Todos estamos en contra de las noticias falsas. Es un hecho que la honestidad y la veracidad son apreciadas no solo al momento de consumir información, sino como principio intermediador de todas nuestras interacciones sociales. Despreciamos la mentira no solo por su contenido falso, sino principalmente por las intenciones que aquella pudiera tener.
Días antes de la presentación de Lineamientos sobre derechos de las audiencias, durante un curso de posgrado de Escritura Argumentativa, el doctor Víctor Hugo Rivas decía que aun las noticias falsas parten de una verdad, y que esa verdad es la intención con la que se dispersan. Explicaba que la noticia falsa parte de un hecho verdadero y que tan solo aquella podría surgir o desde la malicia, cuando deliberadamente se pretende mentir o en su caso, desde la ignorancia, originada de una doble falta que es la de no conocer algo e inventar y encima convertirlo en noticia falsa y difundir aquella versión, algo doblemente grave. Por ello, insistía en la importancia de cuidar el término verdad, de no vaciarlo ni desgastarlo, pues es precisamente eso lo que está en juego cuando se disputa el sentido de lo que consideramos cierto.
Si pensamos en el derecho a la verdad, aquel se transgrede cuando circula una noticia falsa. Acorde con esta idea, quien la emitió tenía la intención de manipular o de hacer pensar algo sobre alguien, y eso se apoya en una verdad más grande, el origen o el motivo de la noticia falsa, una verdad que antecede a la noticia falsa, una verdad que, sin dejar de ser verdad, permanece oculta. Esa es la verdad que debe buscar el periodismo de investigación y la propia ciencia social, pues no es evidente y a veces, no coincide con las posturas oficiales. Las noticias falsas, entonces, son manipulación optimizada. Lo comprobable en ellas no es la falsedad del contenido; es la intención que las mueve. Las noticias falsas son la clave dentro del gran cúmulo de temas que contienen los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, sometidos a consulta pública abierta del 27 de julio al 21 de agosto (20 días).
Aquellos lineamientos serán, en palabras de la consejera jurídica Luisa Alcalde, los que marquen la ruta para hacer efectivo el derecho a la verdad y a la información, entre otros. Los lineamientos intentan precisar conceptos de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025 para evitar laxitud, subjetividad o discrecionalidad al interpretarla. Serán obligatorios para televisión abierta, radio y televisión y audio de paga, además de las programadoras, en usos comercial, público y social. Aunque no se mencionan los portales de internet, que son la principal fuente de noticias falsas, quedaron a discusión y podrían sumarse después.
El problema es que no siempre hay un consenso sobre la verdad. Incluso respecto del mismo hecho convergen varias verdades, tan ciertas para cada parte que las relata como ocultas en las intenciones que las animan. Hay verdades que cambian conforme a la perspectiva, porque ser humanos implica el ideal imposible de la neutralidad. Los hechos y la vida solo se experimentan a través de los sentidos, y los sentidos dan lugar a tantas verdades como partes hay en un acontecimiento. No es la misma verdad del fraude de 2006 la que tiene AMLO frente a la que tienen Luis Carlos Ugalde o Felipe Calderón. Para unos, los modelos matemáticos probaron el fraude; para otros, jamás lo hicieron. Incluso esa, la de los números, es una de tantas verdades.
Entonces los nuevos lineamientos han abierto el debate más filosófico posible. Uno que no tiene solución final, porque en la ecuación de las verdades hay variables desconocidas. Encima, interpretar una ley o un reglamento podría leerse como opinión o como desinformación. En todos los grises hay una ventana grande para la subjetividad.
Ante el incumplimiento, la norma prevé un procedimiento escalonado en el que la multa es el último recurso. Primero interviene la defensoría de cada medio; solo si el concesionario desatiende sus recomendaciones y la violación persiste, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sanciona. La sanción se detona cuando una concesionaria difunde información falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual, y alcanza multas de entre el 0.01% y el 1% de los ingresos acumulables de la empresa.
Conviene reparar en quién sostiene ese lápiz. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ya no es el antiguo Instituto autónomo. Hoy es un órgano desconcentrado que depende de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El árbitro de la verdad dejó de ser independiente del gobierno cuyo relato está en juego.
Queda entonces la cuestión real que ningún lineamiento resuelve. Si sobre un mismo hecho conviven varias verdades, lo correcto no sería rendirnos a que la verdad es relativa, pero tampoco podríamos permitir que la desinformación y aquellas editoriales que parten desde la aversión mientan o deformen hechos deliberadamente. Si lo único comprobable es la intención que las mueve, ¿qué verdad protege una autoridad que ya no responde solo a las audiencias, sino también a quien la nombró? ¿Quién vigila al que decide, en la zona gris, dónde termina la información y comienza la mentira?