Todas las personas que tenemos Twitter sabemos de la importancia de tuitear con prudencia. Sin embargo, nadie se salva a de un tuit desfavorable o sujeto a más de una interpretación. Esto es normal, producto de los tiempos en los que vivimos, donde las plataformas han eclipsado nuestro consumo de información.

Pero, ¿qué pasa cuando tienes un cargo público? Las reglas sobre el uso de redes para funcionarios y representantes populares, no son claras. De hecho, hace unos meses una diputada publicó videos sexuales y no tuvo repercusiones, se consideró libertad de expresión.

Aunque todavía es gris el terreno, sobre todo en los casos de procuración de justicia, aquellos que implican investigaciones.

Recientemente, una jueza de control vinculó a proceso a la exsecretaria de Comunicación Social de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), Elena “N”.

La decisión de la jueza de control se da porque bajo el mandato y dirección de Elena “N” se publicaron desde las cuentas oficiales de la Procuraduría tuits considerados por la defensa de Lesvy y la jueza como ‘estigmatizantes y revictimizantes’.

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En mayo del 2017, Lesvy fue víctima de feminicidio en los patios de la Universidad Autónoma de México a manos de Luis González Hernández. Este feminicidio encendió la ira del movimiento feminista, sobre todo ante las respuestas, más bien medías repuesta de las autoridades.

Sobre todo aquellas que acusaron a Lesvy de haber ingerido bebidas alcohólicas. Debido a esto, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y Justicia Pro Persona AC., que funge como defensa de la familia de Lesvy, intentó llegar a un acuerdo reparatorio con la exfuncionaria. En el se solicitaban una disculpa pública y la no repetición de los hechos.

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La respuesta de Elena fue negarse y su defensa jurídica la respaldó.

Aunque apenas inicia el caso de la exfuncionaria, esto podría ser un precedente importante para el uso de cuentas institucionales en redes sociales. También es un mensaje para la admiración anterior, pues por este caso también se hace responsable a Miguel Ángel Mancera.