En un mundo donde millones de mujeres pobres luchan diariamente por acceder a servicios básicos de salud reproductiva, de manera increíble una de las últimas decisiones del gobierno de Donald Trump es incinerar anticonceptivos en Francia, valorados en casi 10 millones de dólares, comprados con dinero de los contribuyentes y almacenados en la localidad flamenca de Geel, en Bélgica.
Es indignante ver cómo los países en vías de desarrollo batallan para salir adelante con la crisis de salud reproductiva, en ambientes hostiles de guerra y hambre, mientras la comunidad internacional observa cómo el Gobierno de Estados Unidos por instrucción de Trump ha optado por quemar estos suministros en lugar de donarlos o redistribuirlos.
Esta acción es un desperdicio de recursos que roza lo absurdo, y que dice mucho sobre las prioridades ideológicas de esa administración. Estos anticonceptivos – 26 millones de preservativos, millones de píldoras, 2 millones de dosis inyectables, miles de implantes, DIU, incluso 50 mil dosis de medicamentos contra el VIH – fueron adquiridos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), durante la administración del expresidente Joe Biden para programas de planificación familiar en África subsahariana, destinados originalmente a países como Etiopía, Nigeria, Uganda, Haití y regiones en conflicto como Sudán y Gaza.
Pero con el cierre de USAID y la reinstauración de la política de la Ciudad de México, que prohíbe cualquier apoyo a organizaciones que siquiera mencionen el aborto, estos productos quedaron huérfanos. El gobierno de Estados Unidos los clasificó como “abortivos” –una etiqueta que los expertos rechazan rotundamente, ya que no inducen abortos, sino que previenen embarazos y enfermedades de transmisión sexual–, y en vez de aceptar ofertas de la ONU, Médicos Sin Fronteras o incluso gobiernos europeos para llevarlos a donde se necesitan, prefieren destruirlos en una incineradora en Francia, con un costo adicional de 167,000 dólares para los contribuyentes estadounidenses que, por cierto, una gran mayoría está cada vez más en contra de las políticas implementadas por Donald Trump y se han manifestado públicamente para decir que están arrepentidos de haberle dado el voto para que fuera presidente.
Lo peor de esta medida intolerante es el impacto humano. Expertos estiman que esta destrucción podría llevar a 174,000 embarazos no deseados y 56,000 abortos inseguros en regiones donde el acceso a la salud reproductiva ya es precario, y que quede claro que, de esta terrible acción, también será responsable el presidente Emmanuel Macron por permitir que se realice en su país, Francia, una nación que se jacta de ser cuna de los derechos humanos, pero que ahora se convierte en cómplice pasivo de un desperdicio ideológico al no intervenir en la incineración, a pesar de la presión de legisladores de izquierda y ONG’s que lo instan a no ser ‘cómplice’ de esta barbaridad, alegando que carece de base legal para bloquear un contrato privado. ¿Cómo puede Francia, con su legado de libertad y de igualdad, mirar hacia otro lado mientras se quema esperanza para miles de mujeres vulnerables?
¿Eficiencia gubernamental o retroceso a políticas que perpetúan la desigualdad?
“Desde un punto de vista médico y de salud pública, la decisión de incinerar millones de anticonceptivos y medicamentos relacionados con la salud sexual y reproductiva no solo es irresponsable, sino profundamente peligrosa y carente de ética. Esta medida contradice décadas de evidencia científica y práctica clínica acumulada sobre la importancia de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos como una estrategia esencial para reducir la mortalidad materna, los embarazos no deseados y la propagación de enfermedades de transmisión sexual (incluido el VIH)”, dijo la doctora Janny Fernanda Verdugo Barrera
Mientras tanto, en Estados Unidos el Departamento de Optimización del Gobierno (DOGE) celebra “ahorros” al cancelar pedidos futuros, ignorando que estos suministros tienen fechas de caducidad hasta 2031. ¿Por qué no reempaquetarlos o donarlos? Porque llevan el sello de USAID y podrían “contaminar” con ideas liberales, según parece.
En mi opinión, esto no es solo un error logístico; es una declaración política que prioriza la ideología sobre las vidas reales. Tenemos que unirnos para exigir que se detenga esta locura antes de que sea demasiado tarde; el proceso ya ha comenzado, con camiones en movimiento, y al parecer llevará meses concluirlo, así que hay tiempo de pararlo.
Tengamos presente que los preservativos son el único método anticonceptivo que puede prevenir tanto el embarazo como la transmisión de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, según la OMS y aun así el gobierno de Estados Unidos planea destruir 26 millones de este método anticonceptivo.
Si te indigna que el dinero público se queme literalmente en nombre de la “moral”, hay que manifestarnos en nuestras redes, etiquetando al Congreso de Estados Unidos para que actúe, a Donald Trump para que sepa que estamos en contra de su política antiderechos humanos, así como apoyar a la comunidad internacional para presionar, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que la salud global no siga siendo rehén de caprichos políticos y electorales, que atentan contra los derechos humanos de las personas.
Hagamos que este escándalo en contra de la salud trascienda fronteras, llegue a titulares mundiales y fuerce un cambio. Si no actuamos ahora –con el proceso ya en marcha–, seremos cómplices de un desperdicio que condena a miles a sufrimientos evitables. ¡Actúa hoy, y hagamos que el mundo escuche! Abrazo revolucionario digital.
Janny Barrera @cpjannybarrera