Hay episodios que revelan, mejor que cualquier discurso, la naturaleza de una institución. El caso de Mónica Calles Miramontes es uno de ellos. Abogada y periodista, Calles representa a una extrabajadora del Instituto Nacional Electoral que denunció acoso laboral y despido injustificado dentro del organismo que, se supone, custodia la democracia mexicana. Su delito, si es que puede llamarse así, fue hacer público lo que documentó: fragmentos de una diligencia administrativa realizada en las propias instalaciones del INE.
La respuesta del aparato estatal no se hizo esperar. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en su contra apenas tres días después de que difundiera el video de esa diligencia laboral. Tres días. Compárese esa velocidad con la parálisis crónica de la FGR en expedientes que sí deberían quitarle el sueño al país —como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, congelado desde hace años— y el mensaje queda claro: el aparato de justicia mexicano corre cuando se trata de silenciar a una crítica incómoda, y camina con muletas cuando se trata de investigar al poder.
Lo verdaderamente inquietante es de qué se le acusa. Calles asegura que, tras acceder a su carpeta de investigación, la imputación en su contra está relacionada con la supuesta amenaza de publicar en redes sociales una audiencia realizada con funcionarios del INE. Es decir: se le persigue penalmente por el delito de… informar. La propia abogada ha señalado que no se le atribuyen amenazas contra una persona o su ámbito privado, sino el anuncio de que subiría a redes una audiencia de funcionarios públicos. Como ella misma ironizó, eso ni siquiera es un delito.
Y por si el mensaje no quedara suficientemente claro, la maquinaria fue más allá: la FGR solicitó a la red social X borrar ocho publicaciones de la abogada y retirar sus cuentas, mientras que, según su propio relato, desde el INE se exigió el bloqueo y suspensión de todas sus cuentas en redes sociales —X, Facebook, YouTube y TikTok—, desde donde se dedicaba a cuestionar con fundamentos las decisiones del instituto. No es moderación de contenido: es un intento de borrar a una voz crítica del espacio público. La medida cautelar impuesta llega al extremo de permitir el uso de la fuerza pública si los funcionarios lo solicitan, un precedente que debería alarmar a cualquier periodista, litigante o ciudadano que se atreva a grabar un abuso de autoridad.
El caso ya trascendió las redes sociales. El partido Somos llevó la denuncia contra la actuación de la FGR ante el propio Consejo General del INE, mientras que la senadora Lilly Téllez exigió al Senado condenar la actuación del instituto y calificó el caso como una persecución con acoso institucional. Cuando legisladoras de oposición y partidos minoritarios coinciden en señalar el mismo abuso, ya no se trata de una anécdota aislada, sino de un patrón.
El INE nació para garantizar elecciones libres y vigilar que el poder no atropelle a los ciudadanos. Hoy, en cambio, aparece señalado como el instigador de una persecución penal exprés contra quien se atrevió a exhibir sus propias irregularidades internas. Un instituto que debería representar la certeza democrática se convierte, con episodios como este, en un ejemplo de opacidad, revanchismo burocrático y desprecio por la libertad de expresión, justo cuando el país se acerca a un nuevo proceso electoral en 2027.
Es justo señalar que la contraparte también ha hablado: el INE negó haber presentado una denuncia penal y sostuvo que acciones legales iniciadas a título particular por una funcionaria no pueden atribuirse institucionalmente al organismo, y la propia FGR ha justificado su solicitud a X argumentando que las publicaciones expusieron la imagen de una servidora pública y generaron una ola de violencia digital en su contra. Que el lector juzgue si esa explicación resiste el peso de los hechos, o si es, simplemente, la coartada perfecta para castigar a quien se atrevió a decir la verdad en voz alta.
X: @pipemx