En una decisión sin precedentes empresas que ofrecieron descuentos, centros comerciales, durante la emergencia del Covid están siendo sancionadas por la Comisión Antimonopolios con cientos de millones de pesos.
Esta es una de las decisiones más inexplicables hechas por la burocracia en nuestro país. Es un asunto que hasta ahora no había sido reportado en medios de comunicación.
Esta es la historia: era marzo del 2020 y debido la pandemia de Covid-19, el 30 de marzo el Consejo de Salubridad General declaró la emergencia sanitaria. Lo que derivó en el cierre temporal –total o parcial- del grueso de las actividades no esenciales.
Luego de esto, prácticamente todas las actividades empresariales se redujeron o incluso se paralizaron. Entre ellos la actividad en los centros comerciales de todo el país. Ante ello, el propio presidente López Obrador y la entonces jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, hablaron con los líderes de sectores económicos para no despedir trabajadores y a reducir precios en varios servicios como telecomunicaciones, medicinas, pruebas de Covid, etcétera.
Entre los que buscó directamente el expresidente fue a los desarrolladores inmobiliarios y operadores de centros comerciales pidiéndoles sensibilidad para reducir el precio de las rentas a decenas de miles de locatarios y así, estos, pudieran mantener a sus empleados. La idea era salvar el mayor número de empleos en el país.
En este intento de salvar empleos la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (la ADI) emitió el 27 de marzo un comunicado promoviendo entre sus afiliados la renegociación individual en materia de rentas entre centros comerciales y sus locatarios. Se trataba de reducir o congelar el pago de rentas.
Al acuerdo nacional se sumaron: Administradora Fibra Danhos, Grupo Gicsa, El Puerto de Liverpool, Acosta Verde, Grupo Comercial Chedraui, Desarrolladora Mexicana de Inmuebles, la propia Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y varias personas físicas.
El acuerdo entre los dueños de los centros comerciales fue denunciado –acompañado de algunos chats de WhatsApp- ante la Comisión Federal de Competencia (hoy Comisión Nacional Antimonopolios) misma que abrió una investigación por “prácticas monopólicas absolutas”.
Luego de años de investigaciones y revisión de pruebas, hace unas semanas, el 23 de marzo de este año, el pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio determinó, por unanimidad, expediente IO-004-2020, que todos los centros comerciales eran responsables de prácticas ilegales –por reducir precios a locatarios- a la que identificó como la “Conducta de Descuentos“; y, el terminar los descuentos al fin de la emergencia como ”Conducta Cero Descuentos“. Por estas prácticas el organismo antimonopolios de la 4T les fincó multas por más de $500 millones de pesos a los empresarios de centros comerciales. ¡Esto por dar descuentos!
Todos los centros comerciales han sido notificados de la multa millonaria. Al tratarse de una resolución del regulador antimonopolios no cuentan con la posibilidad legal de una “suspensión” del pago de la multa en el juicio de amparo. Tendrán que pagar y luego ampararse. De hecho, varios los han hecho y algunos de estos juicios han sido radicados en el Juzgado 2do de Distrito Especializado en Materia de Competencia Económica con sede en la CDMX.
Es una decisión de regulador de la competencia que causa extrañeza, pues los centros involucrados no subieron precios ni se trataron de aprovechar de los locatarios. Al contrario, redujeron precios, a solicitud del gobierno, para salvar decenas de miles de empleos. Fueron pues parte de una cadena de solidaridad para, a raíz del Covid, mitigar sus efectos en la economía nacional y en la generación de empleos.
Habrá que esperar la resolución judicial respecto a este controversial fallo que sanciona y multa a empresarios por bajar precios. Bajar precios a todos sus clientes, no sólo a algunos, lo que sí sería ilegal. No hay registro de algo así en este u otro país.
Por lo pronto es difícil de entender cómo, al atender un llamado gubernamental de solidaridad, empresas sean multadas con millones y millones de pesos por intentar salvar empleos durante una emergencia nacional. Con este precedente ya nadie va a querer dar descuentos durante tragedias nacionales. Además, que se preparen otros actores que durante el COVID bajaron precios como empresas de telecomunicaciones, supermercados y farmacias. Parece un precedente sinsentido que quizá tenga un sesgo más político que jurídico. Habrá que esperar decisión judicial.