En distintos países de América Latina ha vuelto a surgir un debate que parecía superado: ¿deben los militares asumir funciones de seguridad pública? México, El Salvador, Ecuador y Perú aparecen con frecuencia en la misma conversación debido al creciente protagonismo de sus fuerzas armadas en tareas que tradicionalmente corresponden a policías civiles.
El argumento parece contundente. Frente a organizaciones criminales cada vez más violentas, con armamento sofisticado y capacidad para desafiar al Estado, los gobiernos recurren a las instituciones que conservan mayor disciplina, logística y capacidad operativa. Es una solución que ofrece resultados inmediatos y genera una sensación de control. El problema es que las soluciones inmediatas rara vez resuelven problemas estructurales.
Las fuerzas armadas fueron creadas para defender la soberanía nacional, no para sustituir permanentemente a policías, ministerios públicos o jueces. Su formación, doctrina y reglas de operación responden a objetivos completamente distintos. Pedirles que desempeñen funciones policiales de manera indefinida significa colocar sobre ellas una responsabilidad para la que el diseño democrático nunca las concibió.
La historia latinoamericana ofrece suficientes lecciones. Cuando los militares adquieren un papel permanente en la vida civil, resulta extremadamente difícil regresar al equilibrio institucional. Poco a poco se normaliza que administren puertos, aeropuertos, aduanas, infraestructura estratégica, programas sociales y, finalmente, la seguridad cotidiana de los ciudadanos. El riesgo no consiste únicamente en el uso de la fuerza, sino en la concentración creciente de funciones en una institución que, por naturaleza, no está diseñada para operar bajo los mismos mecanismos de control y rendición de cuentas que las autoridades civiles.
Quienes defienden esta estrategia suelen responder que las policías están infiltradas por el crimen organizado. En muchos casos tienen razón. Sin embargo, precisamente por eso la prioridad debería ser reconstruir las instituciones civiles, profesionalizar a las corporaciones policiacas, fortalecer las fiscalías y combatir la corrupción judicial. Si cada crisis termina resolviéndose con más presencia militar, nunca existirá un verdadero incentivo político para reparar aquello que dejó de funcionar. México conoce bien ese dilema. Desde hace casi dos décadas, los distintos gobiernos han incrementado progresivamente la participación militar en tareas de seguridad.
Han cambiado los partidos, los discursos y las estrategias, pero la presencia castrense se ha mantenido e incluso ampliado. Lo que comenzó como una medida extraordinaria corre el riesgo de convertirse en la nueva normalidad. Nadie discute la capacidad, el profesionalismo ni el compromiso de las fuerzas armadas mexicanas. Su labor en desastres naturales, protección civil y defensa nacional ha demostrado, en numerosas ocasiones, su enorme valor para el país. Precisamente por ese prestigio conviene evitar que sean utilizadas como sustituto permanente de instituciones civiles debilitadas por décadas de abandono. Una democracia sólida no se mide por la cantidad de soldados que patrullan sus calles, sino por la fortaleza de sus instituciones civiles para garantizar el orden, impartir justicia y proteger los derechos de sus ciudadanos.
Porque cuando un país depende indefinidamente de los militares para mantener la paz, el verdadero problema no es el Ejército. El verdadero problema es que el Estado civil dejó de cumplir la función para la que fue creado.