La célebre frase “el Estado soy yo” ha sido históricamente atribuida al rey francés Luis XIV. Haya sido o no de su autoría, hacía referencia en su momento a la concentración del poder absoluto en manos del monarca.
El obradorismo ha pretendido reproducirlo. No contentos con desmantelar el sistema de justicia para convertir a jueces y magistrados en instrumentos del poder central, el expresidente AMLO y su sucesora Claudia Sheinbaum han sido protagonistas de un proyecto antidemocrático dirigido a la configuración de un régimen constitucional autoritario. ¿Lo han conseguido?
Desde la óptica jurídica, sí que lo han hecho. Hoy el régimen cuenta con todas las competencias para hacer y deshacer sin la mínima interferencia de las voces opositoras. Han trastocado la Constitución, hecho añicos la separación de poderes, desmantelado los contrapesos, eliminado los organismos de transparencia, militarizado la vida pública y anulado cualquier vía de promoción de controversias constitucionales.
No obstante estos hechos, el Estado no manda, sino el narco. Como si México estuviese inserto en el peor de los mundos, ha sido víctima de una concentración del poder en un grupo político, pero a la vez, no cuenta con las capacidades financieras y operativas para cumplir con su objetivo primigenio: garantizar la seguridad de los mexicanos.
El reciente asesinato de Carlos Manzo en Uruapan ha representado el más pavoroso signo del reino del crimen organizado en el país. Su muerte ha sido sentida en toda la nación pues se trataba de un funcionario bien valorado que desafió públicamente el reinado de los carteles y de sus organizaciones satélites.
Su muerte es el resultado de la derrota del Estado frente al crimen. Según especialistas y el propio Manzo en entrevistas concedidas hace meses, la mayor parte del estado de Michoacán se encuentra hoy controlado por las organizaciones criminales. El Estado y la ley son letra muerta en esa entidad. La corrupción ha penetrado tan profundamente que solo la voluntad de los delincuentes dicta las normas de convivencia de los michoacanos.
A diferencia de otros gobiernos autoritarios, el régimen obradorista es incapaz de detener el avance de los delincuentes. En contraste, han sido expuestos como principales facilitadores de las operaciones de los narcos, culminando en escándalos de corrupción inimaginables como el huachicol fiscal o los lazos del senador Adán Augusto López con La Barredora.
México atraviesa momentos sobremanera complejos. Por un lado, su gobierno avanza en la concentración del poder político y en el progresivo desmantelamiento de la naciente democracia liberal, pero a la vez, es incompetente para plantar cara a los criminales que se han apoderado de los destinos de los mexicanos.