Es molesto cómo mujeres dentro de la política (me refiero a que ocupan un espacio en la toma de decisiones públicas) banalizan y usan indebidamente una narrativa de “violencia política” cuando se les cuestiona sobre sus funciones o bien, se les señala su pertenencia a cuotas y cotos de poder. Utilizan el discurso feminista como escudo para la impunidad y para defender sus propios privilegios, mientras protegen a estructuras que violan, encubren y perpetúan la violencia. Vayamos a los casos concretos:
1.- Caso Karla Estrella: Una ciudadana en la red social X cuestionó la entonces candidatura de quien es ahora diputada federal por Sonora, Diana Karina Barreras, a su vez, esposa del también legislador Sergio Gutiérrez Luna. El mensaje que emitió lo hizo desde la posición de una ciudadana que no ostenta ningún cargo de poder como la señalada, usando el legítimo derecho a la libertad de expresión. Nunca ofendió, su lenguaje no fue sexista ni tampoco impidió el ejercicio del cargo o vulneró derechos de la otra parte. Por tanto, no hay forma de configurarse la violencia política de género y el Tribunal Electoral cometió un atropello a sus derechos.
Callarla inminentemente tiene un impacto negativo en la vida democrática de nuestro país al imponerle medidas por demás desproporcionadas y fuera de toda lógica. Afortunadamente colectivos de la sociedad civil expertos en litigio estratégico han ofrecido ayudarla debido a que su caso generó enorme indignación social. Lo increíble es que la legisladora lanzó un video en donde insiste en vulnerar los derechos de Karla, en lugar de reflexionar y tratar de entender que comete un error.
Respecto a lo anterior y con el riesgo de ser multada por el Tribunal Electoral, he de decir que la recién llegada de las mujeres a la política paritaria y ante la resistencia del sistema patriarcal de perder sus cuotas y cotos de poder, es casi natural que muchos hombres en espacios de poder, cedan o impongan a mujeres que sienten que los representan directamente o que puedan ser o accionar como sus extensiones, llámese esposas, hijas, sobrinas, parejas, colaboradoras cercanas. Mujeres que no cuestionen sino acaten lo que indica el patriarca.
El asunto es cubrir la “cuota de género” impuesta, pero con las “suyas”, no con mujeres que emanan directamente de la lucha interna de los partidos. No digo que este sea el caso, pero reitero que es lo que normalmente ha venido sucediendo y por eso la reforma para inhibir el influyentismo es una medida totalmente necesaria.
2.- Caso Teresa Ealy: No es lo mismo ser una ciudadana de a pie que nacer con un apellido que al sonar, abra puertas y espacios. Es la historia de la política y así lo dice Rodric Camp en su libro “las élites del poder en México”. Recientemente sostuve un desencuentro en redes sociales con la legisladora por su defensa a un despacho de abogados: los “Nassar”, señalados por colectivos de mamás de proteger a agresores vicarios y ensañarse con las madres como lo hicieron con Mafer Turrent a quien encarcelaron por 9 días por el solo hecho de exigir una pensión alimenticia digna y mostrar todas las violencias de su expareja. Un tipo bastante violento y hasta peligroso, por cierto.
Pero no es el único caso, la abogada Amarande Riojas Orozco denunció desde 2023 a Javier Lozano Ponzanelli y Gabriel Castañeda Gómez Mont, (ambos hijos de personajes influyentes que han ostentado cargos de primer nivel en el país) de violación equiparada. La descripción de los hechos es desgarradora y la diputada lo que ha hecho es no solo poner en duda su versión de la víctima como si se tratara de una jueza, sino también realiza una defensa férrea del despacho y a los personajes en mención. Cabe destacar que de manera extraña el caso fue sobreseído para colmo, por un juez también señalado por misógino, Edgar Agustín Beiza. Recordemos que los agresores actúan en red, y se saben protegidos. La nota aquí: https://www.jornada.com.mx/noticia/2023/11/13/capital/cdmx-solicitan-a-juez-excusarse-de-conocer-caso-de-violacion-4830
Es así como un periodista de nombre Manuel Pedrero cuestionó a Teresa y al mencionar que ella llegó al cargo por una “cuota”, se alteró en demasía y lo acusó de violencia política. Una vez más, banalizando una lucha seria por sentirse incómoda en un asunto que además, no es mentira. Cualquier libro de ciencia política explica las cuotas, cotos y élites de poder y eso no significa que Ealy no pueda conseguir o trazar una ruta propia y destacada. Y vaya que lo venía haciendo bien al desmarcarse y tomar postura en relación a Cuauhtémoc Blanco.
Su postura revictimizante en redes podría hacerla acreedora de una queja ante la CNDH si Amarande decidiera proceder, o de una serie de quejas al interior de su partido ante el comité de ética o el mismo congreso. Debería ser más cuidadosa, olvida que se encuentra ejerciendo una figura de poder.
3.- Caso Abelina López: La alcaldesa de Acapulco es acusada de desviar más de 900 millones de pesos en el ejercicio de su cargo derivados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Municipios (Fortamun) y su respuesta ha sido decir que se trata de violencia política en su contra.
Las mujeres que llegan a cargos donde el presupuesto es fiscalizado, más aún, en los municipios, tienen el deber de rendir cuentas y responder a cuestionamientos sobre los recursos que manejan. Es un despropósito que Abelina se sienta atacada por ese solo hecho. No está ubicada en el espacio en el que se encuentra y utiliza la violencia política como escudo.
Lo que sí es violencia política
Dejémonos de frivolidades, trivialidades y egos para centrarnos en el caso de Inés Martínez Reyes, presidenta que la semana pasada fue revocada del cargo como presidenta municipal de Zapotitlán Palmas, un municipio indígena de Oaxaca.
La forma en la que el Congreso desapareció poderes en su comunidad es indignante no solo porque violenta la autonomía de los pueblos sino porque usaron toda la fuerza y poder del estado para destituirla como consecuencia de haber denunciado violencia política de género por parte de dos integrantes del cabildo.
La resolución del Tribunal electoral consistió en multar con más de 50 mil pesos al síndico y a un regidor, orden que desacataron y por tal motivo se dio vista al legislativo, mismo que debió buscar mecanismos de conciliación o en su caso, destituir a los agresores, pero lo que hicieron fue revictimizar a Inés para imponer un administrador. La Suprema Corte deberá resolver la controversia constitucional con perspectiva de género.
Finalmente, invito a las mujeres que participan en la política actual o deseen participar a que dejen de usar el discurso de género a modo y se relajen mucho. Las carreras políticas no se construyen con falsas narrativas y les puede resultar todo lo contrario de lo que convenientemente se quejan. Ni la propia presidenta Claudia Sheimbaum, que sí ha sido víctima de violencia política por caricaturistas misóginos, ha llegado a tanto. Ojalá lo entiendan y dejen de auto crearse “campañas difamatorias” que rayan en lo ridículo. Sean serias.
*Activista y escritora del libro “Salvavidas para madres autónomas” de Editorial Grijalbo.