Han sido días tremendos para repensar las violencias hacia las mujeres en nuestro país, la mayoría tan normalizadas como la frase horriblemente asquerosa del “compañero” Francisco Taibo II en referencia a mujeres poetas y en donde por cierto, sigue sin disculparse a pesar de la exigencia de diversas escritoras, diputadas y senadoras; hasta el acoso sexual a la presidenta de la república en la que medios de comunicación sin perspectiva de género la revictimizaron y pusieron en duda el hecho ocurrido.
Hemos insistido en que la igualdad plena de las mujeres no va a lograrse sin justicia y eso implica al mismo tiempo, una reeducación de hombres que con entendimiento y disposición puedan comprender de qué va la lucha de las mujeres pero también, de repensar sus privilegios; romper pactos patriarcales con otros hombres y tomar postura ante cualquier agresión a las mujeres. Lo que escribo parece sencillo como fórmula antimachismo, pero en la práctica implica sostener conversaciones en lo cotidiano, debates que pongan la justicia y derechos al centro por encima de los estereotipos de género y la misoginia judicial, un trabajo colectivo y mucho activismo feminista.
Llego a este punto de la colectividad para abordar la forma en cómo ahora el patriarcado se organiza usando a mujeres de escudo y reproduciendo prácticas machistas, resistiéndose a los avances de los derechos de las mujeres como la violencia vicaria, misma que ya no está a discusión pero que grupos de agresores siguen cuestionando, llegando a cambiarse el género para no ser sancionados como sucede en Nuevo León y Jalisco donde se documentan más de 300 casos, dicho por la organización No más hijos rehenes, como si se tratara de una victoria por encima de los derechos de sus propias infancias.
La otra agrupación, No más presos inocentes, reúne a violentadores que van desde deudores de pensión alimenticia, progenitores acusados de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijas, violentadores y agresores vicarios. Tienen presencia en todo el país y en sus marchas y movilizaciones para bloquear la fiscalía en la Ciudad de México se ha visto a Guillermo Sesma encabezando el movimiento, hermano del diputado del Partido Verde Ecologista, Jesús Sesma, por lo que no descartamos pueda ser quien financia a este grupo de choque y golpeador, lo cual resulta peligroso para el orden público, pero también para las mujeres que se atreven a denunciar a sus agresores.
Comento lo anterior porque en recientes manifestaciones, señores de esa agrupación y mujeres, integrantes de sus familias o regularmente sus nuevas parejas son quienes confrontan a las madres y mujeres que exigen justicia en el poder judicial o en la fiscalía. Tan solo el viernes pasado cerraron calles para exigir la liberación de un sujeto acusado de abuso sexual y han llegado a golpear a compañeras de diversas colectivas feministas, de lo cual tenemos evidencia y está enterada la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández.
Nos preocupa que personajes con poder y desde el poder, promuevan la violencia hacia las colectivas que defendemos derechos de las madres y de las infancias, que su comportamiento al cuestionar su participación en estos grupos sea tremendamente agresivo como el caso específico del señor Sesma, quien este fin de semana, al señalarlo en imágenes donde claramente se observa al frente de dicha agrupación, niegue rotundamente pertenecer al colectivo de agresores a pesar de la evidencia gráfica existente.
Lo que conocemos del caso del señor Guillermo Sesma es que actualmente se encuentra denunciado por su expareja por presunto abuso sexual hacia sus menores hijos e hijas, que cada que alguien escribe en un medio sobre este asunto, se dedica a llamar a las redacciones para solicitar derecho de réplica y evidentemente negar las acusaciones.
Hace un mes un reportaje de un medio nacional lo involucra a él y a su familia con redes de distribución de huachicol como lo señala la nota “¿Cómo Introducía Combustible a México la Empresa Portacelis Gas and Oil?“. Y en el caso de ser cierto (porque también escribió carta de “aclaración” al medio como acostumbra), ese poder económico que ostenta, le permite revictimizar y judicializar, como lo ha venido haciendo a la madre, acosarla en redes sociales y amenazarla constantemente con meterla a la cárcel. Un patrón de comportamiento que siguen comúnmente los agresores vicarios con alto nivel socioeconómico.
Lo anterior toma relevancia porque este fin de semana, al cuestionar en la red social de X a Guillermo Sesma, su respuesta fue enormemente violenta con una servidora, dos días de acoso digital con cuentas falsas para pretender denigrarme por mi maternidad autónoma, llegó a amenazarme con un supuesto daño moral por evidenciar su necesidad urgente de atender su salud mental con evidencias contundentes. Nuestra respuesta ha sido clara: sus fotografías y videos encabezando movilizaciones con la organización No más presos inocentes están a la vista. Negar lo evidente lo convierte en un farsante.
Nuestra intención es visibilizar las violencias económicas que en gran parte van acompañadas de violencia vicaria; aunque aquí el asunto de fondo y que se encuentra en litigio son las posibles agresiones a infancias. Sí pudimos constatar el nivel de violencia que el señor Sesma ejerce y replica desde la forma en la que se expresa de las mujeres como los videos e imágenes con discursos de odio que difunde de su expareja y que a su vez le provocan ataques de la misma naturaleza.
La red de agresores de mamás esconde un entramado de relaciones políticas donde suscriben sujetos que pretenden hacerse pasar por víctimas, organizados y con el objetivo de meter a las madres a la cárcel por el simple hecho de demandarles una pensión alimenticia justa, acorde a sus ingresos, por lo que son llamadas ambiciosas, locas y otros peyorativos denigrantes. Les duele pagar lo que la calidad de vida de la infancia y nivel de vida que han llevado estando en pareja, les corresponde.
Es un machismo en donde expresiones como: “el dinero de la pensión lo quieren para gastarlo con sus amantes”, “solo estiran la mano”, “quieren llevar una vida millonaria”, “está loca y es borracha” (como si ellos fueran un modelo de padres ideales), son los argumentos para descargar su ira porque ellas ya no los desean como parejas o simplemente su relación no funcionó. Los hijos e hijas se convierten en instrumento de venganza y buscan verlas precarizadas, infelices y quitarles a los hijos. Los casos de Lisi Celis, Rebeca Cebrecos, Maha Schekaibán y Mafer Turrent son solo algunos nombres de madres judicializadas por exigir pensiones alimenticias justas o bien, convivir con sus hijos e hijas.
Historias que se repiten y en las que los cuidados parecieran no tener ningún valor. Hoy más que nunca nos encontramos en un momento histórico de reivindicación de los derechos de las mujeres, pero es sobre todo, la cuarta ola donde las voces de las madres, de las cuidadoras tiene que tomar valor al momento de impartir justicia con perspectiva de género y estos machismos rancios y violentos dejen de tener amparo en los tribunales y fiscalías. Los derechos de niñas, niños y adolescentes al frente y el derecho a maternidades dignas deje de ser un deseo lejano para convertirse en una realidad.