Uno de los mitos más eficaces y extendidos del credo liberal contemporáneo es la pretensión de que el Estado de derecho tiene por fin último consagrar gobiernos neutros, desideologizados y asépticos. Bajo esta narrativa tecnocrática, el ejercicio del poder se degrada a una simple administración gerencial donde las decisiones distributivas sustantivas pretenden sustraerse de la deliberación popular para delegarse a la pericia de economistas, jueces, bancos centrales y agencias autónomas. Esta supuesta neutralidad no solo es una ficción teórica, sino una trampa institucional profundamente perniciosa e indeseable.
Como advirtió tempranamente Carl Schmitt en El concepto de lo político, la pretensión liberal de suprimir el antagonismo mediante el formalismo legal y la técnica económica no elimina el conflicto: únicamente lo despolitiza de manera hipócrita, transformando las decisiones de poder en aparentes automatismos normativos.
Pretender la neutralidad estatal en una sociedad fracturada asume una igualdad formal sobre una desigualdad material rampante. Ya Louis Blanc desnudaba esta falacia al señalar que la “libertad abstracta” y la no intervención frente a la asimetría real convierten al mercado libre en un sistema de opresión para los desposeídos; para el poder económico acumulado, la neutralidad del Estado es suficiente, pues la inacción pública consagra y petrifica el statu quo.
La democracia no surge del consenso químicamente puro ni de la razón tecnocrática. Como sostiene Chantal Mouffe en su crítica a la pospolítica liberal, la savia de la vida democrática es el agonismo: la canalización institucional del conflicto entre proyectos antagónicos que disputan legítimamente la hegemonía. Los actores colectivos no concurren a las urnas desde una imposible asepsia valorativa, sino desde sus subjetividades ideológicas, sus cosmovisiones de clase y sus propuestas programáticas de justicia social.
Frente a la tentativa de congelar la política, resulta indispensable recuperar la distinción clásica de la teoría del Estado que autores como Hermann Heller o Norberto Bobbio mantuvieron nítida: el Estado no es el Gobierno. El Estado constituye la estructura institucional, plural y jurídica que asegura la continuidad constitucional del orden político y el monopolio legítimo de la coacción. El Gobierno, por el contrario, es la dirección transitoria que asume la conducción del aparato estatal mediante el veredicto democrático.
En una auténtica Democracia todo gobierno emana de una contienda política, se somete a los límites de la Constitución y del Derecho Público, pero manda con la orientación ideológica de la mayoría que lo invistió en las urnas. Convertir a la Constitución en una camisa de fuerza sustantiva que prohíba los virajes transformadores (como denuncia la crítica, al neoconstitucionalismo y a la juristocracia, de autores como Ran Hirschl) busca clausurar la soberanía popular. Exigirle a un gobierno que renuncie a su programa en nombre de una falsa “neutralidad de Estado” equivale a vaciar el sufragio de contenido y reducir la democracia a un mero trámite decorativo.
https://rubenislas.com