“El Estado no se define por lo que promete, sino por lo que es capaz de controlar.”
Max Weber
Guatemala declaró estado de sitio en todo el país. Suspensión de garantías, despliegue total de fuerzas de seguridad, control territorial, detenciones sin orden judicial. El Estado —acorralado— hizo algo elemental: admitió que perdió el control.
Y entonces surge la pregunta incómoda, casi insolente: ¿en México deberíamos sentir envidia?
No, por supuesto que no. Nadie envidia motines carcelarios, policías asesinados ni pandillas desafiando abiertamente al poder. Pero si se permite el sarcasmo, la envidia no sería por la violencia, sino por algo que aquí parece prohibido: la decisión política de reconocerla.
Guatemala acepta que las maras desafían al Estado y responde con una medida extrema. México vive algo peor —mucho peor— y responde con conferencias matutinas, eufemismos y estadísticas a modo.
Allá, las pandillas atacan al Estado. Aquí los cárteles son el Estado en amplias regiones del país.
Cobran impuestos ilegales, regulan economías, controlan territorios, imponen horarios y castigos. Pero desde Palacio Nacional se insiste en que “vamos bien”, que “no pasa nada”, que “antes era peor”. Andrés Manuel López Obrador convirtió la negación en ideología. Claudia Sheinbaum la administra con tono técnico.
Guatemala decreta estado de sitio porque reconoce una amenaza sistémica. México se aferra a la ficción de la normalidad mientras acumula más de 180 mil homicidios, decenas de miles de desaparecidos y zonas enteras fuera del control gubernamental.
Allá suspenden derechos porque el Estado se declara en emergencia. Aquí se conservan las formas democráticas mientras la sustancia se descompone. Una democracia escenográfica, donde todo sigue “funcionando” aunque nadie mande realmente.
Conviene decirlo con todas sus letras: no se prefiere un estado de excepción, ni un país donde los militares patrullen la vida civil, suspendan derechos o sustituyan a la autoridad democrática. Eso no es una solución, es otra forma de deterioro. La comparación con Guatemala no es una apología del autoritarismo, sino un espejo incómodo sobre algo previo y más básico: la voluntad de admitir que existe una crisis de control estatal.
El contraste es demoledor. Guatemala, más pobre y más frágil, tiene un gobierno que se atreve a decir: fracasamos. México, con más recursos, más fuerzas armadas y mayor presupuesto, se niega siquiera a pronunciar la palabra “crisis”.
Porque admitirla implicaría asumir responsabilidades. Implicaría reconocer que la política de “abrazos, no balazos” no pacificó al país, sino que lo fragmentó. Implicaría aceptar que la militarización sin estrategia civil no resolvió nada. Implicaría reconocer que el monopolio de la fuerza ya no es del Estado.
Y eso no va a pasar. No con este régimen. Aquí viene el trascendido —no como chisme, sino como lectura anticipatoria—: la narrativa de seguridad del nuevo gobierno no va a cambiar, va a maquillarse. Se hablará de “inteligencia”, de “coordinación”, de “prevención”, de “causas estructurales”. Pero no habrá reconocimiento del colapso, porque hacerlo significaría desmontar el relato fundacional del obradorismo.
El silencio no es omisión: es estrategia. El estado de sitio guatemalteco es una confesión tardía del fracaso. En México, el fracaso se volvió paisaje. Fosas clandestinas, pueblos desplazados, candidatos asesinados, policías coludidos: todo normalizado.
Guatemala actúa tarde, pero actúa. México niega temprano… y niega siempre.
¿Debemos sentir envidia? No del estado de sitio. Pero sí de algo que aquí está en extinción: la capacidad del Estado de decir la verdad sobre sí mismo.
En México no hay estado de sitio porque eso exigiría admitir lo evidente.
Y hoy, lo único verdaderamente prohibido es llamar a las cosas por su nombre.