos fueron solicitados digitalmente se facilitarían las investigaciones de una dependencia como la encabezada por Gertz Manero que cuenta con personal calificado y sistemas sofisticados para seguir la pista a cualquier cosa que se haga en internet. Por lo demás, este asunto no sería tan complejo porque hay requisitos mínimos para realizar trámites en las páginas de la judicatura.
Claro está, si los amparos se presentaron por escrito y sin firma, la indagación podría complicarse, pero no resultaría imposible que tuvieran éxito policías expertos como los que colaboran en la FGR.
Una vez realizada esa investigación, además de perseguir a quien resultara culpable de haber robado la identidad al abogado Rodríguez Smith Macdonald, el fiscal Gertz Manero quizá tendría que informar al TDJ (Tribunal de Disciplina Judicial), presidido por la magistrada Celia Maya García, para que ella y el resto de quienes integran ese tribunal tengan elementos para analizar hasta dónde llegan los abusos en la fábrica zacatecana de amparos y en otras factorías de suspensiones judiciales que solo sirven, en los hechos, para evitar que delincuentes con dinero sean castigados con cárcel.
Es muy conocido el vicio de buscar amparos en entidades federativas distintas a las que corresponden las autoridades responsables. A alguien, por ejemplo, se le acusa en Monterrey, Nuevo León, pero sus abogados tienen contactos en Chiapas y en este estado lo amparan. Ridículo, pero eficaz para garantizar impunidad.
Cambiará pronto la Ley de Amparo. Ojalá se establezcan candados fuertes para que no vuelvan a presentarse fraudes a la ley tan burdos. Mientras eso ocurre, el TDJ debe ya investigar y sancionar a personas juzgadoras federales que en Zacatecas, o en cualquier parte, estén abusando al proteger bandidos. Tienen la palabra quienes integran el Tribunal de Disciplina Judicial, además de su presidenta Celia Maya, las magistradas Eva Verónica De Gyves Zárate e Indira Isabel García Pérez, y los magistrados Bernardo Bátiz y Vázquez y Rufino H. León Tovar. Basta ya de abusos.