La vida quita… y la vida da; es esta una razón casi axiomática de la existencia.
De hecho, muy pocas veces hay que “forzar” mucho a los sentidos para distinguir cuándo algo es, y cuándo no lo es.
Por la interpretación más básica se define a un fenómeno natural, de un hecho generado por el hombre en sociedad, así como con el empirismo más básico se puede advertir -por ejemplo- la belleza más elaborada de una obra de arte: como un vals de Shostakóvich, una danza de Brahms o un óleo impresionista de Monet…
Quizá por eso cada hombre o mujer están obligados, siempre, a ser muy cuidadosos con sus acciones en lo individual y en lo colectivo.
Como lo está un(a) político(a), tratándose de sus actos públicos que comprometen a toda una colectividad por él (o ella) representada.
Y es que, si se parte del criterio de que un individuo es siempre el propio verdugo de su historia, las más de las veces sin proponérselo cuantimás es claramente responsable el gobierno cuando se equivoca y no mide los alcances de una mala decisión que se eleva a niveles estaduales.
En sus afanes de organización política y social, aquel hombre o mujer empoderado como figura de autoridad, asume decisiones irreflexivas y, consecuentemente, erráticas, así como las asume en lo individual cada ser humano. Aquí hay una responsabilidad a todas luces dolosa o culposa, al no prever el nivel mínimo de cuidado y reflexión.
Aunque también, muchas veces, esos actos colectivos resultantes como erráticos, son producto de la ausencia de planeación y tienen incluso, costos fatalmente altos para su desempeño como autoridad y que repercuten lógicamente en la sociedad en su conjunto.
El gobernado de hecho, en muchas ocasiones no los alcanza a dimensionar ni a advertir siquiera. Son actos planificados e impulsados por la impericia, la desesperación o el nulo oficio político de actores gubernamentales que, realmente minimizan la posibilidad de que exista una memoria y una conciencia colectiva en la población.
Pero, ¡cuidado!... ¡Mucho cuidado panteras, que la vida no retoña!, retomando una estrofa de la memorable pieza ranchera de Cuco Sánchez, inmortalizada por Pedro Infante.
El gobierno mexicano encabezado hoy día por la doctora Claudia Sheinbaum, está consintiendo que avancen, desde el interior de su administración, auténticos portentos de “pretensión punitiva” del Estado Mexicano, acaso en calidad de ‘escarceos’ o como toda una acción deliberada sin medir sus consecuencias, los posibles encarcelamientos y destituciones del cargo de personajes de la oposición mexicana más álgida a su plan de gobierno de clara orientación radical de izquierda: se trata del exgobernador de Baja California, el panista Ernesto Ruffo Appel, figura icónica de la transición democrática en las postrimerías del siglo XX, al ser el primer gobernador de un partido diferente al PRI elegido en un proceso electoral constitucionalmente validado y reconocido por un gobierno federal del PRI; y de la actual gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos, a quien se le amaga políticamente con instaurarle un proceso de desafuero político desde el Congreso local de su entidad, por actos de desacato a la normatividad vigente considerados como graves, en los términos de lo dispuesto para aquellos actos de colaboración y consecuente otorgamiento de permisos y consentimiento para que elementos de agencias y corporaciones policiales y militares de un gobierno extranjero (de EU concretamente) ingresen a territorio nacional a hacer labores operativas sin haber informado a la superioridad (gobierno de la República) en tiempo y forma.
En este caso, más que la tipificación del delito de traición a la patria (que en este caso contra la titular del Ejecutivo fue la figura típica original que mediáticamente se impulsó de parte del Ministerio Público Federal) se han venido impulsando ahora, las figuras típicas del cohecho y la corrupción, las cuales implican pena privativa de la libertad y por tal, el juicio de procedencia es solo un camino o instrumento para despojarla del fuero a la gobernadora y así, poder juzgarla. Pero en este caso, se requiere de parte de la Cámara de Diputados federal, una declaratoria de procedencia (para desaforar) y para eso se ocupa una decisión de altísimo riesgo, para ser asumida no solo por el presidente de la Jucopo, diputado Ricardo Monreal, sino por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, por eso ha tardado el desenlace. Porque es jugar con “lumbre” políticamente hablando.
Tanto el proceso que se le enderezó en la última semana, de auténtica persecución política hacia el exgobernador bajacaliforniano Ernesto Ruffo Appel, como el del pretendido desafuero y procesamiento penal hacia la gobernadora Maru Campos, constituyen dos auténticas medidas descabelladas, imprudentes… pletóricas de desesperación y revanchismo político, que podría fácilmente catalizar -aún más- el proceso de descomposición de Morena y acercarse más rápido al fin de este, su primer ciclo al frente del poder en México.
Pero quizá sea una forma de curarse en salud esta administración, al tratar de involucrar judicialmente a cuadros opositores, sean o no responsables de las imputaciones que se les hacen.
De los dos casos judiciales es el de Ernesto Ruffo Appel el más estruendoso, por ser sujeto de una auténtica persecución política, sea o no responsable de probables delitos vinculados al fenómeno antijurídico y antisocial llamado por la jerga periodística del rubro del huachicol fiscal.
Y es así, un inmisericorde acto de persecución política, porque Ruffo, un hombre de 75 años de edad (que puede tener acceso al beneficio del interrogatorio y hasta de la detención domiciliarios); que ha sido tratado con exhibición en medios de comunicación masiva (eso está prohibido ya), dictándole medidas cautelares preventivas (no vaya a ser que se fugue) como un auténtico delincuente, mancillándole su sagrado derecho al principio de la presunción de inocencia.
Así mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum interviene en una conferencia mañanera opinando sobre el particular, por lo que se deduce que ya tuvo acceso al expediente y aun cuando es la titular del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Federal (en teoría es autónomo) y tiene tajantemente prohibido violentar la secrecía de la investigación.
Además, su investigación se ha manejado discrecional y macabramente desde el gobierno federal, sin la mínima transparencia, pues su audiencia no fue pública; además, hay indicios de que mientras regresan (convenientemente) los juzgados penales federales de vacaciones, será recluido temporalmente en un penal de alta seguridad como lo es el del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Todos esos elementos dan la convicción inmediata de que estamos frente a un acto de justicia selectiva… una auténtica injusticia.
Sobre todo, porque para la configuración de delitos del rubro del mal llamado huachicol fiscal, se requiere de la concatenación de múltiples acciones delictuosas al más alto nivel gubernamental. Algún día se tendrá qué conocer con precisión y a detalle, pero este megafraude, constituido en el más grande agravio al patrimonio de la nación y a la honorabilidad de los servidores públicos de este país en toda su historia, ha merecido el concurso criminal y delictuoso de funcionarios y personal de los más disímbolos niveles de Pemex, SRE, INAMI, Sener, Semar, Sedena, SSPyPC, SHyCP, ANAM (Agencia Nacional de Aduanas), SEGOB federal y las diferentes instancias de los diferentes estados de la República y gobiernos municipales implicados… por lo menos.
Y quien conoce a Ernesto Ruffo Appel, en Baja California, en San Diego, California o en cualquier parte de México, puede afirmar con toda firmeza que es un hombre con una vida sencilla y sobre todo muy diáfana muy predecible.
Que difícilmente Ruffo Appel habría tendido puentes “con intereses poco transparentes o con fines de corrupción” con altos mandos de este gobierno de la 4T, pues si no observó conductas convenientemente de aprovechamiento o de influencia cuando estuvo en la cúspide del gobierno y del panismo, difícilmente ahora en su vejez las tendría.
Seguramente su condición actual de consejero o administrador en algunos corporativos dedicados al ramo de las gasolinerías en Baja California, lo vinculen indirecta e injustamente a algún caso en que alguna o algunas gasolinerías hayan incurrido en la compra y venta de combustible con orígenes ilegales (del huachicol) por las razones que hayan sido, que se desconocen y seguramente que las desconocía también Ernesto Ruffo. O como haya sido el caso, pues tampoco este espacio se propone ni enjuiciar ni defender al exgobernador panista de Baja California en los noventas. Simplemente se analiza el contexto de las acciones y las medidas.
Y se deduce por supuesto y desde ya: este es un plan de acciones perfectamente concertadas para aplicar justicia selectiva a un político ejemplar que fue capaz en su momento de derrotar limpiamente y desde una entidad federativa, al entonces implacable e invencible PRI de fines del milenio dos de la era moderna.
Para decirlo en el estilo del político progresista de Baja California, Jaime Martínez Veloz, en una de sus colaboraciones periodísticas de las últimas horas: “[...] lo que le hicieron ayer (a Ruffo) no se le hace a nadie. No a un adversario, no a un opositor, no a un ciudadano. Ese trato majadero, denigrante, irresponsable, no es justicia: es escarmiento. Es la vieja escuela del poder que humilla primero y pregunta después. Es la autoridad convertida en espectáculo, como si la dignidad fuera un objeto que se puede arrojar al suelo para que todos lo vean romperse…”.
Y continúa más adelante Martínez Veloz: “Y lo más grave no es la detención. Lo más grave es el momento y el destinatario. Porque este acto ocurre justo contra un opositor del partido gobernante, ese partido que carga sobre sus hombros una colección de escándalos, omisiones y delitos que no necesitan archivo…”.
La persecución política puede definirse como la acción sistemática del Estado para neutralizar o destruir a opositores mediante el uso de la fuerza, la ley o el aparato institucional.
La propia socióloga y politóloga Hannah Arendt atribuyó a los regímenes totalitarios el uso de la propaganda para crear un mundo ficticio donde las fallas del gobierno son extirpadas de la narrativa oficial y el disidente es deshumanizado.
Porque evidentemente, a los suyos a los cuadros y autoridades emanadas de la 4T no los tratan así.
A los que son parte de su gobierno o su estructura partidista, cuando se les enderezan investigaciones o procesos judiciales deliberados, les limpian el expediente con la misma rapidez con la que ensucian el de los contras.
A todos ellos les dan tiempo para acomodar la narrativa, les abren la puerta trasera, les permiten elegir el ángulo de la cámara.
Hasta los esconden y los protegen…. ¡Digo!
Es evidente que este régimen ha hecho uso ya de la llamada guerra jurídica (lawfare) en su desesperación, ante el embate mediático del requerimiento estadounidense de que entregue a algunos de los principales narcopolíticos a la justicia estadounidense, afiliados o de extracción morenista.
La guerra jurídica consiste en la utilización abusiva e instrumental del sistema judicial para fabricar delitos, inhabilitar o encarcelar a los adversarios políticos bajo una apariencia de legalidad.
Pretende el control de la narrativa (empleando canales oficiales para minimizar, justificar o encubrir delitos propios); en adelante, cualquier crítica al gobierno es “complot” o “traición a la patria”.
Para esto, ya crearon a un “enemigo interno” del régimen.
Y la persecución política ha empezado a recorrer las tres etapas previsibles: institucional, mediática y a nivel fiscal.
Paolo Rossi, el “Totonero”.
A propósito de temas mundialistas y futboleros y en un afán de abandonarlo por un buen tiempo, con este último comentario, válgaseme la analogía como colofón de este modesto trabajo.
Paolo Rossi ha sido uno de los ‘cracks’ del futbol del último cuarto del siglo XX, que más profunda huella han dejado en sus admiradores; muchos de los cuales fuimos niños en la década de los setentas y ochentas y por deportistas tan virtuosos como él, aprendimos a apreciar al futbol asociado como deporte y como espectáculo-pasión.
Sin embargo, tuvo a finales de los setenta, dos años antes aproximadamente de la justa mundialista en España 1982, una severa sanción de parte de la autoridad italiana, por ser señalado de “Totonero” o Apostador y Amañador de juegos, lo cual es relativamente grave para los criterios judiciales de aquel país.
Rossi el profesional, fue materialmente invalidado para asistir a su primer Mundial de futbol en el año de 1982, lo cual, a sus 24 años de ese momento de su vida, significaba una dura pena, una auténtica tragedia.
Sin embargo, el entrenador Enzo Bearzott creyó en él y se aferró a solicitarle mediante una consideración de la sentencia emitido por el órgano jurisdiccional, que consistía en la suspensión para jugar hasta por tres años (ósea, más allá del 2012).
Pero la presión del entrenador hacia el Poder Judicial del Estado Italiano, más la de la Federación Italiana de Calcio, más la de la prensa y la industria en general del futbol serían determinantes.
Cabe destacar que fue un abultado número de aficionados al futbol italiano, cerca de 300 o quizá 400 mil pesos los que acompañaron en varias ocasiones a la sede de la Justicia del Estado Italiano a demandar que se le levantara la sanción a Rossi, para que pudiese concentrarse en la preparación para el mundial con la selección italiana hasta que la autoridad acordó conmutarle ala sanción.
Rossi era toda una leyenda.
Su aspecto delgado y aparentemente frágil, no coincidía con el empuje, la garra y la velocidad con la que luchaba por los balones en la cancha y generalmente terminaba apropiándose de este y ejerciendo dominio sobre el rival.
Tenía una gran velocidad para desplazarse de una portería a otra pues, como parte de la tradicional escuela italiana, su último gran manejador (como seleccionador en un mundial) Enzo Bearzott era amante fiel del llamado “candado italiano” o “catenaccio”, que no era otra cosa que la estrategia de esperar a que la escuadra contraria bajase al terreno de la selección italiana que peloteaba entre sí o esperaba acechando, para robarles el balón y emprender un contrataque sorpresa veloz y rotundo, que terminaba con una gran muestra de técnica y fuerza atlética que se traducía en gol.
Con una capacidad de regate increíble, sin comparación. A juicio del suscrito incluso: superior a la de Maradona y Zico.
Ciertamente no estuvo en prisión, sino que cumplía una suspensión de dos años sin jugar impuesta por la Federación Italiana de Futbol (conocida como el escándalo del Totonero). Fue sacado de su inactividad deportiva, convocado por el seleccionador Enzo Bearzot, y se convirtió en la máxima figura y goleador del Mundial de España 1982.
A pesar de las intensas críticas de la prensa italiana al inicio del torneo, Rossi fue clave para que Italia levantara la Copa del Mundo:
Triplete contra Brasil: Anotó tres goles en la histórica victoria 3-2 en la segunda fase.
Semifinal: Marcó un doblete en el triunfo 2-0 frente a Polonia.
La Final: Anotó el primer gol en la victoria 3-1 contra Alemania Occidental o R. F. A.).
Terminó el torneo (Mundial España 1982) ganando la Bota de Oro (máximo goleador con 6 tantos) y el Balón de Oro al mejor jugador del certamen.
Pero su legado más importante no está en los palmarés ni las hemerotecas está en su historia misma. Porque nos recordó desde entonces, por voz propia del futbolista hoy ya desaparecido, “que caer, no es desaparecer que un error no debe ser necesariamente el final y que incluso, cuando el mundo te señala, una segunda oportunidad puede cambiarlo todo” y, vaya que aprovechó la segunda oportunidad que la vida y el pueblo italiano le brindó: Le dio a Italia el tricampeonato mundial de futbol en toda su historia.
Pero fue una buena parte de la afición italiana la que ejerció presión para que le levantaran la sanción al jugador.
Fue esa parte de la inmensa afición italiana y que es neurálgica a la hora de incidir en el éxito de lo que es en sí, la industria, el negocio del futbol profesional en ese gran país de Europa occidental.
Si hubiese estado preso si hubiese sido un interno de algún penal italiano Paolo Rossi la gente lo hubiera pedido y el Estado lo hubiera concedido. Muy seguramente.
Así sucede cuando una figura pública tiene la probidad, la moralidad y el arrastre suficiente para ser defendido por su pueblo.
Eso podría suceder en algún momento, si el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no toma conciencia del riesgo que implica el no asumir con humildad y objetividad los designios de la colectividad mexicana.
Un pueblo que efectivamente es noble y sabio pocas veces se equivoca.
Así es presidenta Sheinbaum: No rete a la población mexicana ni juegue con su nivel de inteligencia política ni con su nivel de educación cívica y política.
En una de esas, el pueblo puede ir a la cárcel a rescatar a ese político para que encabece su lucha opositora. Y cuando eso suceda, será la consolidación de un sistema democrático perfecto en este sufrido país. ¡Por fin!
@Pequenialdo; @CalderonHallal1