El pasado 29 de noviembre el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma que modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Este cambio supone la inclusión de la violencia vicaria como ataque contra las mujeres en la capital del país.

A raíz de una propuesta abanderada por un grupo de valientes mujeres, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local hizo posible el voto de los 43 legisladores capitalinos, con cero abstenciones y cero votos en contra, lo que representa un logro extraordinario en la lucha en favor de los derechos de las mujeres.

La violencia vicaria no es un fenómeno nuevo en México, sino que se inserta en el contexto del abuso sistemático cometido contra las mujeres. Según lee el primer párrafo de la fracción X del artículo 60 de la citada ley: “Es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o haya mantenido una relación de hecho o de cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona, que provoque la separación de la madre con sus hijos o hijas o persona vinculada sentimentalmente a la mujer, a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato o amenaza, o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos que retrasen, obstaculicen, limiten o impidan la convivencia, para controlar, dañar a la mujer, ocasionando un daño físico o psicoemocional… así como desencadenar el feminicidio u homicidio de los hijas e hijos perpetrados por su progenitor”.

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En otras palabras, y a la luz de los testimonios de las víctimas, la violencia vicaria resulta del maltrato perpetrado por el padre de familia contra la madre utilizando a los hijos menores como medio de chantaje para dañarla emocionalmente, y con ello, ganar terreno esgrimiendo razonamientos ligados con la salud mental de la mujer. Sin embargo, la reforma va más allá, pues no únicamente contempla el daño psicológico, sino que aborda las acciones del abusador dirigidas a obstaculizar o ralentizar la defensa de la víctima.

Desafortunadamente este fenómeno de violencia parece crecer numéricamente en México. Sin embargo, a raíz de las acciones de los legisladores de la Ciudad de México, las mujeres capitalinas contarán con elementos jurídicos que facilitarán su defensa y podrán combatir frontalmente a sus agresores.

En este tenor, la Ciudad de México se ha sumado a los estados de Morelos, Campeche, Yucatán, el Estado de México, Hidalgo y Zacatecas en la futura tipificación (una vez que las nuevas disposiciones hayan sido incluidas en el Código Civil local) de esta práctica que tanto daña a las familias, y sobre todo, a las mujeres y a los menores de edad.

La violencia de género cobra muchas formas y continuará siendo una problemática grave que lastima a las mujeres mexicanas. Sin embargo, la sociedad civil organizada, y si se quiere, con la buena voluntad de los legisladores, los poderes públicos habrán dado pasos agigantados para desterrar la violencia vicaria en nuestro país.