No se anticipaba que el nuevo Poder Judicial se comportase a la altura de su responsabilidad pública. Los jueces “electos” en los comicios judiciales fueron el resultado de una macabra, indigna y vergonzosa elección de Estado dirigida a desmantelar a uno de los poderes de la república.

Me refiero en particular a dos lamentables situaciones. La primera está relacionada con el desempeño de la Suprema Corte, pues las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz (cuyas credenciales éticas, profesionales y en términos de independencia han estado siempre en entredicho), son las únicas que cuentan con experiencia en un juzgado.

El ministro Hugo Aguilar, Estela Ríos y el resto de los ministros jamás se habían desempeñado como impartidores de justicia. ¿Pero qué importa esto en el México de la 4T? Respuesta simple: nada. El ministro presidente, bajo sus ropajes indígenas y su veneración por deidades prehispánicas, ha dado muestras ostensibles de su incapacidad para realizar un análisis jurídico, examinar una sentencia o conducir una sesión.

El otro asunto está relacionado con el otorgamiento de una suspensión por parte de un juez federal al contraalmirante Fernando Farías Laguna para evitar su detención durante la diligencia a la que ha sido convocado; mismo individuo que ha sido directamente señalado por operar una extensa maniobra delincuencial dirigida a introducir en México combustible ilegal, léase, el huachicol fiscal.

¿No han cantado los propagandistas del régimen obradorista que los nuevos jueces “electos” por el pueblo de México representarían el renacimiento de un orden judicial encargado de velar por los intereses de todos los mexicanos? ¿No son acaso los jueces y magistrados que entraron en funciones el 1 de septiembre nuevos símbolos de la justicia?

Habría que conocer los argumentos jurídicos esgrimidos por el juez que otorgó la suspensión al marino. Sin embargo, lo que ha quedado de manifiesto y, si algunos despistados lo dudaban, es que la reforma judicial no llegó para renovar a los impartidores de justicia, sino para sembrar la inoperancia, la inefectividad y el caos, y a la vez, continuar sin resolver las problemáticas estructurales que por años han golpeado al sistema de justicia mexicano.