Voltaire nunca dijo eso de “no estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo”. Según el historiador Guillermo Fatás —lo leí en el diario español 20minutos— esa frase fue escrita en el año 1906, más de un siglo después del fallecimiento de François-Marie Arouet.

¿Por qué François-Marie Arouet decidió utilizar el seudónimo Voltaire? He leído que ese alias se le ocurrió a los 23 años de edad, después de salir de la cárcel; lo habían encerrado en la famosísima Bastilla por ridiculizar en una carta al duque de Orleáns.

En esa época —año 1717— era muy estrecho lo que hoy se llama umbral de tolerancia ante la crítica que deben mostrar los servidores públicos. Estoy suponiendo que eso, servidor público, era el duque de Orleáns cuando fue regente del reino de Francia durante la minoría de edad de su sobrino nieto Luis XV (entre 1715 y 1723).

En fin, no puede haber una frase más inspiradora que “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”. Pero, ni hablar, no la escribió Voltaitre, sino Evelyn Beatrice Hall —mujer que firmaba con su propio seudónimo, Stephen G. Tallentyre—. Ella lo hizo en el libro Los amigos de Voltaire. Es lo que explica el historiador Fatás en el texto de 20minutos que he mencionado.

El peso de las palabras del presidente López Obrador

A veces no estoy de acuerdo con algunas expresiones del presidente de México, pero defenderé en mis artículos su derecho a decirlas —claro está, que me disculpe el querido Andrés Manuel, pero no llegaré al extremo heroico de dar mi vida para proteger su libertad de expresión: tengo algunos asuntillos personales que me gustaría atender antes de morirme y necesito más tiempo de vida—.

Las columnas más leídas de hoy

Voy a concentrarme en las afirmaciones de AMLO que me parecen injustas acerca de ministros y ministras de la corte suprema:

  • “Apenas llegó —Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia del poder judicial— se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”. Pienso que no es así. Estoy convencido de que Andrés Manuel dijo eso nada más como parte del debate político, en el que si no se violan las leyes todo se vale. Y a la jurista, una mujer admirable sin lugar a dudas, no le queda más que aguantarse porque su umbral de tolerancia ante la crítica es amplísimo, según lo que entiendo de la Relatoría especial para la libertad de expresión que difundió en 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si entendí mal ese documento, me corregirá la propia ministra presidenta de la corte en una sentencia que amablemente le pediré redacte; lo haré al final de este texto.
  • “El otro —ministro Alberto Pérez Dayán— que siempre ha votado en contra de todo lo que nosotros proponemos”. Cuando Andrés dijo eso olvidó que Pérez Dayán, hace bastantes años, cuando el hoy presidente enfrentó su peor crisis política, la del desafuero con el que ilegalmente se le quiso quitar sus derechos políticos, el entonces magistrado Pérez Dayán en un tribunal colegiado votó a favor de AMLO; desgraciadamente otros dos magistrados votaron en contra y siguió adelante aquella terrible arbitrariedad, que el hoy titular del poder ejecutivo superó gracias a históricas movilizaciones populares.
  • El presidente “es el que propone las ternas para el cambio de ministros, cuando se van venciendo sus tiempos, sus periodos. A mí me tocaron cuatro, proponer cuatro, no me fue muy bien que digamos… No pude, me equivoqué con los que propuse; no todos, desde luego”. Evidentemente Andrés Manuel piensa que no se equivocó al proponer a las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, que prácticamente lo han apoyado en todo, y sin mencionarles varias veces ha afirmado que se equivocó con la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes a veces le han dado la razón al presidente y a veces no. De ninguna manera puedo estar de acuerdo con AMLO. Él no se equivocó en ninguno de los cuatro casos. Propuso para la corte a juristas con criterio propio que analizan sus asuntos pensando en la Constitución y no en el interés presidencial, con en el que en ocasiones coinciden y en ocasiones no. Si acaso la que ha fallado —por problemas estudiantiles del pasado— es Yasmín Esquivel, quien está en una situación delicada por no haber aceptado una falta de juventud y haber pedido perdón, pero ese es otro tema.
  • “Imagínense, los ministros —se refiere a una ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales— protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros. Aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco”. Se refería AMLO la decisión de la corte de declarar inconstitucional la prisión preventiva automática. La que sí es constitucional es la prisión preventiva cuando se justifique, esto es, cuando quien acuse explique ante la persona juzgadora la necesidad de la misma, por ejemplo si existe el riesgo de fuga. Al presidente López Obrador no le gustó eso, pero así es la ley y tiene que aceptarla. Ya sé que para Andrés Manuel es un cuento judicial eso de que la ley es la ley, otra afirmación suya con la que no estoy de acuerdo, pero que tiene todo el derecho de decirla en sus conferencias de prensa o donde se le antoje hablar o escribir.
  • “Antes, cuando estaba el ministro Zaldívar, Arturo Zaldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se les respetaba su autonomía, pero vigilaban, del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Ese organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado”. No merecía el ministro Zaldívar que el presidente lo pusiera de ejemplo en un debate relacionado con la autonomía del poder judicial. Es decir, Andrés casi lo etiquetó como palero suyo, lo que es absolutamente incorrecto, ya que Zaldívar ha sabido actuar con independencia. Por cierto, es de hace menos de tres meses el antes del que habla AMLO —cuando había “mayor vigilancia sobre los jueces” para evitar que se corrompieran—, así que realmente no ha cambiado nada en tan poco tiempo. La estructura fundamental del Consejo de la Judicatura es la misma en la actual presidencia de Norma Piña que en la anterior, la de Arturo Zaldívar.

Las palabras de AMLO sobre periodistas

¿Tiene derecho el presidente Andrés Manuel López Obrador a criticar periodistas que lo critican? En mi opinión, sí.

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Me encanta que AMLO todos los días critique a sus críticos. Y es genial la sección de sus conferencias de prensa llamada “Quién es quién en las mentiras” a cargo de la folclórica Liz Vilchis. A veces —y no pocas—, por cierto, la que queda exhibida como mentirosa es la colaboradora del presidente, y no la prensa a la que intenta refutar.

Sin duda, Andrés Manuel es duro y hasta injusto al cuestionar periodistas, tanto como los y las periodistas lo son contra el presidente. Nunca en México se había criticado tanto a un gobernante. Y AMLO no solo es periodísticamente cuestionado, sino insultado y calumniando. Las ofensas y las difamaciones han alcanzado en bastantes ocasiones a su esposa y a su hijo menor de edad. Es apenas justo que Andrés Manuel responda. Pero es todo lo que hace contra el gremio periodístico. No ha reprimido a nadie que se exprese en los medios; tampoco ha demandado en tribunales a ninguna persona integrante de lo que se conoce como la comentocracia nacional.

Andrés Manuel sabe que su umbral de tolerancia ante la crítica es amplísimo, y acepta los cuestionamientos —calumnias e insultos incluidos—, pero ejerce su derecho de réplica: contesta en los mismos términos ofensivos en los que se le alude.

¿Que AMLO ha mentido sobre los y las periodistas de México? Muchas veces, pero menos de las que se ha mentido sobre AMLO en los medios.

Claro está, al crítico no le gusta que se le critique. Entonces, la comentocracia se queja a diario de que el presidente la ataca. Esta es una palabra excesiva, ya que Andrés lo único que hace, en mi opinión, es debatir. Por cierto, el umbral de tolerancia ante la crítica de los y las periodistas también debe ser amplísimo: tan grande como el de la gente que trabaja en el gobierno. Es lo que pienso; ya dirá la ministra presidenta si tengo razón, o no, en la sentencia que le voy a pedir a Norma Piña

El hecho es que, para la prensa, López Obrador abusa con sus palabras e incita a fanáticos de su partido político, Morena, a agredir periodistas. En mi opinión esa es una tontería, pero los y las colegas la repiten y la repiten y la repiten… y la repiten y siguen y no paran.

Voy a citar enseguida a Darío Ramírez, quien publicó en Nexos el artículo “¿Por qué AMLO ataca a la prensa en un contexto de violencia contra periodistas?”.

Según tal articulista, López Obrador “no es un ciudadano común y corriente”. Como no lo es, “su ejercicio de la libertad de expresión no puede ser otro que el del presidente de la república”. Asegura don Darío, entonces, que los comentarios de AMLO, “sus palabras, dichos, ideas y expresiones tienen un efecto directo entre sus gobernados”.

Y de ahí Darío Ramírez se va al famoso umbral que he mencionado aquí ya varias veces: “La Corte Interamericana de Derecho Humanos ha confirmado que el umbral de libertad de expresión de los servidores públicos es diferente al resto de la población”.

Creo que don Darío no entendió eso del umbral de libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no se refiere a limitar la libertad de expresión de funcionarias o funcionarios, sino que exige que estas personas aguanten más la crítica que el resto de la gente. Le recomiendo al experto de Nexos que lea un ensayo sobre el tema, de Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza, “La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

García y Gonza con toda claridad dicen lo siguiente:

√ “Es diferente, en concepto de la Corte Interamericana, el ‘umbral de protección’, esto es, en otras palabras, la crítica legítima y admisible, que rige en el caso de los funcionarios públicos o, en general, de las personas que ejercen o aspiran a ejercer funciones de interés público, y la generalidad de las personas, que no se hallan en esa situación”.

√ Las personas dedicadas a los asuntos públicos están sujetas “a un escrutinio público mayor que el correspondiente a otras personas”.

√ Quien se dedica a asuntos de interés público “se somete voluntariamente al escrutinio público”.

√ “Tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral diferente de protección”.

√ “Las personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”.

√ “En este sentido, en el marco del debate público, el margen de aceptación y tolerancia a las críticas por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los políticos e inclusive de los particulares que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público debe ser mucho mayor que el de los particulares”.

Desde luego, los y las periodistas están entre las personas que “desarrollan actividades sometidas al escrutinio público” y que, por lo tanto, deben aguantar más las críticas.

También ministros y ministras son personas que “desarrollan actividades sometidas al escrutinio público”. Así que deben soportar sin más lío lo que les diga AMLO o cualquier persona que desee criticarles.

La amenaza a Norma Piña, el atentado contra Ciro

He visto en Twitter y en Facebook amenazas de muerte desde que participo en las redes sociales —que conste, soy tuitero veterano—. A mí mismo me han amenazado decenas de veces. ¿Quiénes? Alguna vez identifiqué a quien lo hizo: era un joven bromista. Le respondí que se fuera a amenazar a su chingada madre, así literal, y me olvidé del asunto.

Me molestó bastante que un periodista conocido, me parece que Héctor de Mauleón, utilizara su influencia en el anterior gobierno de la Ciudad de México para encarcelar a uno de esos muchachos chistosos que amenazan a tontas y a locas.

En fin, en estos días amenazaron en las redes a la ministra presidenta Norma Piña. No se sabe quién lo hizo, pero sí está claro el motivo —al menos para mí está muy claro—: culpar a AMLO de haber provocado la amenaza de muerte contra la jurista, y es que ocurrió en el contexto de las críticas que a ella le lanzó el presidente López Obrador. Por cierto, a Andrés Manuel también lo han amenazado de muerte muchas veces.

Quien difundió la amenaza contra la ministra tuvo éxito: de inmediato la comentocracia se lanzó a culpar a AMLO. Lo mismo que se hizo después del atentado contra Ciro Gómez Leyva: responsabilizar al presidente porque ha criticado a este periodista.

No estoy de acuerdo en culpar a AMLO de la irresponsabilidad en Twitter, que nadie regula, ni tampoco en acusarlo de haber propiciado que se disparara contra Ciro.

Menos de acuerdo estoy con quienes, a partir de tales hechos —y otros parecidos— exigen limitar la libertad de expresión del presidente de México.

Como hay debate, y tiene que ver con lo legal, suplico a la ministra presidenta que redacte una breve sentencia en lenguaje sencillo —escribe muy bien cuando se aleja del lamentable abogañol, como lo hace en el diario Excélsior— , y nos diga si AMLO debe dejar de cuestionar a periodistas e integrantes de la SCJN, o no tiene por qué hacerlo si no se le pega la gana. Que ella nos informe basada en las leyes mexicanas y en las convenciones internacionales, y terminar así el debate. No creo que sea mucho pedir.