El domingo pasado fuerzas federales mexicanas, integradas por miembros del ejército y de la Guardia Nacional, llevaron a cabo una operación que condujo a la muerte del Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según ha sido informado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario García Harfuch y el general Trevilla, la operación contó con el apoyo de inteligencia de Estados Unidos. Así fue igualmente confirmado por voceros oficiales de la Casa Blanca.
El suceso ha sacudido a la opinión pública mundial. En primer lugar, derivado del hecho de haber puesto fin al reinado de uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos (recuérdese que el CJNG es considerado la organización criminal más violenta de México, operadora de los acontecimientos de Teuchitlán, de la desaparición y tortura de miles de personas y del intento de asesinato perpetrado contra Omar García Harfuch) y en segundo, por haber provocado una ola de violencia que se ha traducido en cientos de comercios, tiendas y sitios incendiados o vandalizados a lo largo de la costa del Pacífico y en otras ciudades del centro como Guanajuato.
Expertos en materia de seguridad han señalado el fenómeno inusual de cómo la muerte de un capo de la droga ha podido conducir a eventos tan extraordinariamente expandidos en amplias franjas del territorio nacional. Los arrestos de otros criminales como el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada palidecieron frente a la caída del Mencho en términos de las reacciones atestiguadas en días recientes.
Se ha tratado de un claro viraje de la estrategia de Sheinbaum en materia de seguridad. Si bien la decisión puede haber estado motivada por la presión ejercida desde Washington, lo que parece casi una obviedad considerando la clasificación jurídica otorgada a los cárteles de la droga en Estados Unidos y las prioridades del presidente Trump, el acto ha sido celebrado por la prensa, la oposición y por la integralidad –o casi– de la opinión pública nacional. Se ha descartado, de una vez por todas, la política de abrazos no balazos implementada por AMLO.
A pesar de la premura para especular en torno al futuro de la política de seguridad de Sheinbaum, los hechos de Jalisco parecen apuntar hacia un enfrentamiento directo contra las organizaciones criminales, al estilo del expresidente Felipe Calderón. Debe recordarse que durante el gobierno del panista se optó por utilizar a las fuerzas armadas para la captura de capos y el restablecimiento del orden. Desafortunadamente, la estrategia fracasó y derivó en una escalada de violencia sin precedentes.
Sheinbaum y su equipo no deben cometer los errores de sus antecesores. Habrán aprendido -estimo- que el combate contra la industria de la droga no se hace mediante enfrentamientos armados, sino que debe incluir inteligencia financiera. Para ello deberá echarse mano de la UIF y de todos los organismos de vigilancia a su alcance.
¿Quién recibe los recursos? ¿Cuál es el destino de los fondos? ¿Están en cuentas bancarias nacionales, extranjeras, fondos de inversión o paraísos fiscales? ¿Qué empresa lava el dinero? ¿Hay políticos involucrados? ¿Ha sido destinado a campañas políticas? ¿Quién se ha beneficiado? Existen tantas preguntas que merecen respuestas, y otras, que algunos no quisieran que fueran respondidas.