México enfrenta apagones recurrentes, déficit creciente de capacidad y una dependencia externa que contradice el discurso de soberanía. El país avanza en sentido contrario al desarrollo y, lo cierto es que, un país sin energía suficiente, confiable y competitiva está condenado al estancamiento.
Ideología en lugar de planeación
La estrategia de la 4T avanzó por dos rutas. La primera, formal y estructural, desmontando un modelo mixto que permitía, como en economías desarrolladas, la participación privada en generación eléctrica, dejando al Estado la transmisión y distribución, para sustituirlo por una visión ideológica que frenó la transición energética, canceló proyectos de energías renovables y bloqueó inversiones, a la par que dejó de invertir en las áreas que garantizan la soberanía energética: transmisión y distribución.
Como resultado, la energía que se habría generado a partir de las subastas eléctricas quedó sin salida y se cancelaron más de 200 proyectos, para en su lugar, privilegiar la generación a partir de combustóleo, diésel y carbón, las fuentes más caras, ineficientes y contaminantes del sistema.
Opacidad
La segunda vía fue aún más grave, la construcción de un andamiaje opaco y clientelar que abrió la puerta a negocios paralelos como el huachicol fiscal, la asignación discrecional de proyectos estratégicos a empresarios cercanos al poder y a obras redundantes o carentes de lógica técnica.
Las consecuencias, devastadoras: concentración y asignación directa de contratos, corrupción, endeudamiento de Pemex y CFE y, lo más alarmante, un déficit creciente de energía: Yucatán, es un ejemplo, enfrentando el riesgo de colapso el próximo verano.
Fin de los contrapesos
Todo este viraje se justificó con un discurso ideológico ajeno a cualquier lógica técnica, económica o comercial. Las reglas del juego se modificaron de forma en que ningún proyecto energético puede ser totalmente privado; todos deben asociarse de manera forzosa con Pemex o la CFE. La disposición se tradujo en reformas legales y regulatorias que inhiben la inversión, eliminan la competencia y concentran el poder en el ejecutivo.
La desaparición de organismos autónomos y la creación de una Comisión Nacional de Energía subordinada a la SENER, profundizaron la incertidumbre regulatoria, aunado a que el trato preferencial a Pemex y CFE desincentiva inversiones de largo plazo.
Dependencia disfrazada de soberanía
Hoy México es más dependiente que nunca. En los últimos siete años se duplicaron las importaciones de gas natural, alcanzando más del 70% del consumo nacional. Lo mismo ocurre con derivados del petróleo. Y, a pesar de que el presupuesto energético ha crecido, la opacidad impide evaluar su impacto real.
En este contexto, el gobierno presentó un esquema de inversión mixta para el sector eléctrico que busca añadir 7,500 MW de capacidad, exactamente lo mismo que se habría logrado con las subastas canceladas en 2018, con una inversión de hasta 1.7 billones de pesos en 2026 y más de 30 mil millones de dólares hacia 2030, bajo un esquema que mantiene al Estado como socio mayoritario y sin garantías reales a los privados.
Es decir, tras llevar a Pemex y la CFE a una crisis financiera, ahora buscan capital bajo condiciones inaceptables: sin certidumbre jurídica, sin control operativo y con la posibilidad de disolución unilateral. Un modelo que contraviene principios que ya se discuten en torno a la revisión del T-MEC.
No sorprende que los primeros beneficiarios sean grupos cercanos al poder, como Carso, C5M —de reciente creación— y Petrolera Miahuapan, vinculada a Vitol, una firma con antecedentes de corrupción internacional.
El espejo cubano
Un ejemplo cercano de esta política es Cuba. La isla vive desde hace años un colapso estructural del sistema eléctrico: plantas obsoletas, dependencia total de combustibles importados y apagones crónicos. Cuba ha sobrevivido gracias a dádivas externas, primero soviéticas, luego venezolanas y, más recientemente, de países aliados.
En ese marco se inscribe su relación con México. Aunque el gobierno afirme que se trata de ventas, la opacidad contractual y los esquemas de crédito generan dudas legítimas sobre si Pemex —endeudada y con pérdidas— puede asumir el papel de proveedor solidario. La narrativa de la ayuda humanitaria diluye la frontera entre cooperación y uso político de los recursos energéticos del Estado.
México se encamina a una crisis energética. No por falta de recursos, sino por decisiones políticas que por lealtad ideológica sustituyeron la planeación técnica y la responsabilidad primera de velar por el bienestar nacional.
X: @diaz_manuel