El juicio de amparo constituye, desde el siglo XIX, una de las instituciones más relevantes del constitucionalismo mexicano y una aportación reconocida a nivel mundial. Desde que Manuel Crescencio Rejón lo concibiera en Yucatán y Mariano Otero lo incorporara en la Constitución de 1857, el amparo ha sido considerado una garantía fundamental para la protección de los derechos individuales frente a los abusos del poder público.
La doctrina mexicana y extranjera lo ha caracterizado como el “procedimiento de defensa de la Constitución” (Fix-Zamudio, 1978), o como un “escudo de los derechos fundamentales” en palabras de Eduardo Pallares. En el derecho comparado, el amparo mexicano ha inspirado instituciones análogas como la acción de tutela en Colombia o el recurso de amparo español, consolidando su prestigio como innovación jurídica de alcance universal.
Sin embargo, las recientes modificaciones aprobadas en el Senado a la Ley de Amparo, especialmente, la posibilidad de retroactividad en juicios vigentes, alteran los principios esenciales de certeza y de irretroactividad de la ley, consagrados en el artículo 14 constitucional. La seguridad de que un ciudadano puede acudir al amparo para detener violaciones a sus derechos pierde fuerza cuando el propio proceso se convierte en rehén de intereses coyunturales o de mayorías legislativas.
La amenaza de la retroactividad
La irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna ha sido una piedra angular del constitucionalismo liberal mexicano desde 1857 y ratificada en 1917. Romper este principio abre la puerta a que actos previamente protegidos queden desprotegidos de manera súbita, minando la confianza no sólo de los ciudadanos, sino también de los inversionistas nacionales y extranjeros que requieren reglas claras y estables.
Precedentes en América Latina
El debilitamiento del amparo o de figuras equivalentes no es un fenómeno nuevo. En Venezuela, Hugo Chávez reformó la acción de amparo para restringirla, subordinando al Poder Judicial. En Nicaragua, Daniel Ortega manipuló los recursos constitucionales para perseguir opositores. En Bolivia, Evo Morales promovió elecciones judiciales controladas por el oficialismo, eliminando la independencia de los jueces.
México corre el riesgo de seguir esta misma senda: un autoritarismo legalista, donde los mecanismos de control constitucional son vaciados de contenido, pero formalmente conservados para dar apariencia de legalidad.
Impacto económico y comercial
La incertidumbre jurídica derivada de estas reformas no es un asunto meramente académico. La inversión extranjera directa, los contratos de energía, telecomunicaciones o infraestructura y la participación de México en el T-MEC, requieren certidumbre en la protección de los derechos adquiridos. La posibilidad de que un amparo ya en trámite pueda ser anulado o alterado retroactivamente envía una señal negativa a los mercados internacionales: México se vuelve un país imprevisible en materia legal.
El riesgo país aumenta cuando las instituciones de control judicial se subordinan a la política de coyuntura. Las agencias de calificación, los organismos multilaterales y los grandes fondos de inversión valoran no sólo la estabilidad macroeconómica, sino la solidez del Estado de derecho. En ese sentido, la reforma amenaza con traducirse en menores flujos de capital, en un aumento del costo del financiamiento y en una reducción del crecimiento económico.
Conclusión
La historia del amparo en México es la historia de la lucha por la libertad y el respeto a los derechos fundamentales. Alterar sus bases mediante la retroactividad equivale a socavar un legado que ha dado prestigio internacional a nuestro país. Más allá de la técnica jurídica, esta reforma proyecta un talante autoritario y coloca a México en la misma trayectoria que otras experiencias latinoamericanas donde la captura del Poder Judicial precedió a la erosión de la democracia.
Hoy más que nunca es necesario advertir que sin amparo no hay seguridad jurídica, sin seguridad jurídica no hay inversión y, sin inversión, no hay crecimiento ni desarrollo sostenible.