La reforma a la Ley de Amparo llegó a la Cámara de Diputados con mayoría garantizada. El oficialismo controla los votos y la narrativa. Mucho se ha hablado del tema de la retroactividad, pero ese punto más que un error es un distractor: centra el debate en lo anecdótico y permite que lo esencial —el debilitamiento del amparo como defensa frente al Estado— avance intacto.
Una reforma fiscal disfrazada
El gobierno asegura que no habrá reforma fiscal, pero su estrategia es clara: recaudar más debilitando las defensas ciudadanas. Con jueces electos afines y un amparo recortado, el SAT gana más poder para:
- Inflar créditos fiscales.
- Imponer multas desproporcionadas.
- Retener devoluciones.
No suben las tasas: cambian las reglas de defensa. Es una reforma fiscal encubierta bajo el ropaje de justicia popular.
Préstamos entre particulares y sanción fiscal
Un ejemplo concreto de cómo estas reformas se enlazan con la realidad fiscal es la reciente modificación que obliga a reportar préstamos de familiares o amigos. Si no se declaran, el SAT puede imponer multas de hasta 35,000 pesos, aun tratándose de transferencias personales.
La Ley del ISR (artículo 90) establece que los préstamos, donativos o premios que superen ciertos montos anuales deben informarse, aunque no generen impuestos directos. En la práctica, se convierte lo que antes era apoyo familiar en un acto sujeto a vigilancia fiscal.
Esto no solo tiene efectos sobre particulares, sino en el sector financiero no bancario, en especial a Sofomes y Fintechs. Tema que requiere atención y seguimiento.
Con un amparo debilitado, las posibilidades de impugnar estas sanciones se reducen. Así, el ciudadano común enfrenta un escenario donde incluso apoyos personales o familiares se transforman en riesgo de multa.
México frente a la OCDE
México recauda poco: 17% del PIB, frente al promedio de 34% de la OCDE. Pero ese argumento es incompleto. México sí tiene tasas altas de ISR, IVA e IEPS, comparables con los países más desarrollados. El problema no son las tasas, sino la base estrecha: solo entre 40% y 45% de la economía es formal. El resto, cerca del 60%, vive en la informalidad. En lugar de ampliar la base y atraer inversión productiva, se opta por exprimir más a los contribuyentes cumplidos.
Impacto en la vida cotidiana
Estas reformas no solo fortalecen al Estado y al SAT en lo fiscal. Pegan en todos los ámbitos de la vida jurídica y económica:
- Familiares: juicios de divorcio, pensión, custodia y sucesiones más lentos y atrapados en tribunales locales.
- Civiles: contratos, arrendamientos y litigios sobre propiedad privada más caros de procesar.
- Mercantiles: ejecuciones hipotecarias y créditos más duros para deudores, con menos defensas.
- Laborales: conflictos de trabajo con más formalismo y menos posibilidades de corregir abusos.
El efecto es general: afecta tanto a formales como a informales. El formal con más presión fiscal y menos recursos legales; el informal, cuando intente entrar a la legalidad, encontrará un sistema más rígido, costoso y politizado.
Comparación internacional
- Argentina: en los últimos 30 años endureció la fiscalización con la AFIP. Resultado: presión desmedida sobre formales, inflación alta, evasión estructural y fuga de inversión. La justicia actúa como brazo del Estado recaudador, no como contrapeso.
- Estados Unidos: el IRS tiene gran poder, pero existen contrapesos judiciales claros y estandarizados. Los contribuyentes saben cómo defenderse y bajo qué reglas. Resultado: recaudación alta (27% del PIB) con confianza en la inversión.
- Bolivia: desde 2011 elige jueces por voto popular. La participación ha sido bajísima (30% o menos) y marcada por votos nulos o en blanco. Los jueces electos carecen de legitimidad técnica y se subordinan al oficialismo. La justicia se volvió más débil y menos confiable.
México parece dirigirse a una mezcla peligrosa: el rigor recaudador de Argentina, la debilidad judicial de Bolivia y sin los contrapesos de Estados Unidos.
El trasfondo político y económico
La deuda pública ronda los 20 billones de pesos, con costo creciente por intereses. El gasto se concentra en programas sociales y obras emblemáticas, no en infraestructura productiva ni en empleo formal. Al ser políticamente costosa una reforma fiscal abierta, el oficialismo eligió otro camino:
- Una reforma judicial para controlar jueces.
- Reformar la Ley de Amparo para reducir la defensa ciudadana.
El objetivo no es modernizar la justicia: es fortalecer al Estado recaudador.
Los operadores con formación legal de la reforma
Los nombres son claros:
- Adán Augusto López – en el Senado, operador político que sigue la línea del expresidente.
- Ricardo Monreal – en la Cámara de Diputados, cierra la pinza con disciplina de bancada.
- Arturo Zaldívar – exministro, asesor especial, legitimador intelectual.
- Ernestina Godoy – consejera jurídica, redactora y blindaje constitucional.
- María Elena Ríos – ministra de la SCJN, voto alineado al oficialismo.
- Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres – ministras afines, caballos de Troya en la Corte.
- Bernardo Bátiz – veterano del poder judicial, afín al movimiento.
- Hugo Aguilar – como presidente de la SCJN, maneja tiempos y equilibrios para inclinar la balanza.
No hubo espacio para juristas plurales ni exministros independientes. Solo perfiles de casa, afines al proyecto político.
La apuesta al olvido
Los escándalos y críticas inmediatas no importan: el oficialismo apuesta al desgaste ciudadano y al olvido con el tiempo. Mientras tanto, las reformas se consolidan y cierran las puertas de defensa.
La única salida: las urnas
Con un Congreso dominado por el oficialismo, no hay contrapesos jurídicos reales. Las únicas oportunidades de corrección están en la política:
- Elecciones intermedias de 2027, con renovación de la Cámara de Diputados.
- Elecciones de 2030, con cambio completo de Congreso y Presidencia.
Hasta entonces, ciudadanos y empresas deberán convivir con un SAT fortalecido, un amparo debilitado y un Poder Judicial capturado.
El discurso habla de justicia popular, pero los hechos muestran lo contrario. El Estado y el SAT cobran, y el ciudadano paga. Se debilita la defensa, se desanima la inversión y se posterga el crecimiento. México corre el riesgo de cambiar la promesa de libertad y justicia por un modelo de obediencia fiscal.