Este 28 de septiembre se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, una iniciativa del movimiento feminista que lucha por la despenalización del aborto. México es uno de los países más católicos y conservadores en la región. Prácticamente ningún presidente anterior ni la presidenta actual ha tenido intenciones por despenalizar la interrupción del embarazo o impulsar que el acceso sea legal, seguro y gratuito. Por el contrario, la CDMX fue pionera en sacar del Código Penal ese delito y sentó la base para que la Corte, a su vez, reconociera que la interrupción del embarazo forma parte del derecho a la salud, a la autonomía, al libre esparcimiento y a la dignidad de las mujeres.
En ese camino, el costo político de tal decisión lo asumieron los legisladores de aquella época, un conservador 2007 gobernado por el panismo narco machista de Felipe Calderón. El problema es que la izquierda más fuerte en las urnas fue la confesional y también conservadora. Varios ejemplos lo desnudan como en Puebla, donde Morena propone que los médicos puedan negarse a practicar abortos y en donde ese mismo partido en el Congreso local se opuso a despenalizarlo.
Otro ejemplo es la reforma a la Ley de Amparo presentada por la presidenta el pasado 15 de septiembre de 2025. No desaparece este medio de control constitucional, pero tampoco significa un avance sustantivo en el acceso a la justicia. Por el contrario, trae retrocesos preocupantes que se disfrazan entre caramelos como la digitalización de trámites, la fijación de plazos para agilizar los juicios y la supuesta dificultad para que los evasores fiscales sigan blindándose en amparos.
Los retrocesos son tres y no son menores: 1) se acota la figura del interés legítimo en el artículo 5; 2) se reducen los alcances de la suspensión como medida cautelar (arts. 128, 146, 148, 166 y otros); 3) se diluyen las consecuencias del desacato, dejando más margen para incumplir sentencias (arts. 192, 262, 267, 269 y demás).
El golpe más delicado está en el intento de restringir el “interés legítimo”, una figura que desde 2011 abrió la puerta de la justicia a quienes antes estaban condenados al silencio: mujeres que lucharon por los derechos sexuales y reproductivos, víctimas de tortura, comunidades indígenas, defensores del medio ambiente, migrantes y personas LGBTI+.
Hoy, la iniciativa presidencial se agarra de una sola tesis de 2014 para justificar el recorte, ignorando deliberadamente criterios posteriores que ampliaron su alcance en 2019 y 2023. El texto que propone la presidenta exige que la persona quejosa pruebe una “lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas” y que el beneficio de la sentencia sea directo, cierto y no hipotético. Con ello, confunde de manera deliberada la categoría de interés legítimo con la vieja noción de interés jurídico.
El truco es claro: si se acepta esa redacción, ya no habría cabida para intereses colectivos ni difusos, ni para causas cuyo beneficio se concreta en el futuro. Se cerraría la puerta al litigio estratégico que permitió a las mujeres arrancar a la Corte la despenalización del aborto, o a comunidades enteras defender su derecho a un medio ambiente sano. El nuevo “interés legítimo” acotado es, en realidad, un regreso encubierto al formalismo que en 2011 dijimos superar.
Lo más perverso es que esta iniciativa le roba a los jueces la posibilidad de construir caso por caso el contenido del interés legítimo, como la misma tesis de 2014 ordenaba. La redacción impuesta reduce su libertad interpretativa y exhibe la desconfianza que este gobierno siente hacia la judicatura. Y mientras tanto, calla sobre los avances jurisprudenciales más recientes que abrían la puerta del amparo a grupos históricamente marginados.
Organizaciones como GIRE, REDefine, Ddser y colectivas que acompañan procesos de aborto fueron precisamente quienes, mediante el litigio estratégico, el interés legítimo y el acompañamiento de casos, lograron que en varias entidades se declarara inconstitucional criminalizar a las mujeres o imponer requisitos arbitrarios para abortar. Gracias a esa vía judicial, se logró la despenalización del aborto incluso a nivel federal, obligando a las instituciones de salud federales a brindar este servicio y a los congresos locales a adecuar sus códigos penales. Así ocurrió en Durango, Tabasco, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Jalisco y Morelos. Pero en otras entidades, los congresos siguen sin acatar las sentencias y aún falta una decena de estados por reformar sus leyes para despenalizar la interrupción del embarazo.
Si esta reforma se aprueba y entra en vigor tal como está planteada, le cerrará de tajo la puerta en la cara a las mujeres de aquellas entidades donde nadie pretende reconocer que la interrupción del embarazo es un asunto de salud pública, que las mujeres no son criminales y que la maternidad no puede ser forzada. Simplemente, este camino podría interrumpirse y, sin legisladores dispuestos a cambiar la ley o voluntad política, los derechos de todas quedarían en el vacío, sin que las organizaciones de la sociedad civil puedan defenderlos.
Hoy no es una conmemoración, es una alerta. No hay derechos ganados dentro de un sistema legal que continuamente se ve acotado con reformas regresivas.
X: @ifridaita