En Die Zeit, un abogado que se queja del sistema judicial de Alemania, recordó una frase de su antiguo profesor —creo que se refería al jurista Karl Lackner—: “Si te ves obligado a demostrar que uno más uno es igual a dos, ya has perdido”.
Esa es absolutamente una verdad que aplica a la demostración jurídico-matemática que desarrolló todo el aparato de justicia de Estados Unidos: que el fin del crimen organizado es la violencia y no el dinero. Por eso los gringos van perdiendo su guerra contra las drogas.
El abogado Antonio Holguín, en la revista El Mundo del Derecho, de El Heraldo de México, cuestionó a los sistemas de justicia penal que persiguen solo la violencia, es decir, que ignoran la lógica económica del delito.
Tiene razón Holguín: el fin del crimen organizado no es la violencia —¡no es matar, no es asesinar, no es aterrorizar!, suponiendo sin conceder que tengan razón los estadounidenses en que hay terrorismo en las bandas del narcotráfico—.
La violencia es nada más un medio; el fin es el dinero. El crimen organizado lo que busca es incrementar utilidades. Y de esto no se ocupan quienes disparan las pistolas, usan las metralletas, operan drones con explosivos y se enfrentan a las Fuerzas Armadas con locura suicida porque, es un hecho, en el combate no pueden con el Ejército mexicano.
El mundo ha avanzado en la persecución de lavadores de recursos, pero tristemente sigue habiendo demasiada ceguera burocrática relacionada con este delito, sobre todo en EEUU, que tiene verdaderas tintorerías monetarias en Delaware, Wyoming, Nevada y South Dakota y cuyos sistemas financieros a nivel nacional parecieran estar capturados por el dinero ilícito.
Las tesis de la DEA y del famoso Department of Justice —alias DOJ— son la biblia de la comentocracia mexicana, aunque ambas instituciones fallen al diagnosticar que el gran problema del crimen organizado es la violencia y no el dinero. Es decir, para EEUU, el objeto del deseo son los sicarios y los capos que no sobrevivirían sin los recursos que obtienen del lavado. Pero en los niveles más altos del gobierno del vecino del norte nada se hace contra las tintorerías bancarias, porque el banquero, para el sistema estadounidense, es absolutamente indispensable.
Y así, Estados Unidos aplaude la captura de cualquier sicario de cualquier nivel y exige más y más, recientemente politizando de manera muy vulgar ese proceso. Y entonces acá, en México, nos enloquecemos, ya sea porque nos agraden o repugnen los aplausos y las exigencias de Gringolandia.
En ambos países estamos atrapados en la dinámica comunicacional de celebrar diariamente arrestos y más arrestos de pistoleros o de líderes de bandas —como el Chapo Guzmán y otros menores que ocupan espacio en los medios y cuyos nombres olvidamos de inmediato—. A diario surge uno nuevo sin que prestemos atención al efecto hidra: cada detención o inclusive cada muerte de un capo, de un pistolero o de un sicario, lo único que provoca es el surgimiento no de otro que lo reemplace, sino de otros, y a veces bastantes otros. En cambio, al banquero, al financiero, se le deja en paz.
La DEA y el DOJ decidieron demostrar que uno más uno no es igual a dos; es decir, que el problema no está en el fin del crimen organizado, que es el dinero, sino en el medio, que es la violencia.
Pero solo combatir la violencia genera a la larga más violencia, mientras que dejar sin perseguir al dinero incrementa el problema.
Recordemos que los Acuerdos de persecución diferida (Deferred Prosecution Agreements) han sido un mecanismo utilizado por el Departamento de Justicia de nuestros vecinos para procesar sin castigar realmente a grandes instituciones bancarias implicadas en operaciones relacionadas con lavado de dinero.
Es decir, en EEUU se suspenden los cargos penales contra la entidad financiera acusada, a cambio de que el banco admita su responsabilidad, pague una multa y acepte que se le vigile. Sí, el banco paga, lo suma como un costo, se lo carga al público y continúa funcionando como si nada.
¡Ningún alto ejecutivo bancario va a prisión y a la gente le sale todo más caro tanto en los servicios bancarios que consume como en términos de violencia en las calles!
Con los Deferred Prosecution Agreements, el banco “sancionado” tarde o temprano vuelve a lavar dinero porque está en su naturaleza, como el alacrán. Pone si quiere otra vez en marcha la tintorería y, si se le vuelve a agarrar con las manos en la masa, llega otra vez a un acuerdo de persecución diferida y paga la multa, continuando con lo de siempre porque ningún banquero de gran nivel va a prisión acusado de lavado. Ninguno.
Esa sería la nota: cárcel para un alto banquero de cualquier institución bancaria del mundo —de EEUU, de México, de Alemania, de Reino Unido—. Sería algo extraordinario. Pero dicen en EEUU la misma fábula que nos contaron en México con el Fobaproa: demasiado grande para ir a la cárcel. Así se narró, casi textualmente, cuando en 2012 se demostró que HSBC había lavado unos 881 millones de dólares de cárteles del narcotráfico. HSBC firmó un acuerdo de persecución diferida por cinco años, pagó mil 900 millones de dólares, aceptó un supervisor y siguió como si nada.
El entonces fiscal general de EEUU, Eric Holder, admitió ante su Congreso que el tamaño de HSBC influyó en la decisión de no llevar a la cárcel a nadie, ya que ello habría podido provocar graves consecuencias para el sistema financiero. Ni la burla perdonan.
¡Siempre nos asustan con la desestabilización del sistema financiero cuando se trata de castigar bancos!
Antes, en 2010, al banco Wachovia —luego adquirido por Wells Fargo— lo pescaron en lo mismo. Protagonizó uno de los mayores escándalos de bancarización de efectivo ilícito: Wachovia procesó más de 378 mil millones de dólares a través de casas de cambio en México mediante transferencias, cheques de viajero y depósitos en cash. Y sí, Wachovia pagó una multa mínima, 50 millones de dólares, tras alcanzar un acuerdo, además de entregar 160 millones de dólares. Siguió adelante. El banco dijo que fallaron sus sistemas; en EEUU le compraron el, a mi parecer, falaz argumento, y ningún banquero fue castigado con prisión.
La filial en Estonia del danés Danske Bank, entre 2007 y 2015 canalizó más de 200 mil millones de euros de fondos sospechosos rusos hacia mercados occidentales. El banco se declaró culpable y acordó pagar más de 2 mil millones de dólares en acuerdos combinados con las autoridades del Departamento de Justicia y la famosa Securities and Exchange Commission, alias SEC.
La criminalidad de la calle se combate con todo, a sangre y fuego —sin importar si caen personas inocentes—, y se presume que se arrestan y arrestan y arrestan delincuentes, lo que no resuelve el problema. Y mientras, la infraestructura bancaria —que es la que se lleva las ganancias, la que mantiene a los cárteles, la que los financia, la que les presta dinero para que compren armas poderosísimas—, toda esa élite bancaria queda sin castigo.
Eso equivale a demostrar que 1 + 1 ≠ 2. Gran aportación a la matemática y a la ciencia jurídica de la DEA, la SEC y el DOJ, que han dedicado muchísimos recursos a tan sapiente demostración.
Y así estamos. Sin que el arresto de cada día más sicarios o de cada día más capos importantísimos del narco nos ponga en en vías de solucionar el problema real: el lavado del dinero de las mafias.
La matemática de la justicia de EEUU está totalmente distorsionada. Ya va siendo hora de que los vecinos lo entiendan.