Se dice que las leyes electorales son el instrumento más evidente de manipulación política. En efecto, la historia demuestra lo cierto de esa frase, basta recordar la llamada Ley Acerbo de 1923 en Italia, que fue el instrumento para reconvertir la representación de los fascistas en el Congreso italiano a fin de lograr una amplia sobrerrepresentación y así obtener el predominio político; también Alemania. En 1933, promovió una Ley de Excepción como el instrumento para dotar al gobierno de facultades legislativas sin pasar por el Congreso; sobre esa base se expandió el nazismo ya sin sometimientos a límites o contrapesos políticos.
En contraparte, también pueden servir de base para alentar la vida democrática; tal vez un caso paradigmático de esto lo sea México, pues habitando un régimen autoritario en la primera fase de la etapa posrevolucionaria, fueron las reformas electorales la pieza maestra para lograr un paulatino traslado hacia un régimen democrático caracterizado por la consolidación de un sistema plural de partidos en un marco competitivo y con alternancia de las fuerzas políticas en el poder.
La ruta mexicana no fue producto de un pacto de transición, aunque sí se trató de un largo trayecto caracterizado por la elevación constante de la calidad de las instituciones encargadas de regular las elecciones, así como también se manifestó en la mejoría de los procesos electorales, la recomposición del sistema de representación y del fortalecimiento e institucionalización de los partidos políticos como entidades de interés público, entre otros aspectos.
Se trata de un camino iniciado en 1946 cuando se creara la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, como entidad especializada de carácter federal, encargada de organizar las elecciones; ella significó un parteaguas que dejó atrás el modelo descentralizado que había primado hasta entonces y que asemejaba el proceso electoral mexicano con algunas pautas del norteamericano, en cuanto a la participación y peso de las instancias locales.
Las elecciones estaban inscritas en una ruta de conflictos reiterados, al grado que algunos comicios derivaban en actos de toma de protesta de candidatos electos bajo el amparo de cuerpos militares; las reyertas en los Colegios Electorales eran comunes, el caso tristemente célebre de Jorge Meixueiro que contendiera para ser diputado federal por Oaxaca en 1943 candidateado por el PRM y que, en el debate celebrado en el Colegio Electoral para calificar su elección, pidió subir a la tribuna para defender su caso y, dándose cuenta de que había sido negociado, decidió darse un balazo en plena tribuna, lo que plasma el dramatismo y la intensidad que se vivía en las disputas políticas.
Así, encaminar a México por la vía democrática tenía como uno de sus requisitos mejorar la calidad de los procesos electorales; pero, a su vez, el imperativo de brindar cauce a la expresión en el Congreso de las diferentes corrientes políticas, supuso modificar el sistema de representación, pues con el método mayoritario, entonces vigente, se premiaba el dominio de la fuerza gobernante en menoscabo de otras expresiones políticas que buscaban gravitar, lo que de ser impedido generaba distorsiones y tensiones en el sistema político.
El hecho es que a partir de 1964 se inició una ruta hacia la pluralidad, que después se perfeccionó con la reforma de 1977, donde se creó el sistema electoral mixto que combinó el de mayoría con el de representación proporcional. Un nuevo paso en tal dirección se produjo con la reforma de 1986 que elevó el número de diputados de 400 a 500, de los cuales 300 corresponden a los distritos uninominales de mayoría, y 200 a los de representación proporcional.
Lo que interesa destacar aquí es que mediante las distintas reformas electorales fue posible que México pudiera llevar a cabo un proceso de alternancia política del partido en el gobierno, tal y como ocurriera en el 2000, en un marco de funcionamiento regular de las instituciones y en condiciones de estabilidad política y sin que el desplazamiento del partido que había ostentado el poder por más de siete décadas significara un obstáculo. México experimentó una larga transición política que significó una constante elevación de la calidad de la democracia electoral en un ambiente de amplia colaboración entre las distintas fuerzas políticas y de plena disposición del PRI como partido que se había significado por su carácter hegemónico, al grado de congeniar con una reforma como la de 1996 que le retiraba viejas ventajas, conduciéndolo a la intensa competencia política.
Nuevas reformas acreditaron la validez de insistir en las adecuaciones a la legislación electoral como la vía para resolver, en el consenso de la pluralidad política, los problemas o insuficiencias que se presentaron en los procesos electorales. El problema es que ahora se intentan impulsar nuevas modificaciones a la normatividad electoral, al margen de un consenso mínimo entre la pluralidad política y, por tanto, como acto prepotente de dominio del partido en el gobierno, a partir de sustentarse en una supermayoría ilegítima desde la sobrerrepresentación de su correlación de fuerzas frente a los partidos de oposición, al tiempo de propiciar la disminución de la presencia de estos.
La dictadura de las mayorías que ya advertía Tocqueville tiene clara expresión en México con el gobierno y su partido. La forma que tuvieron estos últimos para construir su predominio, ya forma parte de un capítulo ominoso de nuestra historia. Se sirvieron de un mecanismo avieso para convertir una fuerza del 54% en una representación del 73% en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado hicieron uso de métodos gansteriles o propios de pistoleros para hacerse de los senadores que les hacía falta para alcanzar la mayoría calificada.
Nada bueno puede esperarse de quien así ha procedido en la materia de una nueva propuesta de reforma electoral, máxime que el desplante autoritario que los acompañó en la reforma del poder judicial, en la Ley de Amparo y en la desaparición de los organismos autónomos deja constancia de su carácter indómito y de construir un dominio a toda costa. En efecto, la dictadura de la mayoría.