En un golpe sin precedentes, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso por primera vez sanciones a instituciones financieras mexicanas bajo legislación antidrogas.
Las medidas afectaron a tres entidades: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusadas de participar en operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles del narcotráfico, particularmente mediante transacciones relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Impacto político y financiero
Más allá del involucramiento directo de estas instituciones, lo que preocupa en círculos políticos y diplomáticos es que las entidades formaron parte del andamiaje económico que habría facilitado el financiamiento de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018, así como de diversas operaciones financieras durante su gobierno.
Según el secretario del tesoro de EE.UU., Scott Bessent: “Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de cárteles… Son engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”.
Un triángulo cercano al poder
Durante la campaña presidencial de 2018, tres figuras clave operaron los vínculos financieros de Morena y del entonces candidato López Obrador: su consejero jurídico Julio SchererIbarra, su entonces coordinador de gabinete y enlace empresarial Alfonso Romo Garza, y su hijo Andrés López Beltrán. Cabe destacar que Romo es propietario y presidente del consejo de Vector Casa de Bolsa, una de las instituciones directamente sancionadas por EE.UU.
Ante el anuncio y presión que enfrentó la 4T, hubo desde reacciones oficiales, hasta evasión y contradicción. Lo primero que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum fue minimizar las acusaciones:
“Si leen la documentación que se publicó ayer, son dichos, no hay pruebas de dónde se está lavando el dinero… Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito”.
Horas después, matizó su postura admitiendo la existencia dedocumentos, pero, aun así, sostuvo que, por tratarse de transferencias entre empresas legalmente constituidas, según ella, no implican necesariamente una conducta delictiva.
Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino formalmente a CIBanco e Intercam Banco y, aunque inicialmente se omitió mencionar a Vector, propiedad del exjefe de oficina de AMLO, después de la presión pública y mediática, emitió un segundo comunicado anunciando la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa.
Este cambio de narrativa dejó entrever tensiones internas y una probable subestimación del caso por parte de instituciones mexicanas como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Pablo Gómez y la propia CNBV.
Los titulares de ambos organismos estuvieron presentes en reuniones previas con autoridades estadounidenses, pero, aparentemente, no informaron de forma oportuna a presidencia o, en su defecto, no actuaron ante las señales que hoy han escalado a un escándalo internacional.
El antecedente: una advertencia ignorada
Las sanciones del Tesoro no surgieron de la noche a la mañana. FinCEN había documentado ya que, entre 2018 y 2023, Vector Casa de Bolsa procesó más de un millón de dólares en pagos a empresas chinas vinculadas con la producción de precursores químicos para opioides, señalando “fallas significativas” en sus controles contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
FinCEN, también señaló que la Casa de Bolsa Vector participó en transacciones de dinero de un negocio controlado por Genaro García Luna, exsecretario de seguridad con dos juicios en Estados Unidos por narcotráfico y contratos ilegales.
El caso de García Luna con el que AMLO y la 4T festinaron y lucraron hasta el cansancio, ahora se vincula con las transacciones de la 4T.
En una visita oficial a México en 2023, la secretaria del tesoro, Janet Yellen, advirtió públicamente que EE.UU. había sancionado a 15 personas y dos empresas vinculadas con los cárteles de los Beltrán Leyva, el Cártel de Sinaloa y el CJNG:
“El Tesoro continuará trabajando con nuestros socios en México para erradicar el tráfico de fentanilo ilícito, que mata a miles de estadounidenses cada año”.
En esa visita tuvo lugar una reunión de alto nivel entre Yellen y funcionarios mexicanos como Rogelio Ramírez de la O, Gabriel Yorio, Pablo Gómez y Jesús de la Fuente, quienes entonces afirmaron que “combatir las finanzas ilícitas ya no es una opción, es una necesidad”. Hoy, la omisión o inacción de estos mismos funcionarios levanta serias dudas.
¿Narco-gobierno?
Más allá de las sanciones específicas, este caso abre la puerta a uno de los señalamientos más delicados en contra del lopezobradorismo: la posibilidad de que recursos provenientes del narcotráfico hayan influido en el ascenso político de la 4T. Aquello que fue calificado como un “grito opositor” —el mote de “narco-gobierno”— hoy comienza a adquirir un peso institucional, respaldado por investigaciones formales de un gobierno extranjero.
Las sanciones del Tesoro contra CIBanco, Intercam y Vector no solo golpean a tres instituciones clave del sistema financiero mexicano. Constituyen, en términos geopolíticos, un misil dirigido con precisión quirúrgica hacia los pilares que sostuvieron, financiera y políticamente, el proyecto de López Obrador. El escándalo, lejos de cerrarse, apenas comienza, y amenaza con sacudir a fondo los cimientos de la narrativa de honestidad republicana que la 4T ha querido proyectar.
X: @diaz_manuel