Conmemoramos la Constitución, entre otras razones, por el gran logro civilizatorio que implica mantenernos un año más dentro del régimen jurídico y político acordado por todas las fuerzas de un país, incluso las minoritarias, sin necesidad de revoluciones o guerras. No es una celebración retórica ni una liturgia vacía: es el reconocimiento de que el conflicto —inevitable en toda sociedad plural— ha sido procesado institucionalmente. Que seguimos resolviendo diferencias profundas con reglas, no con golpes de Estado. Que el desacuerdo no ha roto el pacto.
Esencialmente, conmemoramos la capacidad de tomar acuerdos y continuar funcionando como país aun cuando existan cambios profundos en el rumbo, aun cuando esos cambios trastocan intereses de minorías económicamente poderosas y, aun cuando provienen de grupos históricamente relegados a obedecer y pocas veces a gobernar. En ese sentido, la Constitución no es solo un texto normativo, también es un dispositivo de contención del poder, una plataforma programática desde la cual el poder se ejerce con legitimidad. No siempre dice lo que es de cada poder o derecho pero sí dice lo que aspiramos a ser.
La Constitución es el pacto político más importante y sostenerla significa que una mayoría la aprueba en tanto que sus cimientos son tan sólidos que las minorías opositoras no son capaces de quitarle eficacia, aunque se mantengan en desacuerdo. Ese es el núcleo del constitucionalismo moderno lejos de la unanimidad, la aceptación del marco común incluso cuando se pierde. No el consenso absoluto, sino la permanencia del juego.
Pero lo más poderoso de la ceremonia de este 5 de febrero de 2026 en Querétaro, donde se firmó y fue promulgada la Constitución de 1917, es el mensaje al exterior, tanto a Estados Unidos como al mundo. Un mensaje cuidadosamente construido desde el discurso, desde los símbolos, desde el cuerpo político que se muestra unido aun cuando está tensionado: México no se arrodilla y su soberanía se sostiene incluso cuando al interior existen diferencias profundas, así lo dijo Claudia Sheinbaum.
Ante representantes de los Poderes de la Unión y gobernadoras y gobernadores del país, la primera mandataria afirmó que México mantendrá su independencia frente a cualquier intento de injerencia extranjera y sostuvo que, con fidelidad a su historia: “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”. Aseguró también que el país “no regresará a ser colonia ni protectorado de nadie”, y que no entregará sus recursos naturales. Son enunciados performativos dirigidos a audiencias múltiples: al electorado interno, a las élites económicas, a los gobiernos extranjeros y, de manera muy clara, a Estados Unidos.
Estas afirmaciones funcionan como marcadores de soberanía en un contexto internacional donde la interdependencia económica suele confundirse con subordinación política pero es representativo porque tras ella, gobernadoras y gobernadores de cada entidad así como titulares de cada poder, la respaldaban. Sheinbaum habla desde la estabilidad. No desde la amenaza, sino desde la advertencia serena: hay límites que no se cruzan.
No hubo nadie que se quedara sentado al saludar a Claudia Sheinbaum. Ese gesto, aparentemente menor, tiene una carga simbólica central. En los rituales del poder, permanecer sentado implica distancia, desafío, o incluso una forma sutil de sublevación. Aquí no ocurrió. El pacto político que da base a la Constitución de 1917 se mostró intacto en lo esencial. Gobernadoras y gobernadores —incluso los emanados de la diferencia ideológica y aquellos que cargan sobre sus espaldas todo tipo de acusaciones—, sostuvieron un acto de unidad que tuvo muy poco que ver con las tensiones internas y mucho que ver con la proyección externa.
Y sin embargo, las tensiones existen. La reforma al Poder Judicial se ha consumado, la reforma electoral se avecina, y hay razones objetivas para la preocupación. Las constituciones, ideadas para ser estables, cambian a velocidad sorprendente cuando se cumplen tres condiciones: cuando son positivistas, es decir, extensas y detalladamente escritas y por tanto necesitan constantemente reformas para cambios de rumbo aún si son mínimos; cuando se enfrentan a una fuerza política extraordinariamente fuerte, al punto de que los pesos y contrapesos comienzan a diluirse; y cuando llega al poder un gobierno con una visión de cambio profundo que replantea simultáneamente múltiples dimensiones del orden institucional y se requiere hacer cambios sin una nueva Constitución, que podría leerse como una ruptura del acuerdo político original.
Esto no implica necesariamente que el modelo democrático se mantenga o se fortalezca. Implica, más bien, que fuerzas que llegaron por voluntad popular ejecutan un proyecto de gobierno propio. En los tiempos que vivimos, muchos países muestran una tendencia a las autocracias electivas, con márgenes cada vez más reducidos para que cada decisión presidencial sea discutida y deliberada ampliamente. Estabilidad no es sinónimo de calidad democrática. Es, simplemente, estabilidad: la funcionalidad de un sistema que, con todas sus imperfecciones, sigue siendo suficiente para evitar guerras civiles.
Por eso, el discurso de Claudia Sheinbaum contiene, al mismo tiempo, autoridad y conciencia histórica. Durante su intervención, realizó un recorrido por los procesos que dieron origen a las distintas constituciones mexicanas, subrayando que todas surgieron de movimientos sociales que buscaban soberanía, igualdad y justicia. Recordó que la Independencia sentó las bases de la autodeterminación nacional, mientras que la Reforma Liberal consolidó los derechos individuales y el carácter laico del Estado.
En ese marco, destacó que la Constitución de 1917 representó un punto de inflexión al incorporar derechos sociales como la educación pública, los derechos laborales y el control de la nación sobre la tierra y los recursos naturales, convirtiéndose en un referente internacional del constitucionalismo social. México no es receptor pasivo de modelos, sino productor histórico de ideas jurídicas como el amparo.
La presidenta contrastó ese legado con el periodo neoliberal —36 años, según su propia periodización— caracterizado, afirmó, por reformas que debilitaron el sentido social del texto constitucional al privilegiar intereses privados sobre el interés público. Privatizaciones, concesiones en sectores estratégicos y políticas que ampliaron la desigualdad aparecen en su narrativa como una desviación histórica que ahora busca corregirse.
Frente a ello, sostuvo que el proyecto de la cuarta transformación busca recuperar el contenido social de la Constitución y fortalecer la soberanía nacional. Enumeró 22 reformas constitucionales y más de 50 reformas a leyes secundarias orientadas a reafirmar la independencia del país, ampliar derechos colectivos y consolidar el papel del Estado en sectores estratégicos. La enumeración, en términos discursivos, es una demostración de capacidad de acción.
Entre las reformas destacó la del Poder Judicial, con la elección de jueces, magistrados y ministros como mecanismo para combatir el nepotismo y fortalecer el Estado de derecho; la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos; la reversión de la reforma energética de 2013; el fortalecimiento de Pemex y la CFE; el derecho al internet; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; el sistema ferroviario público; los programas sociales a rango constitucional; el derecho a la vivienda; la protección animal; la sustitución de organismos autónomos por órganos técnicos; la protección de los maíces nativos; la prohibición del nepotismo y la reelección inmediata; el derecho humano al agua y el reforzamiento de la soberanía nacional. La vigilancia, la inteligencia…
Más allá del acuerdo o desacuerdo con cada una, el mensaje es que el Estado ha vuelto a ocupar el centro. Como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Sheinbaum enfatizó que las constituciones mexicanas no son documentos aislados, sino productos de transformaciones sociales. Defender la Constitución hoy —dijo— implica defender la historia, preservar la soberanía y garantizar la justicia social. Finalmente, afirmó que México no puede entenderse sin su pueblo, al que describió como valiente, trabajador y solidario, tanto en la defensa de su independencia como en su vocación internacionalista.
El mensaje al mundo es, en el fondo, un mensaje de estabilidad política. De cohesión suficiente como para que ningún actor externo pueda explotar las diferencias internas. De una unión simbólica que no implica acuerdo uniforme, pero sí una convicción compartida: cuando se trata de permanecer como República y defender la existencia propia, hay acuerdo. Y ese, quizá, es el acto más político de todos.