Rubén Rocha Moya ha aparecido. El presunto narco gobernador ha recurrido de nuevo a su cuenta de X para enviar un mensaje que, lejos de buscar esclarecer su situación jurídica, esconde lo que se ha señalado reiteradamente: cuenta con el respaldo del gobierno federal.

En su mensaje justifica su decisión de haber buscado licencia constitucional como elemento -dice él- de la seguridad de su inocencia y de su voluntad de haberse puesto a disposición de la FGR para ser investigado, y en su caso, imputado. Sin embargo, la realidad parece encerrar una problemática mucho más compleja.

A pesar del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la exigencia de “pruebas” la evidencia pública existente desde la elección en 2021, sumado a los múltiples testimonios de sinaloenses que fueron testigos presenciales de la intromisión del cártel de Sinaloa en los comicios, apunta a una responsabilidad directa de connivencia con las organizaciones criminales.

Sin embargo, como se sabe, la jefa del Estado mexicano ha optado por recurrir a vagos argumentos jurídicos para evitar la detención del gobernador, arriesgando, como una buena parte de la opinión pública ha señalado, el futuro de la relación comercial con Estados Unidos. ¿Está ligado el incumplimiento de las obligaciones derivadas del tratado de extradición en el caso Rocha con la decisión del presidente Donald Trump de rechazar la renegociación del T-MEC y decantarse por una revisión anual del mismo? Es probable.

En todo caso, Rocha, en su cálculo del malogrado rescate de su paupérrima reputación pública, ha recurrido a mensajes populistas tales como de nuevo culpar a la ultraderecha y “estigmatizar a un movimiento de transformación a favor de los más pobres”. Es decir, el sujeto señalado, además de volver a referirse al Departamento de Justicia de Estados Unidos como una simple “oficina” del gobierno de Estados Unidos, se esconde detrás de los eslóganes obradoristas propios de los regímenes populistas latinoamericanos cuyos resultados a mediano plazo han sido asaz perjudiciales para sus naciones.

Rocha, en resumen, ha inaugurado una nueva corriente política que no solo recupera los más vacíos eslóganes de los regímenes “de izquierdas” en la región, sino que ha añadido un ingrediente extra con los lazos intolerables (en palabras del gobierno estadounidense) de una parte de la clase gobernante con una red de criminales que continúan operando a sus anchas y cuyo poder se extiende día a día en cada centímetro del territorio nacional.